Serpa, con voz de opositor

“Seguir en la Unidad Nacional ya no nos interesa”, ha dicho el codirector del Partido Liberal, senador Horacio Serpa. Y aunque es claro que el reciente reacomodo que hizo el presidente Juan Manuel Santos de su gabinete generó molestias en la colectividad roja, que se sintió “ninguneada”, más allá de eso está el pulso por la Presidencia de la República de 2018, donde el liberalismo quiere ser uno de los protagonistas principales.

De hecho, el mismo Serpa así lo da a entender cuando señala que, mirando la actual realidad política nacional, sería bueno que alguien asumiera la tarea de examinar la relación partidista entre los funcionarios de un par de ministerios o de la misma Vicepresidencia de la República. “Tengo la seguridad de que nadie se sorprendería de los resultados, lo que no me molesta porque cada alcalde manda en su año. No me preocupan esos puestos, sino la forma de ser simultáneamente funcionario y candidato”, expresó.

La pelea con Germán Vargas Lleras, el vicepresidente, no es nueva. En la campaña electoral del año pasado para elegir autoridades locales y regionales, el mismo Serpa lo acusó de estar utilizando su cargo para favorecer a los candidatos de su partido, Cambio Radical, y además cuestionó su silencio frente al proceso de paz con las Farc de La Habana. Y hace apenas algunos días, utilizando una frase de Carlos Lleras Restrepo, abuelo del vicepresidente, aseguró que el país ya sabía de sus ambiciones y que sería bueno que saliera al debate público como cualquier candidato: “Patos al agua”, fue el mensaje.

Las dudas están entonces en el “par de ministros” que según el codirector del Partido Liberal también apuestan a posibles candidaturas presidenciales en 2018. ¿A quién van dirigidas las indirectas? Pues el que está en el sonajero desde hace rato, así él lo niegue, es Mauricio Cárdenas, jefe de la cartera de Hacienda. En su partido, el Conservador, ya le han manifestado apoyos y hasta le han pedido considerar esa opción.

Mientras tanto, los analistas políticos, que pululan en Colombia, quitan y ponen en la lista de esos posibles presidenciables para 2018. Y a la hora de mirar el gabinete, incluyen, por ejemplo, a Gina Parody, ministra de Educación y desde la semana pasada a Clara López, quien ya fue candidata en 2014 y acaba de ser nombrada ministra de Trabajo. Incluso hablan de Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, quien por cierto es de filiación liberal, por lo que habría que considerar que el “indirectazo” de Serpa no va para él.

Por cierto, los liberales comenzarán mañana a hacer sentir sus discrepancias con el gobierno Santos, en un debate de control político programado en el Senado sobre el caso de la Refinería de Cartagena (Reficar), donde se embolataron cerca de US $4.000 millones por los sobrecostos en la obra. Y en un adelanto de la postura que tendrán, está claro que las baterías estarán enfiladas en contra del ministro Cárdenas, con efectos en Santos, el expresidente Álvaro Uribe y el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverri.

“En este tema se actuó con una inmensa irresponsabilidad y se traicionaron los más altos intereses de la Nación. Algunos de los actores públicos y privados que han tenido que ver con este escándalo, han dado explicaciones, pero nadie ha asumido responsabilidades. Ni el gobierno del presidente Uribe, ni el gobierno del presidente Santos aceptan su culpabilidad por este descalabro financiero”, expresó Serpa.

Y agregó: “El actual ministro de Hacienda (Cárdenas), quien fue miembro de la junta directiva de Ecopetrol, reconoció que las fallas se dieron por la contratación de Glencore y Chicago Bridge and Iron Company y por la ausencia de planeación del proyecto de Reficar. La pregunta obvia que surge es: ¿por qué no se pronunció oportunamente sobre estas irregularidades, con lo cual hubiera contribuido a evitar que el país perdiera semejante cantidad de dinero, que representa alrededor de tres reformas tributarias?”.

Los liberales le pedirán a la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría mostrar resultados de las investigaciones que se siguen sobre el caso: “Los colombianos estamos en el derecho de saber si los US $4.000 millones realmente fueron sobrecostos originados en una mala planeación, o también hubo una alta porción de corrupción. Si sucedió lo primero, los culpables deben ser sancionados e inhabilitados por ineficientes. Si fue lo segundo, deben ser inhabitados y metidos a la cárcel por hampones”, enfatizó Serpa.