Cuando apenas se cumplió el primer semestre de vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y aún ni siquiera se ven cerca las primeras restituciones, las amenazas a líderes reclamantes y defensores de derechos humanos no paran de llegar. Una agresiva misiva ha vuelto a circular por los correos electrónicos de organizaciones de derechos humanos y acompañantes de procesos de restitución.
“Nuestro ejercito (sic) tiene instrucciones claras para dar de baja a estos malparidos que quiere quitarle la tierra (sic) los ciudadanos de bien para darsela (sic) a guerrilleros. Quedan advertidos y en conocimiento, pues tenemos plenamente identificado (sic) sus esquemas (...) que con la excusa de ser defensor de derechos humanos pretenden mediante toda clase de arbitrariedades despojar de sus terrenos a los verdaderos propietarios para que terminen en manos de un puñado de guerrilleros ”, se lee en el mensaje.
Al respecto, Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, sostuvo que desde 2005 se han registrado 60 líderes de proceso de restitución asesinados. “Mal hace el Gobierno y la Unidad de Restitución al decir que en sus registros sólo hay dos personas asesinadas. Eso desvía la atención sobre el verdadero problema. Los reclamantes vienen desde hace años siendo revictimazados. El primer paso es que el Gobierno reconozca el problema y que no haga malabarismos con las víctimas y se dedique a protegerlas. Creemos que el Gobierno debe prohibir el porte de armas, aun con salvoconducto, en las 12 zonas que ha priorizado para la restitución. Tercero, debe difundir los nombres de los testaferros y usurpadores de tierras”, expresó el dirigente de derechos.
Por su parte, la exsenadora Piedad Córdoba afirmó que “el presidente tiene que garantizar nuestra integridad. Él nos está echando los perros encima”. En este mismo sentido, el director del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Luis Guillermo Pérez, consideró que el propio presidente Santos reconoció la existencia de la ‘mano negra’, que sería responsable de los crímenes contra líderes reclamantes. “Lo que hemos constatado es que efectivamente se han recrudecido las amenazas y los crímenes contra ellos. Hemos establecido que el año pasado asesinaron a 49 defensores y desaparecieron siete. En lo que va corrido del año ya van 16. Este ejército antirrestitución es la misma mano negra del despojo, que ha estado propiciando al paramilitarismo”.
Entre tanto, Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, aseveró: “A nosotros nos preocupa todas las amenazas contra un reclamante o líder social. Para este efecto el Gobierno, a través de la Unidad de Protección, creó un programa para la protección de esas personas. No sé qué tanto fundamento tengan las denuncias, eso no lo determino yo, lo que hemos hecho es tramitar las denuncias a las entidades encargadas. El Ministerio de Defensa tiene unas instancias encargadas de ofrecer seguridad al proceso de restitución. Esas instancias están funcionando y son las que determinan las zonas en las que vamos a adelantar procesos de restitución”.
Finalmente, Andrés Villamizar, director de la Unidad de Protección de Personas, concluyó que no puede evitar las amenazas y que su papel es evitar que se concreten. “Estamos creando un grupo de análisis de amenazas para investigar quiénes son ese tal ejército antirrestitución. En el panfleto encontramos que muchas de esas personas mencionadas —9 de las 13— ya tienen protección, los restantes vamos a evaluar su riesgo par disponer de los esquemas de protección. Queremos hacer una análisis profundo sobre de dónde vienen esas amenazas, quiénes son y cómo operan esos grupos. La Unidad de Protección no va a permitir que esas amenazas prosperen, los vamos a proteger. Ese es nuestro compromiso”, finalizó.