Segundo tiempo de Santos

El presidente Juan Manuel Santos asumirá su segundo período de gobierno con la sombra del desgaste del poder a sus espaldas. / Luis Ángel

El próximo jueves 7 de agosto el presidente Juan Manuel Santos asumirá la jefatura del Estado por segunda vez con un horizonte lleno de nubes negras que anuncian tormenta. El escenario no es el mismo al que lo acompañó hace cuatro años, cuando fungía como heredero de la seguridad democrática y de una Unidad Nacional —que conformaban los partidos de la U, Liberal, Conservador y Cambio Radical— que le garantizaba total gobernabilidad.

Hoy, el proceso de paz con las Farc en La Habana tiene más incertidumbres que certezas, el país clama gestos de buena voluntad por parte de una guerrilla enfrascada en acciones violentas contra la población civil, las víctimas no se ponen de acuerdo sobre sus representantes en la mesa de diálogos, los ruidos en los cuarteles no cesan tras las declaraciones del general (r) Javier Rey, el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe arrecia en su tarea de oposición y los mismos partidos de la coalición expresan resquemores por la repartición de la torta ministerial.

Que las segundas partes, y más en asuntos presidenciales, siempre son complicadas, es algo que se ha dicho hasta la saciedad. Y todos los analistas coinciden en señalar que el poder desgasta. A nadie le cabe duda de que en el segundo tiempo de su mandato, Santos afrontará una serie de desafíos para lograr no sólo gobernabilidad, sino también la legitimidad suficiente para cerrar con éxito el proceso de paz con las Farc y para que este sea aceptado por los colombianos.

Tal y como se plantea el panorama actual, las cosas no están nada fáciles. La arremetida de la guerrilla de las últimas semanas —con ataques a la infraestructura energética y petrolera del país, y otras acciones terroristas que han provocado la muerte de miembros de la Fuerza Pública y civiles, entre ellos dos niños— obligó a un intempestivo giro en el discurso del primer mandatario. “Ustedes continúan con eso (los atentados), están jugando con candela y este proceso puede terminar, porque no podemos seguir indefinidamente en esta situación, porque el pueblo colombiano se confunde y no entiende”, dijo.

Una postura que, por cierto, recibió el apoyo casi unánime de la dirigencia política del país. Más aún cuando desde la contraparte sólo hubo muestras de arrogancia. “Están jugando con fuego cuando tratan de eliminar a nuestros líderes con bombardeos. Eso podría hacernos salir de la mesa, ya que quedaría claro que no tenían la voluntad política de llegar a un acuerdo”, fue lo que respondió Marco León Calarcá, uno de los negociadores de las Farc en La Habana, aunque aclaró que no serán ellos quienes ‘rompan’ los diálogos.

Lo cierto es que para el Gobierno las acciones de la guerrilla contra la población civil son “incomprensibles”, pues dinamitan la fe en el proceso de paz y hieren gravemente la confianza de los ciudadanos, generando un rechazo que jugaría en su contra a la hora de querer hacer política en el futuro, que en últimas es a lo que apunta el proceso de paz. “Están cavando su propia fosa política”, les advirtió Santos. Con ese ambiente, el lunes 11 de agosto se retomarán las negociaciones en Cuba, esta vez con un asunto trascendental que marcará su rumbo definitivo: escuchar a las víctimas del conflicto.

Precisamente esa es otra pata que le ha nacido al cojo. La selección de los representantes de las víctimas que irán a La Habana —que tienen que hacer la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia y el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional, con el acompañamiento de la Conferencia Episcopal— se ha convertido en un pulso entre quienes se consideran víctimas de las Farc, de los grupos paramilitares y de agentes del Estado.

Aunque el Gobierno ha hablado de que la decisión es oír a las víctimas sin restricción ni discriminación, la inconformidad persiste. Sobre todo de quienes han padecido la violencia guerrillera, que dicen que se quiere acallar su voz y minimizar. Un sector que incluye a los miembros de la Fuerza Pública, que en el pasado estuvieron secuestrados por las Farc, como el general (r) de la Policía Luis Mendieta, quien acusó al Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional de querer aplicar una doctrina de la subversión en la que son vistos como prisioneros de guerra y no como secuestrados.

Tesis que tanto las Naciones Unidas como la Universidad Nacional han negado. Lo cierto es que Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del presidente Santos, tuvo que salir a ratificar que como consecuencia del conflicto armado también hay miembros de la Fuerza Pública que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario y, “en consecuencia, no deben ser excluidos por su condición de servidores públicos”. El primer grupo de víctimas será escuchado en La Habana el 16 de agosto y lo que se sabe es que, por ahora, no se ha tomado ninguna decisión acerca de quiénes serían parte de estas delegaciones.

Y es que para el Gobierno todo lo que tiene que ver con los militares y la paz genera hoy mucha cautela. Nadie lo reconoce abiertamente, pero las fuertes declaraciones del general (r) Javier Rey, en el sentido de que el Ejército estaba en un “plan tortuga” producto, en parte, del rechazo de un sector castrense al proceso de paz, y que se sabía de reuniones de funcionarios del Gobierno con la guerrilla en Venezuela —exactamente de Sergio Jaramillo, comisionado para la paz— prendió las alarmas y obligó al Ejército a salir a desmentirlo.

Temas sensibles que, según conoció El Espectador, tienen hoy cavilando al primer mandatario y sus asesores en torno a la propuesta del Centro Democrático de crear un tribunal pro témpore que revise, en única instancia, las sentencias proferidas por los jueces ordinarios contra miembros de la Fuerza Pública cuando hayan cometido delitos en actos de servicio. No se trata de apoyar de entrada la idea, sino de permitir la discusión, algo que calmaría los ánimos del uribismo y de los cuarteles.

El otro frente de batalla en el inicio del segundo tiempo de Santos está en lo político, concretamente en la relación con los partidos, que quiérase o no, son los que garantizan el buen navegar de la agenda propuesta, que por cierto es bien ambiciosa: reformas política, a la justicia, a la salud, a la educación, a las corporaciones autónomas regionales, entre otras. El meollo del asunto es que la repartición de la torta ministerial que hasta este momento ha hecho el presidente Santos tiene inconforme a más de uno.

Por ejemplo, se dice que el Partido de la U se siente relegado por el Liberal, que ya se aseguró el Ministerio del Interior con Juan Fernando Cristo y por ahora mantiene a Alfonso Gómez Méndez en Justicia, Alejandro Gaviria en Salud y José Noé Ríos, así sea como encargado, en Trabajo. Simón Gaviria, director de la colectividad roja, ha sonado para Transporte, Comunicaciones y hasta para Planeación, pero se quedaría con Comercio. El lío es que sus copartidarios lo quieren en un cargo de más peso político, de cara a las elecciones locales y regionales del próximo año. Por cierto, Cristina Plazas, nombrada en Bienestar Familiar supuestamente a nombre de la U, es vista como alguien muy cercana a Cristo.

Por el lado de los conservadores, el pulso interno entre quienes se inclinan por pedirle puestos en el Gobierno y los que hablan de no hipotecar su independencia está al rojo vivo. De por sí, ya hay molestia en algunos de sus grandes barones electorales —léase Roberto Gerlein, Efraín Cepeda y Hernán Andrade— por haber perdido uno de sus fortines en los últimos años: el Ministerio de Agricultura, donde esta semana fue designado Aurelio Iragorri, de la U, pero considerado ficha personal de Santos. Esta semana se conocieron sendas cartas de 17 senadores azules y de varios representantes a la Cámara ratificando su compromiso con la Unidad Nacional.

Como quien dice, el segundo gobierno Santos arrancará para el presidente Santos con múltiples desafíos, y en varios escenarios. Su capital político es más reducido y no es el mismo al de hace cuatro años y está claro que deberá hacer malabares para responder a los compromisos políticos contraídos en la campaña que le dieron la reelección. Queda visto que, de entrada, la prioridad apunta a atemperar los ánimos no sólo de los partidos, sino también de la Fuerza Pública, de las víctimas y de la enconada oposición uribista.

Y, por supuesto, está el reto de querer pasar a la historia como el presidente de la paz, con un accionar guerrillero que hoy más que nunca obliga a tener cabeza fría y que insiste en plantear, según palabras de su máximo líder, alias Timochenko, la necesidad de una reconstrucción histórica de los orígenes y las realidades del conflicto, elaborada en conjunto con el pueblo colombiano, en la que no tienen nada que temer. Un cuatrienio además para saldar las deudas que quedaron pendientes de ese primer mandato, que fueron muchas. Corregir y ajustar lo que sea necesario para que, como lo dijo el mismo Santos el pasado 15 de junio en su discurso de victoria tras ganar las elecciones, “en cuatro años nadie se arrepienta de haber votado por mí”.