La talanquera a la verdad

‘Pablo Catatumbo’, miembro del equipo negociador de las Farc, criticó el Marco para la Paz. / EFE

Sobre la base de que el Estado no puede ser juez y parte, las Farc definitivamente no quieren saber nada de la justicia colombiana. Esa es la idea que impera entre los delegados de la guerrilla en las negociaciones de paz con el gobierno Santos en La Habana, y por esa razón no creen que el Marco Jurídico para la Paz —por resolverse en la Corte Constitucional en los próximos días— pueda ser una herramienta útil para llegar a un acuerdo de cese definitivo del conflicto. Por el contrario, su idea es insistir en una comisión de la verdad que evalúe por igual los efectos causados por la guerra entre el Estado y la insurgencia.

A las Farc no les suena la exigencia del Gobierno de que tienen que darles la cara a sus víctimas, y mucho menos que a sus delegados les pongan al frente a secuestrados o familiares que resultaron afectados por sus acciones violentas. Por eso prefieren igualar las cargas y que, de insistirse en las verdades del conflicto armado, se evalúen también las que le corresponde reconocer al Estado. Es más —comentó una fuente—, la guerrilla cree que no sólo deberían examinarse las acciones ilegales perpetradas por agentes de la Fuerza Pública y los organismos de seguridad, sino incluso la postura de otros actores de la sociedad.

Por ejemplo, que quede claro qué fue lo que sucedió en la violencia partidista de los años 40 y 50, y cuál fue el papel desempeñado por los medios de comunicación, la Iglesia, los empresarios y hasta otros gobiernos. En otras palabras, una especie de revisión histórica que, según la guerrilla, vaya más allá de los balances del Grupo de Memoria, el cual en su informe recalcó especialmente la responsabilidad de las Farc en la comisión de múltiples delitos, en particular el secuestro. Una evidencia que la organización pretende abordar desde su propia interpretación, muy distinta a la que busca darle el Estado colombiano.

La visión del Gobierno, de alguna manera interpretando el sentir de la sociedad, es que ya no es posible hacer a un lado la justicia y que los estándares internacionales de protección de los derechos humanos exigen también verdad, reparación y garantías de no repetición. Además, en el contexto de la seguridad nacional no es viable pensar siquiera en desempolvar archivos judiciales, ni mucho menos someter al Estado al juicio de la insurgencia. Una encrucijada que complica aún más la definición de la participación política de las Farc, sin que antes se resuelva el asunto de las cuentas pendientes con la justicia.

En el fondo, la guerrilla sabe que tiene que aceptar que hay condenas, y que la Corte Penal Internacional es una exigencia para el Estado. En sus declaraciones públicas prefieren insistir en perfeccionar las normas del derecho internacional humanitario, atendiendo las experiencias y particularidades de una confrontación tan compleja como la colombiana. Además asumen que una fórmula viable podría ser la suspensión de las penas. Lo que parece utópico es que quieran acomodar una comisión de la verdad para imponer su tesis de por qué se alzaron en armas en un contexto de violencia nacional.

Como lo anotó el analista político y profesor universitario Jairo Libreros, es claro que, como mecanismo de justicia transicional, el Marco para la Paz les resulta incómodo a las Farc porque restringe su espacio para negociar los términos sobre su participación política y la reparación de los daños de un conflicto tan prolongado. En otras palabras, porque pone a la guerrilla contra la pared. Y al otro lado están las víctimas, cuyos derechos ya no constituyen una opción, son una exigencia. En esos términos, lo acojan o no, el Marco para la Paz va a ser determinante si se quiere seguir avanzando hacia un acuerdo definitivo.

Por ahora, es claro que a la guerrilla le interesa más seguir ventilando ideas de lo que cree esencial como plataforma mínima de participación política. Esta semana, por ejemplo, las Farc se despacharon con dos catálogos: uno con diez propuestas para la democratización de la información y los medios de comunicación, y otro con ocho para su inserción en la política regional que, definitivamente, apunta a ser su objetivo a corto plazo, en caso de concretarse la firma de la paz. Es en este último aspecto donde se advierte que más que curules en el Congreso, lo que las Farc buscan por ahora es incidir en el poder local.

Su insistencia en la creación de una cámara territorial para sustituir a la actual Cámara de Representantes es una clara demostración del precio que quieren hacerle pagar al Estado para terminar su guerra. En este escenario, con variables tales como un fondo de compensación para superar las desigualdades sociales regionales o la constitución de un consejo de participación territorial como soporte de una nueva organización político-administrativa del Estado, las Farc quieren reinventarse en el posconflicto. Una visión para quedarse en las regiones donde han librado su guerra.

Como en cualquier negociación, lo demás son las pretensiones para subir la vara. Circunscripciones territoriales, curules para la paz, cupos para las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, ordenamiento territorial, censo de tierras, zonas de reserva campesina y, en general, todo un inventario de exigencias para el país rural en el que creen. Eso sí, con su acostumbrada cuenta de cobro por el abandono estatal y la pobreza, pero sin admitir que su violencia también ha contribuido al desajuste y el atraso de muchas regiones. Es decir, que el Estado se adecúe a su modelo político.

El problema es que, lo asuman públicamente o no, la participación política de las Farc en el contexto democrático colombiano tiene mucho que ver con reformas sociales e institucionales, pero no pueden eludir las exigencias internacionales de hoy en materia de negociaciones de paz. En otras palabras, los estragos que ha dejado la confrontación ya no pueden mirarse de soslayo y para eso se diseñaron los mecanismos de justicia transicional. En el contexto actual, esa opción es el Marco para la Paz que, aunque no les gusta a las Farc, va a ser el soporte constitucional para que el Estado pueda pactar con ellas.

Este fin de semana concluyó el duodécimo ciclo de conversaciones entre el gobierno Santos y las Farc en La Habana, y el reloj continúa su marcha. La meta del presidente Santos es que en noviembre esté listo algo que pueda facilitar su decisión de buscar un segundo mandato. Hasta el momento hay un acuerdo agrario que tendrá que pasar por leyes y decretos. El tema de la participación política ha demostrado que la solución no es tan fácil. Y la razón es una sola: este es el tiempo de las víctimas y, a diferencia de otras épocas, ellas no van a declinar sus derechos.

Las víctimas son prioridad

Los tiempos han cambiado y los parámetros de justicia internacional han impuesto nuevas realidades que se hacen evidentes en la negociación de paz que adelantan el Gobierno y las Farc en La Habana (Cuba). No hay acuerdo posible sin que a las víctimas se les garantice el acceso a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Por eso, para plantear un diagnóstico previo del impacto del conflicto en las regiones, las Naciones Unidas y las comisiones de paz del Congreso presentarán el informe final de las audiencias realizadas a lo largo del país que reúne las voces de las víctimas y que será enviado a la mesa de diálogo en La Habana. Además, tal como ha planteado el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, se busca que una comisión de víctimas vaya a Cuba a expresar su punto de vista a los equipos negociadores.

El problema de los tiempos

Desde que el presidente Juan Manuel Santos anunció el inició de los diálogos de paz, advirtió que no tendrán un tiempo ilímitado y que sus avances se medirían en meses y no en años. No obstante, los diálogos se han dilatado más de lo esperado y de los cinco puntos planteados en la agenda de negociación, sólo se ha abordado la política agraria y está en discusión la participación política.

El mandatario se ha puesto como meta llegar a un acuerdo en noviembre, fecha en la que se podría garantizar el trámite de las leyes que les permitan a las Farc dejar las armas y lanzarse a la arena electoral, no obstante los acuerdos no llegan y según se ha conocido en el Gobierno, consciente de que su principal apuesta es la paz, ya está contemplando extender los tiempos sobre la certeza de que se va a logar la firma del acuerdo.