Sistema de salud, en manos del Congreso

Cuatro proyectos de ley estatutaria están radicados en el Senado.

El Congreso tendrá que definir el próximo año un solo proyecto que, en caso de ser aprobado, afrontará una revisión por parte de la Corte Constitucional. / Archivo
El Congreso tendrá que definir el próximo año un solo proyecto que, en caso de ser aprobado, afrontará una revisión por parte de la Corte Constitucional. / Archivo

La idea es acumularlos y sacar uno solo, que a partir de marzo de 2013 iniciará curso. ¿Qué proponen?

El primer período de la Legislatura 2012-2013 llega a su fin con todas las miradas concentradas en el proyecto de reforma tributaria y con pocos ojos pendientes de un tema prioritario para todos los colombianos, sobre todo para los pertenecientes a las clases menos favorecidas: la reforma al sistema de salud. El meollo del asunto es que el año termina dejando en manos del Congreso de la República la suerte de cuatro proyectos de ley estatutaria, que hoy están radicados en la Comisión Primera del Senado.

Los proyectos son el 048 de 2012 del presidente del Senado Roy Barreras; el 105 de 2012, presentado por la Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud, coalición que reúne a diferentes organizaciones y personalidades interesadas en cambiar el sistema de la Ley 100 (20 parlamentarios, sindicatos y representantes de pacientes terminales, entre otros); el 112 de 2012 del senador Luis Carlos Avellaneda y el proyecto 059 de 2012, del que son ponentes los representantes a la Cámara Holger Díaz Hernández, Rafael Romero Piñeros y Marta Cecilia Ramírez.

Todo quedó para el próximo año, cuando el Congreso tendrá que definir un solo proyecto que, en caso de ser aprobado, afrontará una revisión por parte de la Corte Constitucional. El alto tribunal tendrá un plazo de seis meses para realizar la tarea y podría devolver el texto con o sin modificaciones o simplemente hundirlo. Un paso obligatorio teniendo en cuenta que se trata de una norma que establece el tratamiento a los derechos y deberes fundamentales de las personas, y los procedimientos y recursos para su protección.

Un informe del programa Así Vamos en Salud –que promueven las fundaciones Corona, Saldarriaga Concha, Restrepo Barco, Bolívar Davivienda, Éxito y Santa Fe de Bogotá, así como de la Universidad de Antioquia--, revela que los cuatro proyectos que proponen la existencia de una ley estatuaria para la salud tienen varios puntos en común. Por ejemplo, dan un rol y organización distinta a las EPS y buscan que la salud sea vista como un derecho fundamental, con lo que eso significa. Dos iniciativas profundizan el modelo de mercado regulado, que supone estabilizar financieramente al Estado, y las otras dos buscan cambiar esa estructura del sistema con un Estado que tenga un papel más prominente.

De acuerdo con el Gobierno, el 97 % de la población está carnetizada, por ello los cuatro proyectos plantean declarar la universalidad del servicio. Eso quiere decir que al igual que en Costa Rica y Brasil, en Colombia cualquier persona debe ser atendida solo con el número de su documento de identidad, sin ninguna clase de carné.
Además de la universalidad del servicio, los proyectos de ley coinciden en la prioridad que deben tener los niños a la hora de ser atendidos. También en abordar el rol que deben tener las EPS, pero no hay coincidencia en cuál y cómo debe ser dicho papel.

“Proponemos un pagador único público, que sea el responsable de pagar de manera directa a todos los agentes del sistema. Este pagador debe ser el Estado y no ningún intermediario. En ese sentido, se cambia el rol de las EPS que evolucionarán hacia un modelo distinto de operadores de beneficios del sistema. Esos operadores se limitarían a tramitar procedimientos para verificar cuentas y saber si los tratamientos y procedimientos se hicieron adecuadamente; pero quien asume el pago debe ser el Estado”, explica Roy Barreras, autor y ponente de una de las mencionadas iniciativas.

Por su parte, el proyecto 105 del 2012, presentado por la Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud, propone un fondo único y unas EPS que solo se dediquen a administrar el aseguramiento (coordinar el servicio médico, hospitalario, etc), tarea por la cual podrían recibir un 8 % del total de los ingresos por cuenta de la UPC (Unidad de Pago por Capitación). “Las EPS no son necesarias y solo hay ocho países que las tienen en el mundo”, según explica Pedro Santana, presidente de la Corporación Viva la Ciudadanía, una de las organizaciones de la alianza.

La iniciativa del senador Luis Carlos Avellaneda señala en este punto que todos aquellos organismos privados que concurran a la prestación de servicios en salud deben ser instituciones sin ánimo de lucro. Y el proyecto 059 de 2012, propone un sistema mixto en el que las EPS sean consideradas como parte integral del sistema de salud.
El programa ‘Así Vamos en Salud’ indagó también qué piensan algunos actores del sector sobre los proyectos que cursan en el Congreso. Para Ana Cecilia Santos, vicepresidenta jurídica de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), ninguno de los proyectos logra aún con claridad la concreción del derecho a la salud.

En su concepto lo más importante no es cambiar el sistema de salud, es regularlo. “En la actualidad no hay una definición sobre el alcance del derecho a la salud en su faceta fundamental, por lo cual la población debe acudir al juez de tutela para que en cada caso determine el derecho. Esto genera inequidades importantes en el acceso y un trato discriminatorio frente a la población que pueda tener la misma necesidad pero no accede a los mecanismos judiciales para su protección”.

En cuanto a la discusión sobre la pertinencia o no de la participación del sector privado en la salud, debido a que en algunos proyectos se plantea su eliminación, opina: “Si bien la Constitución Política permite dicha participación, es necesario hacer un debate abierto y público sobre la necesidad o posibilidad de establecer límites a las utilidades o excedentes que se generen en la provisión de dispositivos médicos y medicamentos, prestación de servicios de salud y labores de aseguramiento, para mantener el concepto social del sistema”.

Mientras tanto, Néstor Álvarez, representante de la Asociación de Pacientes, es más tajante sobre la función de las EPS: “Cuando la salud está predispuesta a que la primera puerta de entrada sea una factura, ahí está el problema. Un servicio que ha sido facturable, que es cuantificable, en 20 años nos ha mostrado que es una barrera de acceso que ha cobrado la vida de muchas personas”.

De cualquier manera, el Congreso de la República tendrá la última palabra. Y en 2013, tal y como viene sucediendo con la reforma tributaria o como sucedió con la fracasada reforma a la justicia, el tema de los cambios al sistema nacional de salud estará en el centro del debate, en medio de u tire y afloje donde el Gobierno, los congresistas y los privados vinculados al sector jugarán sus cartas, mientras los colombianos solo estarán a la espera de que no haya más ‘paseos de la muerte’ o que la atención médica sea de verdad de calidad para todos y no privilegio de unos pocos.

* Con información del programa ‘Así Vamos en Salud’