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Varios factores se conjugan para poder presagiar que el semestre legislativo que empieza mañana no estará al margen de la polémica. El Gobierno tendrá que lograr la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, que ha sido objeto de contundentes críticas, y de la reforma de equilibrio de poderes, que en su contenido incluye la creación de un tribunal para el juzgamiento de aforados, tema prioritario debido a los recientes escándalos de magistrados de la Corte Constitucional por el presunto cobro de coimas a cambio de fallos.
Más allá de esas prioridades, se esperan acaloradas discusiones en temas como la reglamentación de la marihuana para uso medicinal, el Código de Policía y las zonas de interés de desarrollo rural y económico, para algunos la interpretación errónea del Gobierno de las zonas de reserva campesina que se ha planteado en la mesa de negociación de La Habana. Todo esto en el marco de la polarización que ha caracterizado al actual Congreso y un posible aumento del ausentismo de los parlamentarios, que estarán jugados en las elecciones locales y regionales de octubre. Estos son los principales temas de debate.
Es la hoja de ruta del gobierno Santos 2014-2018, pero ha sido fuertemente cuestionado. Las críticas se enfocan en que se trata de una propuesta ambiciosa, pero que no tiene claro su financiamiento. Además, desde el Legislativo sostienen que con el articulado se cambiarán “de un plumazo” políticas en materia de salud, educación, minería, tierras rurales, telecomunicaciones y el monopolio rentístico, asuntos que, aseguran, deben ser tramitados a través de leyes ordinarias con debates de fondo. No obstante, el director Nacional de Planeación, Simón Gaviria, sostiene que es “una propuesta realista que se ajusta a las necesidades del país y lo prepara para una etapa de posconflicto”.
Se trata de la principal reforma a la estructura del Estado, que plantea temas como la eliminación de la reelección presidencial y de los altos funcionarios estatales, así como la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, acabar con las facultades nominadoras y electorales de las altas cortes, la implementación de la “silla vacía” para delitos de corrupción y la creación de curules especiales en el Senado para departamentos con un potencial electoral menor a 500.000 votos. En estos temas hay consenso y su aprobación se da como un hecho.
No sucede lo mismo con la eliminación del voto preferente (por un candidato específico) por la lista cerrada (se vota por el partido), propuesta con la que la mayor parte del Congreso no está de acuerdo. Pero la nuez de la discusión estará en la eliminación de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y la creación de un tribunal para el juzgamiento de aforados, asunto que cobra relevancia luego de que se destapara el presunto cobro de coimas a cambio de fallos judiciales que se dio en la Corte Constitucional, sumado a los carruseles de pensiones, escándalos que pusieron sobre el tapete la necesidad de que los magistrados tengan un juez real con el que se supere la impunidad.
En la agenda del Gobierno también está el blindaje judicial de la Fuerza Pública con el trámite del fuero penal militar, que contempla la creación de un tribunal de garantías que señale las competencias en caso de delitos cometidos por los militares y la definición de los delitos por los cuales serán procesados por la justicia ordinaria. La iniciativa se suma a la conformación de un sistema de justicia independiente y la creación de una fiscalía especializada para los miembros de las Fuerza Armadas.
En el abanico de iniciativas pendientes de trámite está el Código de Policía, que busca contrarrestar el maltrato y acoso a las mujeres en el transporte público, los ataques premeditados con ácido, la venta de sustancias psicoactivas en centros educativos, la publicación de imágenes privadas en las redes sociales y los robos de celulares con complicidad de vendedores de los mismos equipos en el mercado negro. No obstante, la iniciativa ha generado críticas porque abre la puerta para que la Policía entre a un domicilio sin autorización judicial y también podrá detener temporalmente a los ciudadanos que se encuentren en “estado de alteración de la conciencia”.
En la agenda está también el proyecto de ley con el que los terrenos baldíos se desarrollan como zonas de interés de desarrollo rural y económico, un tema de complejo calado porque está relacionado con los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y las Farc en La Habana en el punto de tierras. Los críticos de la iniciativa señalan que generaría la entrega de los baldíos a grandes empresas, dejando de lado el interés de que sean adjudicados a familias campesinas. El Gobierno también pretende reglamentar las condiciones para dictar la medida de detención preventiva, y se discutirá una ley para enfrentar el contrabando.
Nuevamente se pondrá a prueba si el Congreso está a la altura de debates que comprometen posiciones morales y éticas. En este caso tendrán que retomar la discusión del proyecto de ley que reglamenta el uso de la marihuana para fines terapéuticos, iniciativa que estuvo cerca de hundirse en el segundo debate en la plenaria del Senado, cuando, a punto de ser votada, los parlamentarios salieron para no comprometerse con su voto y dejaron sin quórum la sesión.
Por otra parte, como compromiso del presidente Juan Manuel Santos y el Partido de la U, se reiniciará el trámite del referendo para castigar hasta con cadena perpetua a violadores y maltratadores de niños. Ese fue el acuerdo asumido en la cumbre de la colectividad, en Santa Marta, con Johanna Salamanca, hija de la fallecida senadora Gilma Jiménez, quien fue la principal promotora de la iniciativa que en el pasado no tuvo el respaldo del Legislativo, pero que esperan que esta vez tenga una suerte diferente con el apoyo del Ejecutivo.
De la mano de estas diferencias ideológicas vienen los enfrentamientos políticos que se han hecho radicales con la llegada del Centro Democrático como fuerza de oposición de derecha. El pasado semestre fue escenario de un radical enfrentamiento entre los congresistas de la coalición de la Unidad Nacional y los del uribismo, debate que ha tenido como trasfondo las diferentes ópticas sobre el proceso de paz de La Habana.
Está por verse si se mantienen los niveles de confrontación, pues ante los evidentes avances de la negociación con las Farc se han tendido puentes para acercar a los sectores más radicales y avanzar en diálogo nacional sobre este tema. Y seguramente el ausentismo también será protagonista en el semestre legislativo. El año 2015 es electoral y los congresistas tratarán de estar en las regiones apoyando sus candidatos a alcaldías y gobernaciones. Conforme se acerquen los comicios, será más clara la ausencia.
Así las cosas, entre prioridades de gobierno, iniciativas polémicas, enfrentamientos ideológicos y políticos, con el trasfondo de la negociación de paz y el proceso electoral que empieza a despegar, se darán las sesiones del semestre legislativo que empieza el martes. Una fórmula compleja en la que el Gobierno tendrá que mantener la solidez de la coalición de Unidad Nacional si pretende sacar adelante la agenda y defender los diálogos con las Farc.