Reforma política acabaría con inscripción de candidatos por firmas desde 2019

El Gobierno señaló que no comparte la eliminación de la figura en la ponencia de la reforma radicada en la Cámara de Representantes y considera que se debe mantener, por lo menos, para las elecciones

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De aprobarse la reforma política tal como fue presentada en la ponencia radicada en la Cámara de Representantes habría un cambio drástico que afectaría a quienes, como más de ocho candidatos a la Presidencia actualmente, aspiren a un cargo de elección popular a través de las firmas.

En pocas palabras, el articulado les da fin a los grupos significativos de ciudadanos desde el 2019, quedando en el panorama electoral actual los partidos políticos y los movimientos políticos. Estos dos serán los únicos que podrán inscribir candidatos, sin embargo, para estos últimos se contemplan reglas bien definidas.

Sin embargo, la eliminación de los grupos significativos de ciudadanos no es algo que agrade del todo al Gobierno, en cuya propuesta inicial se mantenía la figura para las elecciones locales. (Lea: Elecciones presidenciales 2018: sed de firmas)

“Los ponentes de la Cámara han planteado un modelo distinto en el que a partir del 2019 desaparecían los grupos significativos de ciudadanos”, dijo el ministro del Interior, Guillermo Rivera.

¿Cómo funcionaría el asunto ene l nuevo sistema electoral? De acuerdo con el artículo cuatro de la reforma, que modifica el artículo 108 de la Constitución, los movimientos políticos adquirirán la personería jurídica cuando demuestren tener una base de afiliados compuesta por, mínimo, el 0,2 % del censo electoral nacional. Hoy, eso traduciría en más de 71.000 personas.

La intención es que el número de afiliados que un movimiento político adquiera la personería jurídica se irá incrementando un 0,05 % anualmente hasta alcanzar un tope máximo del 0,5 %: un poco más de 178.000 ciudadanos.

Los movimientos políticos, además, sólo podrán postular candidatos y listas en elecciones territoriales y nacionales siempre que cuenten con una base de afiliados mínimo del 1 % del censo electoral de la circunscripción y cuando se haya demostrado que “su base de afiliados reside en, al menos, un número de circunscripciones territoriales cuyos censos electorales sumados superen el 50 % del censo electoral nacional”.

De esta manera, sería la última vez que veríamos escenarios como el de hoy, en el que más de ocho prencandidatos presidenciales recorren las calles del país en busca del apoyo ciudadanos para aspirar de manera independiente por firmas.

De alguna manera, también sería una forma de garantizar la idoneidad de muchos de los candidatos al contemplar que tanto partidos como movimiento políticos responderán por “avalar a candidatos no elegidos para cargos o corporaciones públicas de elección popular, si estos hubieran sido o fueren condenados durante el período del cargo público al cual se candidatizó, mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades de narcotráfico, cometidos con anterioridad a la expedición del acal correspondiente”.

Entre las sanciones determinadas en el proyecto de acto legislativo están la devolución de recursos públicos percibidos a través del sistema de reposición de votos y la cancelación de la personería jurídica.

Tal como se vivió en el debate que se dio en la Cámara de Representantes el pasado martes, la discusión ya tiene polémica, y la propuesta de eliminación de los grupos significativos de ciudadanos estará dentro de esta.