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Aunque la intención central era concretar medidas de transparencia y de control ciudadano durante el proceso de selección de las tutelas, no se logró la aprobación de la iniciativa. Así las cosas, el objetivo de garantizar que sólo fueran seleccionadas aquellas que resultaran relevantes para la unificación de la jurisprudencia constitucional en el país, no se logró poner en la ley.
En algunos círculos de opinión se conoció el proyecto como la “ley Pretelt”, pues evitaba nuevos casos como el del magistrado Jorge Pretelt, quien actualmente se encuentra en juicio político ante la plenaria del Senado, acusado de haber pedido $500 millones para favorecer el trámite de una tutela de la compañía Fidupetrol, algo que él ha negado rotundamente.
Ante la polémica, durante la semana se había decidido integrar una subcomisión para estudiar el proyecto debido a la polémica que suscitó. En los mentideros políticos se rumora que en dicha instancia alguien planteó la posibilidad de incluir un artículo para que la Procuraduría tuviera facultades para plantear nulidades en algunas decisiones de la Corte Constitucional. Un gigantesco “mico” que, de haber sido aprobado, hubiese implicado que el Ministerio Público habría podido tomar medidas en fallos polémicos, como el matrimonio o la adopción por parte de parejas del mismo sexo.
El senador Roosvelt Rodríguez, ponente de la fallida iniciativa, anunció que durante el receso legislativo entre el 20 de junio y el 20 de julio, se evaluará la presentación de un nuevo proyecto que reglamente la figura. Y según explicó, más allá de evitar la corrupción en la Corte Constitucional, se incluiría la posibilidad de evitar las “tutelatones”, es decir, que por el mismo motivo, circunstancia y hechos se presenten cadenas de tutelas ante distintos jueces.
Igualmente, se incluirán sanciones para los funcionarios que incumplan de manera periódica y reiterada con los fallos. En este sentido, se buscará que los incidentes de desacato se decidan en tiempo más corto para evitar vulneración de los derechos ciudadanos. En conclusión, se va a insistir en la reforma a la tutela, algo que según algunos analistas puede significar abrir una puerta para que se le “cuelguen ‘micos’” como el que quería meterse a favor de la Procuraduría.