Riesgo electoral por inscripciones

 

De acuerdo con el estudio hecho por la MOE, la tasa promedio nacional de inscripción de cédulas es de 26,24 por mil habitantes. En ese sentido, el ejercicio consistió en diferenciar a aquellos que, a mayo 22, registraban al menos el doble de ese promedio, es decir, más de 52,48. En total, hay 93 municipios que tienen al menos el doble de la tasa promedio y, de ellos, 32 que tienen el triple.

 

Los resultados también fueron discriminados por regiones. Cundinamarca, con 19 municipios; Meta, con 12, y Boyacá, con 10 municipios, son por mucho los departamentos que concentran las más altas variaciones en la inscripción de cédulas, señala el informe presentado este lunes. Antioquia y Santander, por su parte, tienen seis municipios con variaciones anómalas en la inscripción de cédulas.

 

“Llaman la atención municipios como Castilla la Nueva, en el Meta, que tiene una tasa por mil habitantes de 212,96 inscritos, mientras que el promedio nacional es de 26,24. Los otros municipios que están entre los 10 de más alta tasa de inscripción son La Jagua de Ibirico (Cesar), Guamal (Meta), Guavatá (Santander), Becerril (Cesar), Cabuyaro (Meta), San José de Pare (Boyacá), El Dorado (Meta), La Jagua del Pilar (La Guajira) y San Carlos de Guaroa (Meta)”, denunció la Misión de Observación Electoral.

 

Otro dato clave en la investigación de este organismo independiente tiene que ver con que de los 93 municipios, en 7 de éstos se presentaron hechos violentos o asonadas durante la jornada electoral para gobernaciones, asambleas, alcaldías y concejos de 2011. Se trata de Colosó (Sucre), Cota (Cundinamarca), San José del Palmar (Chocó), El Tarra (Norte de Santander), Puerto Gaitán (Meta), El Castillo (Meta) y Pulí (Cundinamarca).

 

Así las cosas, con este informe que ya tienen en su poder el Ministerio del Interior y los organismos electorales, es posible advertir que las altas tasas de inscripciones “pueden ser consecuencia de acciones que atenten contra la transparencia del certamen electoral como posible trashumancia (trasteo de votos) o la compra y venta de votos”. Las alarmas están encendidas a cinco meses del llamado a las urnas.