Algo parece estar pasando. Los mismos que integran el gobierno de Unidad Nacional son los que hoy les reclaman al presidente Juan Manuel Santos y al ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, por “el deterioro de la seguridad en el país”. Varias voces ya se habían escuchado en este sentido, pero esta semana el tema ha sido retomado con vehemencia, primero por el presidente de la U, senador Juan Lozano, quien tras reunirse con su bancada el martes dijo: “Ratificamos nuestro compromiso con la seguridad democrática y expresamos nuestras preocupaciones por las voces que advierten el deterioro de la seguridad en algunas ciudades y regiones del país”.
El pasado miércoles, durante un encuentro entre el primer mandatario y la bancada de la U —pese a los esfuerzos del jefe de Estado por defender con cifras en mano que “en términos generales la seguridad del país está controlada”—, el senador caucano Aurelio Iragorri lo contradijo frente a todo el auditorio al asegurar, sin titubeos, que en el suroccidente del país “siguen jugando a las escondidas los jefes guerrilleros con la Fuerza Pública”.
Como si fuera poco, el presidente del Partido Conservador, senador José Darío Salazar, se sumó a las voces de la U al señalar que es evidente que hace mucho está cuestionada la seguridad: “El Ejecutivo tiene la responsabilidad de conservar el legado de la seguridad democrática que heredamos del gobierno anterior. La ola de atentados demuestran que la guerrilla le perdió respeto a este gobierno y que ha vuelto a florecer la violencia. No sé qué está pasando, es una pregunta para los mandos militares y para el ministro de Defensa”.
Pero esa percepción no es sólo de quienes acompañaron el gobierno de Uribe. El senador liberal Juan Manuel Galán consideró que los golpes que le han propinado a la Fuerza Pública reflejan que hay debilidades que obligan a revisar la estrategia de seguridad. E incluso fue más allá: anunció que citará a un debate de control político en el Congreso a los ministros de Defensa e Interior y Justicia para que expliquen lo que está pasando: “Necesitamos saber si se han hecho evaluaciones, si hay estudios para identificar la ofensiva terrorista que han desarrollado las Farc y las Bacrim”.
El codirector de Cambio Radical, representante Germán Varón, también se mostró de acuerdo en que se han incrementado los niveles de inseguridad, pero confía en que la Policía y el ministro de Defensa tengan la capacidad de someter a la ley a quienes vienen perpetrando todas estas actividades delictivas.
Mientras tanto, Enelia Salinas Chivatá, alcaldesa de Caldono (Cauca), hace su propia radiografía de una situación que se repite en muchas otras regiones del país: “Estamos preocupados. El 17 de diciembre mataron un concejal en la cabecera del municipio, y aunque se han presentado alertas tempranas, siguen las amenazas (...) Yo pido que las Fuerzas Militares presenten resultado, porque los hechos demuestran lo contrario”.
El alcalde de Tierra Alta, Córdoba, Aníbal Antonio Ortiz, dice que su departamento sigue acorralado por el fenómeno de las Bandas criminales que tienen un maridaje con los grupos guerrilleros que se siguen moviendo en el cerro del Paramillo. “Pese a los esfuerzos de la seguridad democrática y a la presencia de policía creo que hace falta más esfuerzo, más estrategia militar. En esta región hay más de 24 mil desplazados y 53 hectáreas ocupadas por las personas que han tenido que huir por estos grupos. Nos sentimos acorralados”, agregó.
Del mismo departamento, el alcalde de Cereté, Rafael Chica Guzmán, dijo que a propósito de los asesinatos de dos jóvenes estudiantes en su municipio queda una gran incertidumbre. “El general Óscar Naranjo me dijo que envió personal de la Dijín para averiguar lo que está ocurriendo. Me preocupa porque las primeras versiones plantean que fue para robarlos pero los cuerpos aparecieron con todas las cosas y ni se les llevaron las motos. En este caso yo reclamo presencia de la fuerza pública porque la gente de esta zona me señala que en la noche se ve gente armada y yo me pregunto si las bandas criminales están desocupando las vías para poder sacar su cocaína”.
Una visión más optimista la tiene el alcalde de Puerto Asís, Putumayo, Mauro Toro, quien sostuvo que la situación de seguridad en su municipio está controlada pero eso sólo se dio hasta que se presentaron situaciones muy graves de violencia. Por ejemplo, en mayo del año pasado, el frente 48 de las Farc realizó un ataque contra la casa de su hija en el cual murió su nieto, lo cual lo llevó a presentar su renuncia, no obstante, “últimamente se ha fortalecido la presencia de la fuerza pública y hasta escolta del gobierno me han prestado, pero es necesario que, además de los dispositivos de seguridad para mí, se enfrente con fortaleza a este frente que sigue actuando por esta región del país. Pareciera que los grupos ilegales se están reorganizando y han matado a petroleros, comerciantes y amenazado alcaldes de municipios vecinos”, dijo.
Hay que recordar el bombazo frente a las instalaciones de la sede de Caracol Radio en Bogotá el pasado 12 de agosto, sólo cinco días después de que Santos tomará posesión.
Luego el primero de noviembre una explosión de una granada frente a almacenes Éxito en Villavicencio (Meta) dejó dos muertos y 12 heridos.
Al visitar el Huila, el 30 de noviembre pasado, cuando supuestamente las Farc pusieron una bomba en un bus lleno de campesinos para que explotara al pasar frente de una estación de Policía del corregimiento de Vegalarga, el presidente Santos sostuvo que dicho acto de barbarie demostraba el “desespero” de la guerrilla.
La segunda semana de enero el país se estremeció al enterarse del cruel asesinato en Córdoba de dos estudiantes de la Universidad de los Andes, Margarita Gómez y Mateo Matamala. Ayer precisamente se conoció un caso similar. En la misma región otros dos estudiantes de Unicartagena y del Sena en Córdoba fueron asesinados. Se trata de Silvia Mora Castillo y Juan Ariza Castillo, quienes al regrese de Cereté donde se encontraban realizando una tarea fueron atacados.