En Tierralta (Córdoba) impera la 'ley del silencio': Defensor del Pueblo

Luego de haberse reunido con líderes comunitarios, indígenas, campesinos y docentes de Tierralta, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, dijo que la población está cercada por los grupos armados ilegales, que en varias ocasiones les han impuesto horarios para su movilización, la prohibición del uso del celular y el acceso a las autoridades.

Otálora Gómez visitó durante dos días a la región del Alto Sinú, en compañía de la Representante en Colombia de ACNUR, Terry Morel y los ciudadanos le manifestaron el temor a presentar las denuncias para evitar ser objetivo del accionar de los grupos armados tanto de la guerrilla de las Farc como de las autodenominadas Águilas Negras, que operan en esa región del país.

Defensoría había advertido sobre hechos de violencia que terminaron con la vida de varios líderes de la región. Los hechos más recientes ocurrieron durante el fin de semana pasado en los murieron un ganadero, un profesor y un mototaxista, con lo que la cifra llega a 14 personas asesinadas en el Alto Sinú en lo corrido del año.

El Defensor del Pueblo llamó la atención sobre las denuncias hechas por los docentes en relación con la exigencia que les hacen los grupos armados de entregarles una parte de su salario.

Además de los crímenes selectivos, el Defensor recibió denuncias de la comunidad relacionadas con el desplazamiento forzado y el confinamiento de comunidades indígenas por cuenta de las minas antipersonal.

Otálora Gómez dijo que ve con gran preocupación que debido a la ‘ley del silencio’ que impera en Tierralta, los habitantes se ven imposibilitados para denunciar estos hechos que atentan contra sus derechos.

Ante este panorama, el Defensor del Pueblo aseguró que está recopilando toda la información para hacer las denuncias correspondientes y así convocar al Ministerio de Defensa y a la nueva cúpula de las Fuerzas Militares para pedirles, de manera urgente acciones para proteger a la población civil.

Además, lamentó el abandono estatal en el que se encuentra esta zona del país que sucumbe ante la intimidación y la poca credibilidad que tienen las distintas entidades del Estado, por tal razón aseguró que la Defensoría del Pueblo está haciendo presencia con defensores comunitarios en todo el territorio nacional, para ofrecerles acompañamiento a las comunidades que consideran violentados sus derechos.