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Era previsible. Uno de los varios inamovibles que exigían los voceros del No para adherirse al nuevo acuerdo de paz fue el único punto en el que no se lograron avances en La Habana. La elegibilidad política de los integrantes de las Farc es una realidad y así lo ratificó el propio presidente Juan Manuel Santos tan pronto se anunció en Cuba el nuevo pacto con la guerrilla.
Era previsible. Uno de los varios inamovibles que exigían los voceros del No para adherirse al nuevo acuerdo de paz fue el único punto en el que no se lograron avances en La Habana. La elegibilidad política de los integrantes de las Farc es una realidad y así lo ratificó el presidente Juan Manuel Santos tan pronto se anunció en Cuba el nuevo pacto con la guerrilla. Así que sobre ese y otros puntos ya se empezaron a escuchar voces de rechazo y, en ese sentido, restarle legitimidad al acuerdo anunciado el sábado parecería ser la primera tarea que harán algunos voceros del No tan pronto culminen con la revisión del mismo, en medio de un clima de molestia porque el Gobierno no les presentó el nuevo pacto antes de hacerlo público.
Ayer, el Centro Democrático comenzó la reunión para revisar, página por página, cuáles de sus propuestas fueron incluidas y parecen no estar muy contentos con el resultado. Por ejemplo, cuestionaron la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que presidirá el jefe de Estado y, aunque del acuerdo se eliminó la inclusión de las Farc en dicho organismo, afirman que quedaron con una participación indirecta, dada la posibilidad que tendrá la mesa de conversaciones de delegar a dos expertos independientes para integrar la Comisión, mientras se formaliza el nuevo partido que surja de las Farc.
Objetan, además, ciertas funciones que tendrá la Comisión, como recomendar ajustes a la legislación de inteligencia en la lucha contra las organizaciones criminales, incluyendo las sucesoras del paramilitarismo que atenten contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o políticos, o contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos. Hacerle seguimiento al régimen de seguridad privada en aras de evitar que se facilite la acción de grupos criminales es otra función criticada, pues “esas funciones sólo pueden ser del Estado y ya existen”, dijeron a El Espectador fuentes cercanas al Centro Democrático.
Sin embargo, no hay temas vedados, y eso lo reafirmó a este diario el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. “Estamos listos para que cuando terminen su discusión interna nos podamos reunir. Con el mejor ánimo, les vamos a explicar en detalle el texto del nuevo acuerdo y esperamos que se entienda que se partió de la base de que se iban a incorporar muchas de las propuestas del No, pero, como es natural, era imposible incorporarlas todas”.
La reunión que resta sería, entonces, la que se dará con el uribismo en los próximos días. Con la exministra Marta Lucía Ramírez hubo un primer diálogo vía telefónica (está fuera del país), y con el expresidente Andrés Pastrana se reunió el negociador de paz, Frank Pearl. Sin embargo, Pastrana dijo a El Espectador que apenas recibió del excomisionado un primer borrador, por lo que “vamos a revisarlo. Hay que mirarlo con cuidado. Es prematuro decir qué puede pasar, porque todo depende de lo que hay en el acuerdo”, señaló.
Pero hay posturas más drásticas cercanas a la mesa de conversaciones de paz. El exministro Álvaro Leyva, quien asesoró gran parte de la justicia transicional y acompañó el nuevo ciclo de conversaciones en La Habana, explicó que el acuerdo no se podía modificar hasta el punto de arriesgar la paz. Es decir, que no se podía satisfacer a las voces que no formaran parte del conflicto. “La negociación hay que hacerla es con los alzados en armas. Eso no quiere decir que no se pueda oír a otras personas y eso se hizo. Entonces, se introducen algunas cosas que enaltecen, pero no elementos que rompan la paz. De tal manera que se cerró y punto”, dijo a este diario el exministro Leyva.
Esto significa que aunque varias de las observaciones planteadas anoche en una reunión en la que estuvieron los delegados del No enviados por los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, y la exministra Marta Lucía Ramírez y el exprocurador Alejandro Ordóñez, pueden tener sustento, “no sería correcto acoger insinuaciones dirigidas a destrozar la paz”, apunta Leyva.
Por el lado de los militares y policías, sin embargo, ya hubo un consenso general con resultados satisfactorios. El general (r) Jaime Ruiz, presidente de Acore, dijo que el anexo que incluye el acuerdo de paz sobre la justicia para los uniformados “es la mejor opción para la Fuerza Pública”. De hecho, se incluyeron aclaraciones en las que estuvo de acuerdo el propio presidente Santos, así que con la ley de amnistía, próxima a radicarse en el Congreso, queda garantizada la seguridad jurídica que tanto Farc como Fuerza Pública estaban esperando.
¿Qué queda? El camino de la refrendación. De hecho, hoy mismo hay una reunión a las 2 p.m. en la Casa de Nariño con los dirigentes de los partidos políticos para definir cuál de los escenarios posibles se escogerá para darle legitimidad política al nuevo acuerdo: plebiscito, cabildos abiertos o vía Congreso. En todo caso, sea cual sea la decisión que tome el jefe de Estado, del anuncio de La Habana, la polarización política disminuyó y era muy difícil darles gusto a todos.