Luego del levantamiento de la tregua ofrecida por las FARC y el ELN hasta la semana anterior y el escalamiento de la violencia en algunas regiones del país (cuyos últimos episodios se ubican en Arauca y Caquetá con la muerte de cinco integrantes de la Fuerza Pública), el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo a través de un estudio con fuentes en el terreno y sus 36 regionales a nivel nacional, elaboró un informe de riesgo electoral de cara a la segunda vuelta de los comicios presidenciales, prevista para el próximo 15 de Junio.
El documento, que tiene en cuenta los escenarios que por alteraciones al orden público podrían afectar el normal desarrollo de la justa democrática mediante infracciones a los derechos humanos, establece una reducción del 40 por ciento respecto al diagnóstico realizado para las elecciones de 2010 cuando había 223 municipios en situación de peligro.
En esta oportunidad, la alerta cobija a 136 localidades del país, 54 de las cuales fueron catalogadas con riesgo extremo y 82 con riesgo alto. Estas poblaciones están distribuidas en 15 y 21 departamentos de la geografía nacional, respectivamente.
Las regiones con mayor vulnerabilidad son Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Huila, Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca.
En cuanto a los grupos con mayor incidencia frente a posibles acciones violentas o relacionadas con delitos electorales, aparecen las FARC y el ELN a la cabeza, que junto a las estructuras armadas post-desmovilización de las Autodefensas como El Clan Úsuga (también conocido como Los Urabeños y en algunas regiones como Autodefensas Gaitanistas), Los Rastrojos, La Empresa, Los Libertadores del Vichada y el Bloque Meta, mantienen la presencia activa en decenas de municipios donde la confrontación, las amenazas, la extorsión y en algunos casos el desplazamiento forzado, atemorizan a las comunidades.
Por esa razón, y teniendo en cuenta el buen comportamiento del orden público durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales el pasado 25 de Mayo, cuando el certamen democrático se llevó a cabo sin ninguna clase de contratiempos para los votantes, la Defensoría del Pueblo considera necesario que se mantenga el dispositivo de la Fuerza Pública en cabeceras municipales y zonas rurales, al tiempo que estima deseable la extensión de un nuevo cese al fuego por parte de los grupos armados ilegales, especialmente aquellos que han mostrado interés en avanzar hacia la paz, ya que gestos de esta naturaleza fortalecen la confianza de los ciudadanos.
La Defensoría también llama la atención sobre tres corregimientos en particular, desde los cuales se han recibido denuncias sobre posibles presiones como consecuencia del conflicto. Son ellos Puerto Santander y La Victoria en el Amazonas, así como Barrancominas, en el departamento del Guainía.
Al igual que durante la primera vuelta, la Defensoría del Pueblo exhorta a los colombianos para que participen masiva y libremente de los comicios, a la vez que refrenda su plan de contingencia para acompañar la jornada electoral con un dispositivo superior a los 2 mil funcionarios y cobertura en 1.860 puestos de votación, con el fin de contribuir a las labores de control y vigilancia para garantizar los derechos democráticos de los sufragantes a lo largo y ancho del territorio nacional.