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Política 6 Abr 2013 - 9:00 pm

Dos fechas claves en el litigio entre Colombia y Nicaragua

Sin mar y sin memoria

El 8 de julio de 2008, el entonces presidente Álvaro Uribe aprobó una propuesta que proponía ceder una porción de mar, vital para la pesca industrial.

Por: Claudia Morales / Especial para El Espectador
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Los miembros de la defensa de Colombia, Julio Londoño Paredes (izq), Guillermo Fernández de Soto (c) y James Crawford, en la CIJ. / EFE

Desde el 19 de noviembre de 2012, cuando la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) dio a conocer la sentencia de la demanda interpuesta por Nicaragua contra Colombia en 2001, se han creado varias certezas en torno al resultado, a todas luces inconveniente para nuestro país: que el fallo de la Corte es inexplicable por absurdo, que Colombia perdió soberanía sobre 75 mil kilómetros cuadrados de mar Caribe y que los responsables de eso son, dependiendo de quien alegue, Carlos Lleras Restrepo por haber ratificado en 1968 el Pacto de Bogotá; los expresidentes Ernesto Samper y Andrés Pastrana porque no se salieron de ese tratado cuando se lo propusieron algunos abogados, y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos porque no cambió la estrategia de política internacional frente al litigio y porque sostiene que la única opción, por ahora, es no acatar el fallo, mientras otras voces sugieren qué vía tomar frente a la sentencia.

Remontarse a los años 60, cuando Lleras Restrepo defendió la idoneidad del Pacto de Bogotá, significaría que a partir de ahí todos los presidentes que lo sucedieron serían responsables de que Colombia no se hubiera salido de ese Tratado. Como el Pacto de Bogotá se mantuvo frente al litigio con Nicaragua, Colombia no tenía más opción que reconocer la competencia de la CIJ, que quedó habilitada para resolver las controversias de orden jurídico que le sometan los estados firmantes. Si Colombia no hubiera comparecido ante la Corte, ese tribunal habría continuado con el proceso en ausencia de Colombia y Nicaragua hubiera podido pedir que se decidiera a su favor.

El análisis, entonces, podría detenerse en dos fechas: el 13 de diciembre de 2007, cuando la Corte Internacional falló sobre excepciones preliminares presentadas por Colombia el 21 de julio de 2003, y el 8 de julio de 2008, cuando en el despacho de la Casa de Nariño el presidente en ese momento, Álvaro Uribe Vélez, aprobó la propuesta de línea media que sería presentada en el alegato de fondo ante la Corte el 11 de noviembre de 2008.

Los nicaragüenses sustentaron su demanda ante la CIJ contra Colombia en diciembre de 2001, con varios argumentos. Que el Tratado de Límites Esguerra-Bárcenas, ratificado por los dos estados en 1930, era nulo porque fue suscrito durante la ocupación norteamericana de Nicaragua y, por lo tanto, que el meridiano 82, señalado como referencia para la asignación de las islas y territorios en disputa, no era válido como límite marítimo. Con esa interpretación, el país centroamericano reclamaba su propiedad sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con todas las islas y cayos que le corresponden.

El 21 de julio de 2003, el gobierno colombiano presentó excepciones preliminares, basadas en el artículo VI del Pacto de Bogotá, que excluye de la competencia de la Corte los asuntos ya resueltos entre las partes o regidos por un tratado vigente, en este caso el Esguerra-Bárcenas. Sobre el meridiano 82, Colombia argumentó que ese tratado lo estableció como el límite occidental del Archipiélago que involucraba tanto el aspecto territorial como el marítimo.

Cuatro años después, el 13 de diciembre de 2007, la Corte Internacional de Justicia, en fallo sobre esas excepciones, reconoció que el Esguerra-Bárcenas es un tratado válido y vigente y que Colombia tiene soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Sin embargo, la Corte también advirtió dos cosas: que tenía competencia para determinar qué otras islas, islotes y cayos hacían parte del archipiélago, y también para definir la soberanía sobre Roncador, Quitasueño y Serrana. Y fue más lejos al señalar que no era claro que el meridiano 82° W fuera un límite marítimo.

Ese mismo día de diciembre de 2007, Álvaro Uribe hizo una alocución en la que les dijo a los colombianos: “una vez más ha quedado ratificada la unión integral de la Nación colombiana”; agregó que los abogados se encargarían de demostrar ante la Corte los derechos sobre los cayos y que estaban debidamente preparados para defender los intereses nacionales en relación con el meridiano 82.

En ese parte de tranquilidad, sin embargo, y pasados los años de ese gobierno, nunca se les advirtió a los colombianos que el hecho de que la Corte negara el meridiano 82 como frontera marítima podría significar que a partir de ahí Colombia tenía enormes posibilidades de perder aguas marítimas, como en efecto ocurrió; que la Corte había desconocido el significado de Archipiélago cuando separó del estudio a Roncador, Quitasueño y Serrana, con el peligro que eso implicaba, y tampoco, desde entonces, nos contaron si iban a defender el meridiano como límite, tal y como estaba consagrado desde 1930.

En su editorial del 20 de diciembre de 2007, El Espectador se apartó de la fiesta y dijo: “Más allá de lo anterior, la única conclusión contundente que se desprende de la lectura del fallo es que las excepciones preliminares se perdieron. No hay que buscar triunfalismos donde no los hay”.

En entrevista con RCN La Radio el pasado 4 de abril, la canciller María Ángela Holguín se abstuvo de señalar responsables, pero sí dijo que veía un “error en las comunicaciones en 2007”. Para Rafael Nieto Navia, abogado internacionalista, miembro del Instituto de Derecho Internacional, además del desconocimiento del meridiano como frontera marítima, “la Corte acabó con el archipiélago. A pesar de que durante todo el pleito habló más de cien veces de ‘archipiélago’, no le dio valor como tal. Y Colombia tampoco lo hizo”.

Varias fuentes consultadas sostuvieron que los abogados contratados por Colombia debieron defender a muerte el meridiano 82 como límite marítimo. Para Nieto, “la Corte modificó el Tratado y excedió sus funciones. Ante eso, Colombia no tenía que hacer más propuestas. Lo que tenía que hacer era defender el Tratado y el meridiano”. En esa misma línea coincidió el expresidente Alfonso López Michelsen (q.e.p.d.) quien, citado en el libro El meridiano 82, publicado en 1999 por el exministro de Relaciones Exteriores Diego Uribe Vargas, expresó lo siguiente: “Colombia tiene sus razones para atribuirle al mismo Tratado (Esguerra Bárcenas) el carácter de una delimitación anticipada de las áreas marítimas que corresponden a cada uno de nuestros dos estados, habida cuenta de que en el momento del canje de las ratificaciones y por iniciativa de Nicaragua, se señaló el meridiano 82 como límite de las respectivas posesiones entre Colombia y Nicaragua”.

En diálogo con El Espectador, el expresidente Andrés Pastrana dio una opinión distinta en relación con la defensa del meridiano 82 como límite marítimo. Según él, en las excepciones preliminares la Corte determinó que “el meridiano 82, si bien no era una línea de delimitación, pareciera constituir más el límite occidental del archipiélago. Por lo tanto, no hubiese tenido sentido insistir en esa tesis ya descartada por la Corte. Al contrario, hubiera sido un gran error estratégico y jurídico de nuestra defensa”. La ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, opinó: “Los abogados consideraron que la Corte, en el fallo de 2007, determinó que el meridiano 82 no era un límite y, por lo tanto, no podría volver a alegarse el meridiano como límite marítimo”.

En un derecho de petición enviado el 22 de febrero de este año al Ministerio de Relaciones Exteriores, pregunté en qué fecha había entregado Colombia la línea media ante la CIJ. El 28 de ese mismo mes, la Cancillería contestó: “El gobierno de Colombia presentó su propuesta de línea media ante la CIJ el día 11 de noviembre de 2008, cuando presentó su primer alegato escrito o contramemoria. Dicha propuesta fue reiterada en su segundo alegato escrito o dúplica entregada el día 18 de junio de 2012 y en las pretensiones finales del país presentadas durante las audiencias que tuvieron lugar del 23 de abril al 4 de mayo de 2012”.

Pregunté también en qué fecha se reunió la Comisión Asesora para analizar la línea media y si los miembros de esa Comisión fueron informados de la presentación de la línea ante la CIJ. La Cancillería respondió que no podía darme esa información porque “las actas de la Comisión Asesora gozan de reserva”. En realidad yo no estaba pidiendo que me revelaran nada consignado en las actas sino, como explícitamente lo dije, sólo fechas.

La respuesta ya estaba en mi poder, en un acta con fecha del 8 de junio de 2008, titulada: “Informe sobre reunión celebrada en el Palacio de Nariño en relación con la demanda interpuesta por Nicaragua contra Colombia ante la CIJ”. En ese documento se señala que en el encuentro participaron el presidente Álvaro Uribe, el ministro del Interior Fabio Valencia, el canciller Fernando Araújo, el viceministro de Relaciones Exteriores Camilo Reyes, el agente de Colombia ante la Corte Julio Londoño, el embajador de Colombia en Países Bajos Francisco Lloreda, el coagente Guillermo Fernández de Soto, el asesor para las comunicaciones Jorge Mario Eastman y el grupo Territorio Insular Colombiano de la Cancillería.

El acta señala que Julio Londoño expuso la posición que el equipo de asesores consideraba “conveniente presentar en la contramemoria colombiana: la línea media”. Y el texto dice más adelante que “el señor presidente de la República manifestó estar de acuerdo”. De igual forma, conocí que el exembajador Londoño hizo la misma presentación ante el alto mando militar de la época, siendo la línea media aprobada por todos sin objeción.

Luego encontré en unos documentos que la propia Cancillería elaboró una cronología de fechas sobre el litigio desde noviembre de 2001 hasta noviembre de 2012. Allí queda claro que durante todo el año 2008 el entonces presidente Uribe Vélez no convocó a la Comisión Asesora para hablar del asunto con Nicaragua. Es decir, el expresidente aplicó lo establecido en la Constitución Nacional cuando define la autonomía de jefe de Estado en la toma de decisiones sobre la política internacional.

El mapa (ver en esta página) señala la línea media que los asesores elaboraron y que fue aprobada por Uribe. Allí, justo en el meridiano 82 con el paralelo 15, es donde queda lo que se conoce como “luna verde”, aguas donde se encuentra la langosta que pescan de forma industrial algunas empresas colombianas. En plata blanca, Colombia entregó ese pedazo de mar por el que tanto se lamentan ahora.

Frente a un tema tan delicado, algunos podrían pensar que era imprescindible convocar a la Comisión Asesora para hablar de la línea media. Otros, en cambio, no le dan ningún valor a ese grupo asesor. Pastrana, por ejemplo, dijo que “los presidentes de la República están obligados por la Constitución y la ley a convocar periódicamente a la Comisión y a escuchar sus criterios y recomendaciones”. Para Ernesto Samper, la Asesora “no es un organismo que tome decisiones pero es muy útil para que los presidentes tengan varios escenarios en el momento de decidir”. Nieto Navia se aparta de eso. Para él, “no se puede esperar una contribución de la Asesora para diseñar una política internacional”.

Puestas las cartas como lo hizo la Corte Internacional con la sentencia de noviembre de 2012, lo que le queda a Colombia es esperar, como lo señaló la canciller, “que la firma de abogados Volterra-Fietta nos dé sus recomendaciones. Ahí el Gobierno tomará una decisión”. Entre tanto, sigue también la búsqueda de responsables por una pérdida tan estrepitosa. Para Nieto Navia, es clara la responsabilidad de los tres abogados contratados por Colombia el australiano James Crawford, el estadounidense Rodman Bundy y el argentino Marcelo Kohen.

Sugiere, además, presentar cuanto antes un recurso de revisión porque es la manera de mostrarle a la comunidad internacional dónde están los errores de la Corte. Y Samper, que en principio había defendido la reserva de las actas de la Asesora, cambió de opinión y le dijo a El Espectador que “deberían abrirse los archivos y hacer un debate institucional sobre la materia. No lo hicimos cuando perdimos Panamá y mire los resultados: la historia se repitió”.

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