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Colombia se precia de ser la democracia liberal más antigua de América Latina y con menos dictaduras. Pero si se considera que la violencia ha mediado durante mucho tiempo en la política, que el Estado es débil en su capacidad de administrar conflictos para que no desemboquen en violencias y que el clientelismo, la corrupción y el narcotráfico han predominado en las últimas décadas, lo que más puede apreciarse es la formalidad —no la funcionalidad— de su democracia.
No obstante, esta formalidad ha sido importante, puesto que ha evitado caudillismos, reelecciones indefinidas y pseudodemocracias, como las que con adjetivos rebuscados disimulan hoy sus autoritarismos. Pero, a pesar de esto, en el país existe el riesgo de que se derrumbe el andamiaje de formalidad democrática, pues si continua apoyado en este armazón, los problemas que lo carcomen podrían terminar tumbándolo. Urge, pues, consolidar nuestra democracia con el fin de hacerla sostenible.
La ausencia de caudillismo en el país —excepcional en el contexto regional— ha posibilitado al menos la prolongación de esa formalidad. Pero el caudillismo retardado que Álvaro Uribe ha pretendido introducir ha agravado los problemas, sobre todo si se tiene en cuenta la vigencia del conflicto armado interno. Aunque su gobierno golpeó notoriamente a las guerrillas, su fallida pretensión de exterminarlas disparó los gastos en seguridad, estimuló la reelección y polarizó la opinión pública a su favor.
Ahora, a través de su carisma caudillista y la guerra sucia mediática que acostumbra manejar, Uribe pretende recuperar por interpuesta persona (a la que le infundió el “todo vale”) el poder perdido. Con estos medios ha estimulado el fanatismo de sus seguidores, convenciéndolos de que con el actual proceso de paz se entregará el país al castro-chavismo y se permitirá a las Farc que sean gobierno. De ahí que el presidente Santos ni siquiera sea visto como ingenuo, sino como traidor y comunista trasnochado.
A diferencia de la mayor parte de los países de la región, en Colombia la confrontación ideológica no es entre la izquierda y la derecha, sino entre una derecha ambivalente y temerosa y una extrema derecha radical. Los resultados con que desemboque la actual campaña electoral mostrarán si se derrumba el andamiaje de formalidad democrática en el que el país se ha apoyado —consumiéndose así en el autoritarismo— o si logra proseguir la estancada construcción de una democracia liberal que sea funcional.
Pero, para que esto último ocurra, se requiere que haya garantías de continuidad del proceso de paz y que las Farc adquieran conciencia de su degradación. Asimismo, que el Gobierno democrático que sea elegido no adopte posiciones timoratas y promueva las urgentes reformas que el país requiere para transitar hacia una democracia sostenible. La educación, la salud, la justicia, el freno a la corrupción y la restitución de tierras usurpadas por mafias y terratenientes son, entre otras, reformas que no admiten dilaciones.