En momentos en que urge darle celeridad a la implementación del Acuerdo de Paz, el Congreso -pudiendo hacerlo- decidió no citar a sesiones extraordinarias, mientras llega el 20 de julio. ¿La razón? El Gobierno se ha puesto en la tarea de reconfigurar las fuerzas políticas que, evidentemente, anuncian su grito de independencia de forma prematura. Marcar distancia con el mandato impopular del presidente Juan Manuel Santos pareciera ser lo más conveniente cuando el reloj comienza a hacer su conteo regresivo para anunciar que, con el último año legislativo, la prioridad debe volcarse hacia el debate electoral de 2018.
En el argot político se suele decir que el primer año en el Capitolio es del presidente; el segundo, compartido; el tercero, para el Congreso, y el cuarto, no es de nadie. Y aunque es cierto que desde enero tanto Senado como Cámara hicieron historia por debatir, por primera vez proyectos y reformas constitucionales a través de un mecanismo expedito -el fast track- la dinámica propia de la política sigue siendo la misma. A menos de un año de las elecciones, los congresistas prefieren estar en sus regiones consiguiendo votos, que en Bogotá, aprobando la única asignatura pendiente que le interesa al jefe de Estado: la paz con las Farc.
Esta semana el Senado aplazó por segunda vez el debate sobre las circunscripciones especiales de paz, uno de los proyectos centrales de lo pactado en Cuba, para garantizar la representación política de las zonas más golpeadas por el conflicto armado. Otra complejidad que quedó demostrada a la hora de implementar el texto de La Habana fue la decisión del Gobierno de retirar la ley estatutaria para reglamentar la Jurisdicción Especial de Paz, argumentando que debía hacerle ajustes al proyecto.
¿Qué ocurre? Desde la Casa de Nariño se ha venido discutiendo, en voz baja, que el presidente Juan Manuel Santos, ya con el sol a sus espaldas, ha perdido gobernabilidad. Las votaciones para sacar adelante la reglamentación jurídica de la paz no pasan del mínimo requerido, y lo cierto es que los partidos que conforman la Unidad Nacional, además de estar divididos, ya anuncian abiertamente su oposición a varias iniciativas del Gobierno. “La preocupación que tiene el presidente Santos es que el Partido Conservador, que ha estado muy flojo a la hora de apoyar la paz, se va a quedar con la presidencia del Senado. Y la Cámara estará en manos de Cambio Radical. Es decir, los dos partidos que, en las últimas semanas, mostraron más quejas en torno al Acuerdo de Paz, tendrán las mesas directivas del Congreso. En pocas palabras, la gobernabildiad de Santos quedará en manos de su anillo más lejano”, dijo a El Espectador una voz cercana a la residencia presidencial.
Y un hecho adicional que, definitivamente, marcaría la derrota del jefe de Estado en su último año es el que se está cocinando dentro de su propio partido: la U. Si hay un debate álgido en el que no cederán los congresistas es la reforma política que se avecina. Un proyecto que no ha caído nada bien en el Capitolio. En primer lugar, porque para muchos sectores no tiene sentido cambiar las reglas de juego faltando tan poco para las elecciones de 2018. Y, segundo, porque ni senadores ni representantes le darán su aval a ningún proyecto que se atreva a amenazar la estabilidad política que han ganado a lo largo de estos años.
Por eso, un amplio grupo de la colectividad del presidente Santos ya tiene preparado su “as bajo la manga”. Cuando se comience a debatir esa reforma, presentarán un artículo que permita el transfuguismo con el fin de que, sin ningún tipo de penalidad, miembros de un determinado partido puedan pasarse a otro por considerar que al que pertenecen ya no los representa. Y ese, según confirmaron voces de la U a este diario, sería el caso de los “Ñoños”, los senadores Bernardo Elías y Musa Besaile, dos de los congresistas con las más altas votaciones en 2014, dupla a la que se sumaría el senador José David Name, también de la U. “Son varios los que están preparando esa propuesta porque son conscientes de que el partido no logrará un número importante de curules en 2018. La gente del interior, por ejemplo, se va con Vargas Lleras y la costa quiere irse para el Centro Democrático. A la gente lo que le interesa es quedar libre”, dijo un congresista de la U. Lo que podría calificarse como una evidente traición no tiene explicación distinta a la de hacer cálculos políticos. No en vano, el receso legislativo servirá para aglutinar nuevas fuerzas en el Congreso que eviten que la principal bandera del presidente Juan Manuel Santos quede convertida en trizas. “El próximo 20 de julio, cuando se retoman labores del Senado, habrá una nueva Unidad Nacional con los partidos que sí apoyan la paz”, dijo esta semana el director del partido de Santos, Armando Benedetti. Y de eso se deduce, por ejemplo, que Cambio Radical quedará por fuera. El director de ese partido, Jorge Enrique Vélez, ha dejado ver públicamente su rechazo por la reforma política y advierte que no la votarán.
Eso, sumado a la intervención que hizo Vélez hace pocos días en un foro en Valledupar, en donde se habló sobre el asunto de tierras y desarrollo rural, otra papa caliente que llegará al Congreso dentro de poco. Su postura, muy cercana a la del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, dejó entrever que en eso tampoco acompañarán al Gobierno. “Es absolutamente claro que, por el afán de cumplir un proceso de paz, estamos encimando lo que no se acordó. Les puedo decir que de los 31 decretos -expedidos por el presidente Santos-, 27 son inconstitucionales. Lo más grave es que no vamos a cumplir por la irresponsabilidad de querer hacerlo a la carrera, pero el camino se puede recuperar. Debemos tener un acuerdo nacional en el que esté todo el mundo, porque al fin y al cabo el país es de todos y la productividad de la tierra también”.
De tal manera que, como están las cosas, el Congreso que se vislumbra no será nada fácil para el presidente Santos. Por los pasillos del Capitolio se rumora que es necesario que el propio jefe de Estado sea el que se encargue de llamar directamente a los legisladores para que no dejen a la deriva la implementación de los acuerdos en la recta final. En el Gobierno niegan todo tipo de resquebrajamientos y afirman que no convocar a sesiones extras se debió más a una petición que hicieron los congresistas para descansar. El 20 de julio, Santos dejará ver las últimas cartas a las que le apuntará para no dejar tambaleando la apuesta que, pese a tantos intentos, sólo él logró sacar adelante, y no se la dejará arrebatar ni aunque le cueste la poca popularidad que le queda.