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El fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, se refirió este viernes al error judicial que cometieron las autoridades con el exdiputado del Valle del Cauca, Sigifredo López.
En BluRadio, dijo que el proceso se inició con base en un dictamen producido por la Dijin de la Policía Nacional.
“En este dictamen se afirmaba que existían unas coincidencias entre la voz de Sigifredo López y la voz de la persona que aparecía en un video que se encontró en uno de los computadores de ‘Alfonso Cano’. A partir de esta prueba pericial practicada por la Dijin, la Fiscalía General de la Nación profiere una orden de captura para indagatoria en contra de Sigifredo López”, relató. (Escuche la advertencia de Sigifredo).
Posteriormente, durante el desarrollo del proceso, gracias a una prueba ordenada por la Fiscalía, el FBI determina que no existían elementos para poder concluir que esa voz correspondía a Sigifredo López, y además, establece que el examen morfológico que se había hecho no era contundente y que no existía una similitud entre Sigifredo López y la persona que aparece en ese video que era se ‘Cano’.
Luego, durante la investigación, aparecen unos testimonios que al principio le merecieron credibilidad a la Fiscalía pero que poco después se fueron derrumbando con base en pruebas aportadas por la defensa y otras decretadas por la Fiscalía.
“Fundamentalmente las pruebas aparecen con base en los aportes que hizo la Dijin, tanto de la voz como de la nariz. Fueron las pruebas que más peso tuvieron en ese momento para impartir la orden de captura”, aseguró el fiscal.
Policía Nacional ¿a pedir perdón?
Al referirse acerca de la petición de perdón que debe hacer la Policía, Montealegre dijo que esa “no es una decisión que quede al libre arbitrio de la Policía Nacional”.
“La decisión que se tomó es una decisión de un Fiscal que está en ese proceso, administrando justicia y es una orden judicial. La ley penal establece la obligación de cumplir las decisiones judiciales”, explicó.
En el mismo sentido, fue contundente al advertir que “quien no acate las decisiones judiciales, incurre en el delito de fraude a resolución judicial”.
“No es un tema de libertad de la Policía de si quiere concurrir o no. Es una obligación señalada en una decisión judicial; el derecho penal colombiano cita que quien no cumple una decisión judicial incurre en un delito”, insistió el fiscal.