Una seria preocupación ronda la Casa de Nariño: las locomotoras más importantes del plan de gobierno —la minero-energética y la agrícola— están a punto de chocarse por la política de adjudicación de terrenos baldíos. El problema consiste, a grandes rasgos, en que actualmente la ley establece como terrenos inadjudicables los que se encuentren en un radio menor a 5 kilómetros de un pozo petrolero, una concesión minera o un parque nacional. En estos términos, y entendiendo que prácticamente todo el país está concesionado o con solicitud de concesión, la política de desarrollo rural del Gobierno, que promete entregarles tierra a los campesinos, se irá al traste. (Ver gráfico).
En este contexto, la senadora Alexandra Moreno Piraquive, del Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA), presentó un proyecto de ley que pretende reformar el artículo 67 de la Ley 160 de 1994, en el cual se establece que “no serán adjudicables terrenos baldíos situados dentro de un radio de 5 kilómetros alrededor de zonas donde se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables”.
La iniciativa propuesta por la senadora Moreno Piraquive, que inicia su tránsito hoy en la Comisión Quinta del Senado, modifica el artículo mencionado y sostiene que “no serán adjudicables los terrenos (...) situados dentro de un radio de 1.000 metros alrededor de las zonas donde se adelanten procesos de explotación de recursos naturales no renovables”.
Para Jhenifer Mojica, subgerente de tierras del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), el problema consiste en que el 40% de la población rural no tiene una relación formal con la tierra en la cual está radicada. Eso quiere decir que una gran porción no tiene títulos. “Por eso el Gobierno se ha propuesto un proyecto de formalización de la propiedad. Sin embargo, el perímetro de reserva en torno a las zonas de explotación de recursos no renovables hace que se limite notoriamente la posibilidad de formalizar la propiedad de los campesinos que están asentados en ellas”, explicó la funcionaria.
Pero la cosa no para allí. El Ministerio de Minas y Energía envió un carta a la senadora y le pidió mantener el radio de 5 kilómetros. Su argumento es que el sector minero-energético hace un importante aporte a la economía nacional y a la generación de empleo. “Si bien la industria agrícola hace un aporte considerable al PIB, no resulta en nada comparable con el obtenido por la explotación de minas y canteras y evidentemente casi imperceptible frente a la producción de hidrocarburos”, arguye la comunicación.
Además, advierte la misiva firmada por Claudia González, secretaria general del ministerio, permitir el asentamiento de personas en un área tan reducida pone en riesgo su vida y su salud, ya que estas actividades emplean explosivos y producen variaciones en los terrenos.
A su vez, el Ministerio de Minas advierte que esta iniciativa se encontraba incluida en el Estatuto de Desarrollo del pasado gobierno, el cual fue declarado inexequible por la Corte Constitucional por considerar que no se había cumplido con la consulta previa a las minorías étnicas.
A pesar de la recomendación de la cartera de Minas, el proyecto acogió el concepto del Ministerio de Agricultura, según el cual “ampliar como lo hacía el proyecto de ley en discusión esta restricción a 5 kilómetros, no tiene fundamento alguno y resultaría enormemente lesivo de las comunidades campesinas y de la política de formalización de tierras del gobierno nacional”. Para la senadora Moreno Piraquive “los dos ministerios están presentando sus posiciones pero para nosotros está claro que la tierra debe servir para suplir las necesidades sociales. Venimos trabajando desde hace años en este proyecto de ley y esperamos que el gobierno tomé una decisión frente al tema, sin embargo creemos que se debe modificar el artículo de acuerdo a las necesidades sociales”.
Así las cosas, es evidente que la locomotora del agro y la de hidrocarburos y minería se encuentran en direcciones encontradas y que el pulso por los terrenos baldíos, que le pertenecen al Estado, será entre las dos carteras en el Capitolio Nacional. Los congresistas, pues, decidirán, en el curso de los cuatro debates que le corresponden al proyecto de ley, cuál de los dos ministerios tiene la razón. Al final de cuentas, resolverán quién tiene prevalencia sobre los baldíos: si los campesinos o las transnacionales de minas y energía.