Tema carcelario aleja a Fiscalía y Minjusticia

Foto: DAVID CAMPUZANO 2012

El caos penitenciario en el país no da espera. En las cárceles del país hay 119.300 reclusos en condiciones deplorables, las cifras oficiales reflejan un hacinamiento superior al 56% y no hay medidas de fondo que apunten a una solución pronta. Por el contrario, las últimas leyes que se han aprobado y las que se encuentran en trámite en el Congreso plantean aumentos de penas que se ven reflejados en peores condiciones de reclusión. Para tratar de paliar la crisis el Ministerio de Justicia presentó una reforma al Código Penitenciario y Carcelario pero en su tercer debate recibió una serie de críticas que amenazan con su hundimiento.

Los reproches hacia el contenido del Código los hizo el vicefiscal, Jorge Perdomo, quien en debate manifestó que la iniciativa mantiene los rasgos generales del sistema actual y advirtió que de aprobarlo con el articulado como está, se perdería la oportunidad hacer un cambio radical que realmente conduzca a reducir el hacinamiento.
“El proyecto habla de incentivos para la libertad pero al leerlo nos damos cuenta que hace todo lo contrario y considera que la única solución es la cárcel. Plantean la construcción de centros penitenciarios que solo impactarían en 1% la sobrepoblación, limitan los subrogados penales que han permitido a 28 mil personas recuperar la libertad, pero poniéndolo en práctica solo serán 4 mil”, manifestó Perdomo.

El vicefiscal, aunque aclaró que no quería “pelear” con el Ministerio de Justicia, no escatimó críticas contra el Código Penitenciario planteó la posibilidad de que se implementen mecanismos de detención abiertos en los que los reclusos pueden salir, trabajar y volver a las cárceles en la noche. Semiabierto en el que puedan salir los fines de semana y cerrado que es el que impera en Colombia. También planteó la posibilidad de intervenir las comunicaciones de los reclusos, siempre y cuando no se trate de temas referentes a su estrategia de defensa.
Como de diplomacia se trata, el Ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, antes de defender el Código Penitenciario advirtió que la discusión se trata de argumentos y no de peleas con la Fiscalía y pidió “bajar la temperatura del debate”. Dejó claro que está recién posesionado como ministro y que no conoce a profundidad el contenido del Código. Sin embargo, defendió la socialización en foros a lo largo del país y la discusión en los dos debates en la Cámara de Representantes.

Frente al tema penitenciario afirmó que “para ir dejando sentadas algunas bases, yo no he dicho que este proyecto sea la gran panacea ni el único instrumento para la solución de la problemática penitenciaria, es solo una media de otras que tienen que ser acciones administrativas. El problema del hacinamiento lo resolvemos o lo resolvemos”.

Con la experiencia que le da haber ocupado cargos en las tres ramas del poder público, incluso como Fiscal General, se mostró dispuesto a debatir a profundidad el Código, dejando claro que un tema como este, en el que se plantean excarcelaciones masivas puede ser objeto de críticas mediáticas para quienes consideran que los únicos mecanismo de sanción son la detención.

Con tacto, el ministro hizo responsable a la Fiscalía de gran parte del hacinamiento carcelario. “Al país se le vendió la idea de que el sistema acusatorio iba a evitar los abusos de la detención preventiva y hay un 35% de detenidos con preventiva. Con la autoridad que me da el hecho de no ser uribista, con el argumento que es peligroso, porque es muy educado, porque sabe inglés, los tienen en prisión, ese es el caso de Andrés Felipe Arias”, dijo Gómez Méndez.

Palabras más, palabras menos, el ministro hizo referencia a las solicitudes de detención preventiva que hacen los fiscales y que son avaladas por los jueces. Tal como planteó, una tercera parte de la población de las cárceles está detenida por sin que haya una sentencia, pasando por alto el presunción de inocencia.
Más allá de las evidentes diferencias entre la Fiscalía y el Ministerio de Justicia es claro que el Código Penitenciario no la tendrá fácil para ser aprobado, ese es el ambiente en la Comisión Primera del Senado. El congresista John Sudarsky planteó que “la intervención del vicefiscal es demoledora y es necesario hacer un análisis a profundidad”. El conservador Roberto Gerleín afirmó que “lo que veo es que si el proyecto pretende acabar con el hacinamiento y no es así nos están haciendo perder un tiempo valiosísimo. Y mucho me temo que vamos hacia allá”.

A la defensa del Código salió el senador Jesús Ignacio García quien criticó al vicefiscal Perdomo al afirmar que “soy enemigo de las actuaciones ilícitas en el proceso, un sujeto no pierde los derechos por ser recluso, hoy sí se pueden escuchar las llamadas con una orden judicial, eso no se puede dejar al arbitrio de los penitenciarios, haciendo referencia a la propuesta de ‘chuzar’ las llamadas”.
Además expresó su molestia por el planteamiento de poner en libertad de tajo 28.000 reclusos. “Si el señor vicefiscal va a asumir el costo político de una decisión de este tipo, que lo haga, pero que después la opinión pública no venga a decir que somos nosotros los congresistas los que queremos dejar en libertad a los peores delincuentes”. Para el senador, ese muerto no se lo pueden echar al legislativo.

Para salvar la iniciativa se conformó una comisión especial que decidirá si es o no viable el trámite de la ley, pero lo que queda en evidencia, nuevamente, es que en materia de política penitenciaria Ministerio y Fiscalía tiene visiones radicalmente diferentes.