El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, repudió el asesinato de Carlos Arturo Ospina Córdoba, de 22 años, hijo de la líder reclamante de tierras en Antioquia Ana Fabricia Córdoba, a quien también mataron en Medellín, en el 2011.
Según la información preliminar, dos hombres armados que iban en moto llegaron hasta donde trabajaba el joven lavando carros, en el barrio Naranjal del Medellín, y le dispararon. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo les solicitó a las autoridades que se haga una investigación rigurosa para esclarecer este crimen, que enluta de nuevo a una familia que ha sido perseguida por la violencia.
El primer esposo de Ana Fabricia Córdoba, Delmiro Ospina, fue asesinado en 1995 en Chigorodó. Tras amenazas se desplazó a Medellín, primero a la Comuna 13, en donde le quitaron la vida a un hijo que para 2001 tenía 13 años de edad.
También fue víctima del desplazamiento intraurbano, porque por amenazas se debió ir al barrio La Cruz, en la zona nororiental de la capital antioqueña. En ese sector fue asesinado su hijo mayor, Jonathan, en julio de 2010 y cuando él tenía 19 años.
La líder buscó esclarecer el homicidio de su hijo y acusó a un sargento de la Policía de ser el autor del crimen. Luego de ser víctima de amenazas, un sicario se subió al bus en el que ella se desplazaba y le segó la vida, el 7 de junio de 2011.
En esa ocasión la Defensoría del Pueblo repudió el homicidio y manifestó la necesidad de fortalecer los programas de protección de los líderes amenazados. Ana Fabricia Córdoba fue integrante de la organización Líderes Adelante por un Tejido Humano de Paz (Latepaz) y de la Ruta Pacífica de las Mujeres. Era prima de la excongresista Piedad Córdoba.
La Delegada para los Derechos de la Niñez, la Juventud y la Mujer de la Defensoría del Pueblo acompaña en la actualidad aproximadamente 60 casos de protección de mujeres en todo el país que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, o en razón al ejercicio de su cargo.
De las anteriores, 17 mujeres son beneficiarias de Medidas Cautelares por parte de la CIDH. Un 90 por ciento de todas las mujeres cuyos casos se acompañan sufren una discriminación múltiple, porque también son víctimas de desplazamiento forzado, madres cabezas de familia, algunas de ellas de origen campesino, y otras afrocolombianas. Pero en casi ninguno de sus casos sus denuncias penales han llegado a sentencia condenatoria, reina la impunidad en la mayoría de los casos.