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“No es un tema fácil, pero es hora de que el mundo reconozca que la lucha contra las drogas que se decretó hace 40 años no se ha ganado y es porque algo estamos haciendo mal”. La frase la dijo el presidente Juan Manuel Santos y es, en gran medida, la expresión de la preocupación actual por los escasos resultados que ha dado hasta el momento la política antidrogas en el país.
Un tema que no sólo inquieta al Gobierno colombiano. Al intervenir en el foro “Nuevos retos de la política antidrogas de Colombia”, realizado por la Fundación Buen Gobierno con apoyo de la Universidad de los Andes y el London School of Economics, el mandatario reveló que durante la cumbre de la Celac, realizada esta semana en Quito (Ecuador), se acordó buscar una posición común para llevarla ante la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas, que en abril próximo abordará el tema.
El debate ya había sido planteado hace algún tiempo y pasa por la necesidad de crear una estrategia de enfoque mundial y multilateral que sea más efectiva, pues el problema de las drogas no le compete sólo a Colombia como país productor. De ahí que la discusión actual sobre la necesidad de cambiar la estrategia responda, según los expertos, al inconformismo respecto a los costos que algunos países han pagado en el marco de esa guerra.
“Este clamor que hay es un pedido desesperado de los países productores de droga para que los países consumidores también asuman el costo”, aseguró Daniel Mejía, exdirector del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes.
El foro sirvió como escenario para poner sobre la mesa varias de las dudas frecuentes acerca del cambio de paradigma y para conocer algunas de las recomendaciones en las que desde hace algún tiempo trabaja, a petición de Colombia, el grupo de expertos de políticas de drogas del London School of Economics. Y se puede decir que la conclusión principal que cualquier tipo de lucha contra las drogas derivará en un nuevo fracaso si no existe en el terreno una política de desarrollo sostenible y de trabajo con las comunidades vulnerables, sobre todo con aquellas que por años han sido directamente afectadas por los cultivos ilícitos en el país.
“El debate debe cambiar y no hay duda de esto. No es fácil repensar la política, pero si está fallando, lo mejor es hacer algo nuevo o por lo menos modificar lo que ya existe, sin que esto implique necesariamente abandonar todo lo que se ha hecho”, señaló Michael Cox, director del Instituto Ideas del London School.
Se trata de un tema en el que el Gobierno ha abonado terreno a través de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, en cabeza de Eduardo Díaz, para quien la solución está en la transformación de los territorios a través de la presencia decidida del Estado. Sin embargo —insiste—, dicha presencia debe ir de la mano con una estrategia que golpee a las redes del narcotráfico en las regiones y les permita a los campesinos cultivadores salir de esas estructuras criminales. “Si no hay una acción decidida y clara que golpee esas redes en los territorios, va a ser muy difícil lograr la voluntad de esos campesinos al cambio”, enfatizó.
Una perspectiva con la que coincide Daniel Mejía, para quien una de las claves está en combatir a los verdaderos generadores de violencia atacando los eslabones finales de la gran cadena de producción: laboratorios, cristalizaderos y cargamentos de droga.
La estrategia, en el caso colombiano, tiene un componente adicional determinante para su ejecución: un eventual escenario de posconflicto como consecuencia de la firma de un acuerdo de paz definitivo con las Farc. Un factor que, a juicio del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, permitirá desplegar Fuerza Pública a territorios que por muchos años han tenido vacíos militares e institucionales.
“Si no llega primero el Estado, llega el crimen organizado”, indicó el ministro, al explicar que el Gobierno está trabajando en el replanteamiento de una política contra las organizaciones asociadas con el narcotráfico que en la actualidad, a diferencia de lo que ocurría hace 30 años, no representan una amenaza a la democracia ni a la institucionalidad.
En la misma orilla se ubicó el ministro de Justicia, Yesid Reyes, para quien está más que comprobado que se debe dejar atrás la utilización prioritaria de métodos represivos como herramienta exclusiva para combatir las drogas y, por lo tanto, la persecución contra dichas estructuras criminales debe estar acompañada del fortalecimiento de los mecanismos de justicia en los territorios para que la intervención estatal sea completa.
El consenso, en todo caso, parece ser la urgencia de una estrategia integral, más alejada del componente prohibicionista y enfocada a los mecanismos de desarrollo sostenible y políticas públicas que adicionalmente contemplen un componente de asistencia al consumidor. Un escenario en el que además, tal como lo propuso Mejía, sería necesario replantear la forma en la que se debe medir el éxito o fracaso de la lucha contra las drogas.