Santos contraataca en defensa de la paz

El procurador Ordóñez (izq.) cuestionó el viernes al presidente Santos, recordándole que fue elegido para respetar la Constitución, “no para derrocarla”. / SIG-Archivo

Dos días después de revelada la ruta convenida entre las delegaciones de paz del Gobierno y las Farc en La Habana, para brindar seguridad y estabilidad jurídica a lo que finalmente se firme en la mesa de diálogos, el país político sigue discutiendo y tratando de digerir lo anunciado. Y es que la decisión de convertir el acuerdo final en acuerdo especial, apoyándose en las normas de las Convenciones de Ginebra -lo que lo convertiría en norma de obligatorio cumplimiento, conforme al derecho internacional, y lo incorporaría al bloque de constitucionalidad-, implica un entramado de grueso calibre que, en un país de abogados como Colombia, da para interpretaciones de todo tipo.

Y quizás el punto más alto en la discusión la puso ayer el mismo presidente Juan Manuel Santos, en su discurso ante el Congreso Nacional Liberal, que se desarrolla en Bogotá, en el que “cargado de tigre” defendió su cruzada en la búsqueda de la paz y arremetió contra lo que considera ha sido el “juego sucio” de quienes se oponen a su mandato, haciendo referencia, sin dar nombres propios, al expresidente Álvaro Uribe. “Hay quienes no pueden resistir este avance, quienes están desesperados porque se les va a acabar su oxígeno, que es el miedo y la guerra. Y han acudido a todo tipo de ataques, incluso llamando a una resistencia civil, esa misma que antes proponía Carlos Castaño. Pues a esa resistencia civil le vamos a responder con una movilización contundente en favor de la paz”, dijo.

La andanada del jefe de Estado contra el exmandatario no paró ahí y, espejo retrovisor en mano, manifestó: “En mi gobierno ningún funcionario, ningún miembro de mi gabinete o está preso o está acusado o está prófugo. En mi gobierno nadie ha ‘chuzado’ a la oposición ni mucho menos a la Corte Suprema. En mi gobierno nadie está preso por haber comprado la reelección, y en mi gobierno -y es algo de lo que me siento orgulloso- la familia presidencial no tiene una sola tacha”. Volviendo al tema de la paz, Santos hizo su propia lectura de lo anunciado el jueves. Para él significa, ni más ni menos, la aceptación por parte de las Farc de la Constitución y de los poderes que emanan de ella, como lo son el Congreso, la Corte Constitucional y los procedimientos para refrendar e implementar los acuerdos. Pero, además, lo acordado implica que no habrá constituyente para refrendar lo pactado, sino que será el pueblo el que tendrá la última palabra.

Cerrada entonces la puerta a la constituyente, ¿se abre la del plebiscito? El asunto aún se discute en Cuba, aunque en una declaración del pasado 6 de mayo, las Farc se mostraron dispuestas a que se consulte a la gente, en un giro radical en su postura frente a la refrendación. “Nadie ha afirmado que no se deba consultar al pueblo el resultado de la negociación. Pero queremos hacerlo bien, es decir, cuando los colombianos reciban la buena noticia de que el proceso ha culminado y las expectativas hayan sido atendidas”, expresó Iván Márquez, jefe de la delegación de paz de la guerrilla.

De hecho, en una declaración pública de ayer sobre el acuerdo anunciado, Márquez aseguró que se trata de que lo que se firme en La Habana sea el compromiso de una paz “para siempre” y un juramento de “nunca más”. “Si entre los combatientes, entre los que arriesgamos la vida en los campos de combate, hay importantes consensos en torno al cese al fuego y las hostilidades, es porque el acuerdo es inminente”, manifestó. Además les hizo una invitación “a quienes se resisten a la paz” para que, “sin menoscabo de su dignidad, asuman con nosotros el protagonismo en la construcción del futuro de paz para Colombia”.

Más allá de las buenas intenciones, el lío es que, como lo indicó Danilo Rojas, presidente del Consejo de Estado, blindar los diálogos de paz no puede ser firmar un cheque en blanco, y lo que se viene es lo más difícil: transformar lo pactado en actos jurídicos viables y legítimos. Ya el procurador Alejandro Ordóñez, en palabras que para muchos representan amenaza, fijó su posición y en una carta al presidente Santos le dijo: “Lo que su gobierno está conviniendo con el grupo criminal de las Farc implica que la mesa de conversaciones de La Habana se revista de poderes constituyentes, que ni el ordenamiento jurídico, ni el pueblo les han otorgado”.

Y le advirtió: “Usted juró respetar la Constitución, no fue elegido para derrocarla y menos para hacerlo de la mano con las Farc (...) teniendo en cuenta que es mi obligación velar por la vigencia de los derechos humanos y del orden jurídico, es mi deber advertir que actuar al margen de la Constitución implica consecuencias penales y disciplinarias, al igual que responsabilidad política ante los ciudadanos”. En paralelo al pronunciamiento del jefe del Ministerio Público, el uribismo también anunció la intensificación de la llamada “resistencia civil”, en un tire y afloje con el santismo. Y es que para el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, lo que se está haciendo entre el Gobierno y las Farc es similar a las leyes de punto final que se firmaron en Argentina y Chile al final de las dictaduras militares, que en su momento garantizaron impunidad, pero luego tuvieron que ser reversadas.

Ahora, si bien todo ese engranaje judicial de blindaje de los acuerdos de La Habana tendrá que pasar por el Congreso, en las fuerzas políticas con asiento en él hay reparos, incluyendo aquellas que hacen parte de la llamada “coalición por la paz”. Por ejemplo, el senador Antonio Navarro, de la Alianza Verde, es de los que piensan que el proceso de negociación se ha convertido en un “exceso de abogados y de jurisprudencia” que hace difícil que el ciudadano del común entienda lo que se está haciendo, lo cual juega en contra de la aprobación del eventual plebiscito y hace que quienes vayan a respaldarlo lo hagan más como un acto de fe que por convicción. Y ya Claudia López, también senadora de la Alianza Verde, notificó al Gobierno del calibre de la discusión que se viene: “No vamos a hacer la paz como Uribe hizo su reelección, metiendo a la brava y con mermelada articulitos. Vamos a hacerla transparente y bien”.