El pasado 27 de octubre, después de un consejo de ministros, el presidente Juan Manuel Santos anunció la adopción de nuevas medidas para combatir la corrupción y acelerar los procesos para que se produzcan “consecuencias contundentes muy pronto”.
En cuanto a los nuevos lineamientos, explicó que el enfoque será ahora más territorial y sectorial, con énfasis en las áreas de salud, minas y educación. Asimismo dijo que se iba a descentralizar el trabajo de la Secretaría de Transparencia y a fortalecer las oficinas de control interno, entre otros aspectos.
Medidas urgentes si se tiene en cuenta el Índice de Percepción de Corrupción 2014, de Transparencia Internacional, en el que Colombia no mostró avances significativos. En lo que tiene que ver con la percepción sobre la corrupción en el sector público, obtuvo un puntaje de 37 sobre 100 (siendo 0 mayor percepción de corrupción y 100 menor percepción), lo que mantiene al país en el puesto 94 entre 175 países evaluados.
Un llamado de alerta, dice Transparencia Internacional, a pocos meses de las elecciones territoriales de 2015 y de cara al proceso de paz. Entre los 30 países de las Américas evaluados, Colombia se encuentra en el puesto 18 de la tabla y sigue ubicándose por debajo del puntaje promedio de la región (45), muy inferior al de países con calificaciones aceptables, como Canadá (81), Barbados (74), Estados Unidos (74) y Chile (73).
Los parámetros señalan que se puede obtener un buen resultado cuando existen mecanismos de gobierno abierto a través de los cuales el público pueda exigir que sus líderes rindan cuentas, mientras que una mala puntuación pone en evidencia un contexto donde se percibe que prevalece el soborno, los actos de corrupción quedan impunes y las instituciones públicas no dan respuesta a las necesidades de los ciudadanos.
Para Elisabeth Ungar, directora ejecutiva de Transparencia por Colombia, “si queremos más y mejores resultados, es vital que en Colombia se den procesos de reforma que hagan de la lucha contra la corrupción un tema transversal de todos los niveles de gobierno, que faciliten la denuncia, detección, investigación y sanción de la corrupción”. En su concepto, la percepción de corrupción no cambiará en tanto siga la impunidad y la ciudadanía no asuma un rol más activo en esta lucha.