La sin salida de los exparamilitares

Tras el acuerdo de paz con los paramilitares se desmovilizaron 36 mil combatientes. / Archivo - El Espectador

Han pasado más de diez años desde que se dieron las desmovilizaciones de los grupos paramilitares. Hoy, en La Habana (Cuba), el Gobierno y las Farc buscan un acuerdo de paz que permita la reintegración de los guerrilleros a la vida civil, pero desde las calles colombianas los desmovilizados de las autodefensas (Auc) tienen lecciones aprendidas que deben ser escuchadas en la mesa de diálogos. Y la más clara tiene que ver con la seguridad jurídica, pues más allá de la oferta institucional, su realidad de vida es un calvario.

Es la historia de Jaime *, quien perteneció al bloque Vencedores de Arauca, que se desmovilizó en 2005, y ha sufrido lo indecible para aferrarse a la frase engañosa de “bienvenido a la civilidad”, que pronunció el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, cuando le recibió su armamento. “Soñamos con vivir en paz, tener una familia, ver crecer los hijos, conseguir un trabajo y desarrollarnos profesionalmente, pero el haber pertenecido a las Auc nos dejó una mancha que parece imborrable en nuestras hojas de vida. Y esa mancha no nos deja rehacer nuestras vidas”, explica con el rostro contraído por la indignación.

Lleva 10 años vinculado al programa, que culminó exitosamente. No volvió a delinquir y ha cumplido a cabalidad con los requisitos exigidos por la Agencia Colombiana de Reintegración (ACR). El proceso allí es voluntario, se deben realizar unas horas de trabajo social, de capacitación profesional y de acompañamiento psicológico. No puede volver a delinquir y debe cumplir su plan de trabajo, que incluye estar en contacto con la entidad mínimo dos veces al mes y contribuir a la construcción de la verdad histórica. Es un compromiso integral que dura máximo seis años y medio.

“Para la Agencia la situación de los desmovilizados de las autodefensas ha sido un reto, pues el marco jurídico que los rige dificulta su proceso de reintegración. Es muy duro ver a un muchacho que ha cumplido, que se ha preparado para una nueva vida, que quiere trabajar, pero que su pasado aún lo persigue. Hemos tenido personas comprometidas con el proceso que están capacitadas para ser reintegradores, pero cuando les sale la condena, por ley, no pueden contratar con el Estado. Hay un contrasentido en esto”, explica un funcionario de la ACR, pidiendo la reserva de su nombre.

Es la historia de casi todos los 16 mil excombatientes rasos de los paramilitares —de los 35 mil que se desmovilizaron— que se han sometido al proceso de reintegración. “Cuando me desmovilicé llegué a vivir en uno de los barrios marginales de Pereira. Allí había excompañeros que siguen delinquiendo. Me preguntaron que si quería trabajar con ellos, que me iba a ganar cinco veces el subsidio del Gobierno. Les dije que no y respetaron mi decisión, pero a algunos les ha tocado hasta irse para que no los maten. Estudié informática y conseguí un trabajo en una empresa de seguridad. Pero un día mi jefe llegó con el antecedente penal y me dijo que por políticas de la empresa no podían tener personas como yo”, cuenta Jaime.

Hoy tiene 41 años y dos hijos. “En todas las empresas piden tener el pasado judicial limpio. Desde el día que me echaron no he podido conseguir empleo. Regresé a Pereira con mi hoja de vida y nadie me llamó. La ACR me ayudó a conseguir una entrevista, a la señora le parecí apto para el trabajo, pero tampoco me pudo contratar. Estoy bloqueado con eso y sobrevivo reparándoles los computadores a los vecinos. El otro problema ha sido el de la movilidad, porque cada vez que me para la Policía uno va a parar 72 hora a una URI hasta que revisan que no se tienen deudas con la justicia. Hoy me da más miedo un retén de Policía que cuando estaba en las autodefensas”, agrega.

“Como yo hay varios. Soy uno de los primeros en terminar el proceso de reintegración y me ha tocado vivir siempre con el papel dañado. Hay otros a los que no les ha salido la condena, pero igual están preocupados. Nadie se imagina lo que uno siente. Es muy maluco ir a una empresa con ilusiones, que allá crean que uno tiene el perfil, pero que no lo pueden contratar. Todo el mundo piensa que por haber sido de las autodefensas uno es lo peor del planeta. Estamos marcados, estigmatizados. Por ejemplo, mi mujer es madre comunitaria, y el ICBF le pidió los documentos de sus familiares. Tuve que pedirle que se declarara soltera, si no seguro le quitan el trabajo. Uno no puede ser uno, pero tampoco puede ocultarlo. Ninguna de las estrategias me ha funcionado. Estamos en una sin salida”, concluye Jaime bajando la mirada.

* Nombre cambiado