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Ni referendo, ni Marco Jurídico para la Paz, ni Corte Penal Internacional. ¿Son los inamovibles de las Farc en la mesa de diálogos de paz con el Gobierno en La Habana? Es la pregunta que queda en el ambiente tras el comunicado leído ayer por Iván Márquez, vocero de la delegación guerrillera en Cuba, en el reinicio de las negociaciones después de las tensiones vividas el fin de semana por la “pausa” decretada por la organización subversiva para estudiar la propuesta de referendo, planteada por el presidente Juan Manuel Santos como mecanismo de refrendación de los eventuales acuerdos a los que se llegue.
Un comunicado en el que las Farc también dejan entrever algunos de sus principales temores o prevenciones en materia judicial. Porque si bien rechazan la postura “unilateral” del Gobierno al querer “imponer” el referendo como mecanismo de refrendación, al mismo tiempo llaman la atención en el sentido de que en caso de un acuerdo, lo primero que necesitan es seguridad jurídica, un tema que ligan con el de la participación política, que actualmente se discute en la mesa: “El regalo de las curules no lo queremos, si es con el precio de que, mientras algunos de los nuestros van al Congreso, a otros se les destine a ocupar sitios tras las rejas o condenados a la extradición”, manifestó Márquez.
De paso, en sus críticas al referendo, el grupo guerrillero la emprende contra el Marco para la Paz y cuestiona el papel de la Corte Penal Internacional: “¿Se imagina el país y el mundo a un presidente con poderes omnímodos derivados de un referendo, que con la excusa de los tiempos suplanta la mesa que con tanto esfuerzo se ha establecido para buscar la paz? ¿Se lo imaginan con un Marco Jurídico unilateral que lo convierte en juez y parte? ¿Y que tal una Corte Penal Internacional injerencista y sesgada, que muy poco o nada sabe del conflicto interno colombiano? Y, como si fuera poco, los Estados Unidos pidiendo guerrilleros en extradición como venganza por la histórica defensa que hemos hecho de la soberanía”, agrega el comunicado leído por Márquez.
Queda claro entonces que si para el Gobierno el asunto de que las Farc les den la cara a las víctimas es prioritario para la firma de la paz, para esa guerrilla lo es el de tener seguridad jurídica. Y la carta que recientemente le dirigió la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, a la Corte Constitucional, en la que advierte que condenas “groseras o inadecuadas invalidan la autenticidad del proceso judicial nacional”, tiene pensando a los líderes subversivos. Una discusión en la que, según lo reconoce el mismo presidente Santos, radica en gran parte el éxito de las negociaciones: “¿Dónde debe trazarse la línea de un país que quiere buscar la paz? ¿Hasta dónde va a permitir que instancias internacionales le dicten su voluntad de cómo hacer esa paz, dónde están los límites?”, planteó ayer durante un acto de condecoración a la Corporación Excelencia en la Justicia.
Se trata, dijo el primer mandatario, de esa delgada línea divisoria entre justicia y paz. “Todos los países que han resuelto conflictos tienen que confrontar esa decisión. Decisiones difíciles porque generalmente no quedan todos contentos, muchas veces la mayoría queda descontenta”, agregó. Para Santos, debe ser la sociedad colombiana la encargada de fijar esos parámetros, “discusiones que pueden adelantarse de la forma más democrática posible (...) y ese es el propósito del Gobierno en esta gran discusión sobre la paz, que el pueblo colombiano sea quien tome, al final de cuentas, la decisión, y entre tanto escuchar e ir adelantando en la medida de lo posible todos estos procesos”.
Ese es el argumento para su referendo, pero las Farc insisten en una constituyente y preguntan: “¿Por qué el Gobierno le tiene miedo a la constituyente? Nosotros no le tenemos miedo. Es el mejor camino porque en dicho escenario sí se logra todo lo que puede garantizarle larga duración a la paz nacional, como las reformas política, económica, al aparato electoral, etc.”. Al final de la declaración, Márquez recalcó que se mantendrán en la mesa de diálogo “fieles al compromiso de buscar la paz para Colombia por todos los medios”.
Posición reafirmada horas después en un comunicado conjunto con la delegación del Gobierno, en el que se reveló el resultado de una reunión llevada a cabo el pasado sábado con voceros de la Oficina de Naciones Unidas en Colombia y el Centro de Pensamiento para la Paz de la Universidad Nacional, en la que se les pidió la organización de un nuevo foro ciudadano, esta vez sobre el tema de la solución al problema del narcotráfico, cuarto punto de la agenda. Serán dos eventos: el primero, 24, 25 y 26 de septiembre en Bogotá, y el segundo, 1, 2 y 3 de octubre, en San José del Guaviare.
Ello significa un cambio en el orden de la discusión y el punto tres, que tenía que ver con el fin del conflicto —incluyendo cese al fuego, dejación de armas y reincorporación de las Farc a la vida civil, entre otros aspectos— queda para más adelante. Lo cierto es que los acontecimientos de los últimos cuatro días han marcado un giro no sólo en el esquema de la negociación sino en las prioridades en la mesa. Y queda demostrado que para las Farc, los hechos sucedidos tras la negociación del gobierno Uribe con las autodefensas —donde sus máximos líderes terminaron extraditados— es un espejo que no quieren repetir.
Por eso sus posturas son casi radicales, así algunos crean que de eso se trata la negociación de la paz. Como León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, quien cree que las Farc insisten en una constituyente, sabiendo que el Gobierno no la aceptará bajo ninguna circunstancia, aplicando la premisa de que “se parte de muy alto y se puede conseguir mucho”. Pero otros, como Nelson Camilo Sánchez, de Dejusticia, consideran que más allá de los debates jurídicos sobre el alcance de las opiniones e interpretaciones de la fiscal Bensouda, está demostrado que la comunidad internacional sigue de cerca el proceso y que es falsa la idea de que con cualquier arreglo constitucional refrendado a nivel nacional, este quedará blindado.