Revolcón a centros de reclusión militares

El Ministerio de Defensa tendría listo un plan para acabar con beneficios ilegales de los militares condenados o detenidos.

Camilo Segura Álvarez
25 de agosto de 2014 - 02:00 a. m.
En 2011 se destapó el escándalo de corrupción en el llamado  ‘Tolemaida Resort’.  / Archivo
En 2011 se destapó el escándalo de corrupción en el llamado ‘Tolemaida Resort’. / Archivo

En un país con más de 12.000 militares y policías involucrados en procesos judiciales, y en la coyuntura del proceso de paz con las Farc y el eventual posconflicto, la garantía de los derechos de los uniformados que se encuentran privados de la libertad y sus condiciones de seguridad y control penitenciario son una prioridad para el Estado. Así ha quedado claro en un plan que el Gobierno echó a rodar, del cual hace parte la construcción y adecuación de nuevos centros de reclusión y la eliminación total de otros que han resultado escandalosos para las Fuerzas Armadas.

Desde este año, con la entrada en vigencia de la modificación al Código Penitenciario, el Ministerio de Defensa quedó facultado para señalarle al Inpec (Instituto Penitenciario y Carcelario) cuáles son los centros de reclusión aptos para militares y policías, construir o adecuar instalaciones militares según las recomendaciones que haga ese instituto y “garantizar que el personal a cargo de la custodia y vigilancia y de los procesos de resocialización cumpla con los requisitos de independencia, capacitación e idoneidad para garantizar la labor encomendada”.

En ese sentido, el Ministerio de Defensa dio el primer paso del revolcón en materia carcelaria para los uniformados envueltos en líos judiciales. A partir de la resolución 6683, expedida el pasado 12 de agosto, el director de la Policía, general Rodolfo Palomino, y el comandante de las Fuerzas Militares, mayor general Juan Pablo Rodríguez Barragán, tendrán la responsabilidad de someter a evaluación del Inpec instalaciones, nuevas o antiguas, para que alberguen a más de 7.000 militares que hoy se encuentran en instalaciones y cárceles militares.

El documento, según conoció este diario, es el primer paso de un plan del Gobierno para acabar con irregularidades y actos de corrupción como los ocurridos en el centro de reclusión de la base militar de Tolemaida. Según fuentes del Mindefensa, la idea es blindar a las fuerzas contra escándalos como los beneficios, la libre locomoción y la comisión de delitos que se produjeron en ese centro, conocidos por el país en 2011 como el “Tolemaida Resort” y develados por la revista Semana.

Fuentes del alto gobierno le señalaron a este diario que para el mes de diciembre se hará realidad lo anunciado por el ministro Juan Carlos Pinzón en 2013, pues comenzará el traslado de los cerca de 350 reclusos de Tolemaida a otros centros penitenciarios. Entre los destinos de los uniformados estaría la edificación construida por el Ejército en Bello (Antioquia), que fue finalizada en 2013 y a la cual serían trasladados por lo menos 170 de los que hoy están en el centro de reclusión del Tolima. De acuerdo con las Fuerzas Militares, la nueva edificación cuenta con las especificaciones propias de un centro carcelario y su diseño estuvo bajo la supervisión del Inpec; sin embargo, todavía faltan algunos detalles técnicos por ajustar para comenzar el traslado.

Otro de los destinos de la población carcelaria de Tolemaida, y de otras instalaciones militares que no estarían cumpliendo con las especificaciones del nuevo Código Penitenciario, sería un centro de reclusión que comenzará a construir el Ejército en la localidad de Usme (Bogotá), en un predio de 15 hectáreas, y el cual tendría capacidad para 1.500 uniformados.

Por su parte, en respuesta a este diario, el Ministerio de Justicia dijo que ve con buenos ojos que los generales vayan a ser los encargados de seleccionar los centros y que, precisamente, esa entidad está preparando siete decretos para reglamentar las especificaciones que deberá tener cada uno de los tipos de centro de reclusión a la luz del nuevo Código Penitenciario, “lo cual no significa que no se puedan abrir o adecuar nuevos centros hasta que exista el decreto”.

Para el senador Iván Cepeda, la resolución es positiva para el país, “siempre y cuando las personas que estén en los sitios que adecuará el Mindefensa no tengan privilegios como los que vimos en Tolemaida, a los que no tiene acceso el grueso de la población carcelaria. Es necesario que los centros estén verificados por el Inpec. Pero es un buen paso que el Gobierno esté pensando en darles un mayor control a los centros de reclusión para los uniformados que han violado la ley o que son investigados”. 

csegura@elespectador.com

@CamiloSeguraA

Por Camilo Segura Álvarez

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