El Presidente Juan Manuel Santos objetó el Acto Legislativo de Reforma a la Justicia, por haberse encontrado inconsistencias introducidas en el texto aprobado y conciliado en el Congreso.
"Devolveré al Congreso con objeciones, por razones de constitucionalidad y también de conveniencia, el proyecto de Acto Legislativo", señaló el presidente en una alocución radiotelevisada y agregó que es la primera vez en la historia del país que un Jefe de Estado acude a una decisión de este tipo. Ver alocución presidencial.
Advirtió que de entrar en vigencia la norma que modifica la Constitución, se presentaría un colapso de inmensas proporciones y subrayó que las modificaciones introducidas son inaceptables para el país y para el Gobierno.
El mandatario dijo que asumirá la responsabilidad política de su determinación, y también afirmó que es la primera vez que un jefe de Estado toma este tipo de medidas para hacer respetar el ordenamiento jurídico como lo obliga la propia Constitución.
Alocución del Presidente Juan Manuel Santos
El acceso a una justicia pronta y eficaz es una aspiración de todos los colombianos y, por supuesto, de nuestro Gobierno.
Pensando en esto, desde los primeros días de nuestro mandato propusimos al país realizar una reforma a la Justicia con unos fines muy precisos.
Esta reforma tiene varios componentes, porque se trata de una reforma integral: por una parte, una reforma constitucional, y, por la otra, la reforma o expedición de códigos y leyes que ayuden a conseguir los objetivos.
¿Y cuáles son esos objetivos?
Descongestionar los despachos judiciales para que los ciudadanos tengan una respuesta más rápida a sus demandas.
Hacer más sencillos y eficaces los procesos judiciales, utilizando incluso las nuevas tecnologías.
Dotar de más recursos económicos a la Justicia para que cumpla mejor con su labor.
Y eliminar, reformar o reemplazar instituciones que habían demostrado su inoperancia o estaban desgastadas, por instituciones más modernas y eficientes.
En cuanto a los códigos y leyes, es bueno poder contarles que se lograron avances sustanciales, como la Ley de Seguridad Ciudadana, el Estatuto Anticorrupción, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la eliminación del incentivo económico en las acciones populares, y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Y en la legislatura que acaba de terminar se aprobaron normas de avanzada como el Código General del Proceso, el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, y el Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos, que van a mejorar —y mucho— la Administración de Justicia.
En lo que se refiere a la reforma constitucional a la Justicia —que, repito, es sólo una parte de una reforma integral más amplia que estamos llevando a cabo—, la discutimos ampliamente de cara al país y la presentamos finalmente al Congreso de la República donde cumplió los ocho debates reglamentarios.
Esta reforma —según lo propuso el Gobierno— contempla medidas para descongestionar la Justicia; elimina el Consejo Superior de la Judicatura —que ha estado sujeto a muchos cuestionamientos— y lo reemplaza por una nueva estructura gerencial y disciplinaria; reemplaza la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que también venía desgastada; establece una nueva fórmula para el juzgamiento de congresistas y altos funcionarios para que sean juzgados en doble instancia por la Corte Suprema de Justicia —lo cual es un derecho elemental para cualquier ciudadano—.
De otra parte, la reforma garantiza recursos adicionales de inversión por 2 billones de pesos, en los próximos 6 años, para el sector jurisdiccional, destinados al mejoramiento de la infraestructura, a la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación, la puesta en marcha de la oralidad y la descongestión judicial. Esto no tiene precednete alguno en la historia de Colombia.
En medio de los debates legislativos, como es apenas natural, surgieron diferencias entre las propuestas del Gobierno, de las Cortes y las iniciativas de los congresistas, por ejemplo, en temas como la ampliación del periodo de los actuales magistrados de las altas cortes. Estas eran diferencias de alguna manera superables.
Fue así como terminaron los 8 debates y se entró a la etapa de la conciliación, que consiste en la conformación de un grupo de senadores y representantes que tienen a su cargo unificar los textos aprobados en el Senado y en la Cámara en una sola redacción, porque es natural que existan algunas diferencias entre uno y otro.
En esta última instancia, la Comisión decidió sesionar sin la presencia del Ministro de Justicia y del Derecho; hicieron los cambios que a bien tuvieron, y solo le informaron al Ministro de estos después de 10 horas de discusión, cuando ya, por razones de tiempo, había muy poco por hacer.
Este texto conciliado del proyecto de reforma constitucional a la Justicia fue el que salió aprobado ayer miércoles por el Congreso.
Infortunadamente —y después de todo este gran esfuerzo—, el Gobierno ha detectado que se introdujeron unos cambios que en nada favorecen a la justicia y la transparencia y, en particular, algunos que son verdaderos "micos", como se dice a los malos agregados que a última hora se les cuelgan a los proyectos.
En primer lugar, la Comisión de Conciliación decidió quitarle a la Fiscalía General de la Nación la competencia para adelantar la etapa de investigación en los procesos penales que se adelantan contra ministros, magistrados de tribunal, embajadores, directores de departamento administrativo, gobernadores, generales y almirantes, entre otros funcionarios con fuero.
Al hacer esto, la Comisión de Conciliación quebrantó las disposiciones constitucionales y legales y desbordó sus competencias.
En palabras simples: tanto el texto aprobado por la plenaria del Senado como el aprobado por la plenaria de la Cámara mantenían la competencia que hoy tiene la Fiscalía General para investigar a los ya mencionados altos funcionarios.
Por lo mismo, NO podían los conciliadores eliminar dicha competencia pues los textos sometidos a su conocimiento eran en este sentido idénticos y nada había, entonces, para modificar.
De entrar en vigencia la reforma constitucional, con esta disposición agregada, la Fiscalía General de la Nación estaría obligada a paralizar cerca de 1.500 investigaciones a su cargo sobre esos funcionarios, y, adicionalmente, los que estén detenidos podrían quedar en libertad.
Esto tendría gravísimas consecuencias para la Administración de Justicia, la lucha contra la corrupción y la impunidad, con lo cual habría un colapso de inmensas proporciones.
¡Esto es inaceptable para el país y para el Gobierno!
En segundo lugar, la Comisión de Conciliación aprobó un parágrafo transitorio que extiende la doble instancia —que se había definido para los procesos de pérdida de investidura de los congresistas— a todos los procesos que contra ellos cursen en la jurisdicción contencioso-administrativa, incluyendo los de nulidad electoral, lo cual generaría otro colapso judicial.
¡Esto es inaceptable para el país y para el Gobierno!
En tercer lugar —también en la etapa de conciliación del proyecto-, se fusionaron las normas aprobadas en la Cámara y en el Senado sobre el régimen de pérdida de investidura de los congresistas, de tal manera que se alteró la voluntad de las plenarias de senado y cámara.
¡Esto es inaceptable para el país y para el Gobierno!
Y hay una cuarta inconsistencia grave que se dio en la etapa de conciliación del proyecto.
Se suprimió el régimen de transición para la eliminación de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
¿Qué significa esto? Que al día siguiente de promulgar la reforma, habría otro factor de colapso en la rama judicial porque la administración de la rama quedaría bajo la dependencia de un solo funcionario — el actual Director Ejecutivo, a quien la reforma si le concedió un régimen de transición-, contra la voluntad del gobierno
¡Otra vez, algo inaceptable para el país y para el Gobierno!
Queríamos y queremos una Reforma constitucional a la Justicia para que ganen la justicia y la transparencia, y no para dar gabelas y beneficios a quienes hoy están investigados, o para generar un caos en la Justicia.
Por eso, como Presidente de todos los colombianos, obrando en conciencia, tengo el deber de impedir que esto prospere.
No vamos a dejar que, por aprobar una reforma que queríamos para descongestionar la justicia y hacerla más cercana al ciudadano, terminemos haciendole el juego a quienes quieren escapar de ella.
Las normas señaladas —en mala hora incorporadas en la etapa de conciliación—, y otras más que son simplemente inconvenientes, nos obligan a tomar una decisión muy drástica, con toda la firmeza y con la autoridad que nos da haber realizado este proceso de cara al país.
Y asumo las consecuencias de mi decisión.
Mañana, devolveré al Congreso de la República, con objeciones por razones de constitucionalidad y también de inconveniencia, el proyecto de acto legislativo de Reforma a la Justicia que he recibido para su promulgación.
Es la primera vez en la historia que un Jefe de Estado acude a este mecanismo para hacer respetar el ordenamiento jurídico, como lo obliga la propia Constitución. El Presidente de la República, no puede abstenerse de actuar con contundencia frente a una situación tan crítica como esta.
Estas objeciones se justifican constitucionalmente por la protuberancia de los vicios detectados en la fase de conciliación, e implican un cuestionamiento serio sobre la real existencia de una voluntad constituyente legítimamente conformada sobre algunos puntos concretos pero muy importantes de la reforma.
Adicionalmente, estas objeciones se ajustan a la ley y a la jurisprudencia , las cuales prevén que los vacíos de regulación sobre el trámite constituyente en el Congreso deben suplirse con las normas que regulan el procedimiento legislativo ordinario.
No ha sido una decisión fácil.
Pero la buena salud de la Justicia y nuestro compromiso con la transparencia y contra la corrupción ¡están por encima de todo!
Los colombianos pueden estar tranquilos.
Y espero que el Congreso entienda y acepte estas objeciones, por el bien de la Justicia y de Colombia.