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Rodrigo Londoño, representante del recién creado partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, envió una carta al presidente Juan Manuel Santos pidiéndole que se reúnan cuanto antes. Lo hizo por el descontento generalizado que hay en la exguerrilla tras los cambios con los que quedó la ley estatutaria de la JEP, después de que el Senado la aprobara, tras largas dilaciones, el pasado miércoles en la noche.
La misiva la mandó a Santos, porque “más que preocupaciones, los integrantes del nuevo partido nacido a la vida política como consecuencia del cumplimiento de todo lo pactado en La Habana, estamos alarmados en máximo grado, ya no solo por los incumplimientos por parte del Estado en múltiples materias acordadas, sino sobre todo por la osadía con que distintas instituciones vienen actuando en contradicción abierta con el acuerdo final, hasta el punto de modificarlo en aspectos esenciales”.
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Se refiere, pues, a los cambios hechos por el Senado en la ley estatutaria de la JEP, como el de las inhabilidades a los magistrados (ya elegidos) que conformarán los tribunales de la Jurisdicción Especial para la Paz. La que más críticas ha generado, no solo por parte de la exguerrilla, sino también por organizaciones sociales y de víctimas, es que los defensores de derechos humanos no podrán ejercer como magistrados de los tribunales encargados de juzgar los crímenes cometidos durante cincuenta años del conflicto armado colombiano.
Timochenko dijo que tales cambios se configuraron en una “especie de renegociación extemporánea y unilateral de lo que tanto esfuerzo nos ocasionó acordar en cinco años de intensos debates en la mesa de conversaciones”.
Por eso, el máximo líder de la exguerrilla, le pidió a Santos que se encuentren de manera “urgente” para “hallar la fórmula para cuidar, construir y consolidar la paz que con tantas dificultades sellamos en los acuerdos de La Habana. Vientos de temporal soplan sobre el proceso de paz colombiano y consideramos urgente hallarles salidas razonables”.
La carta al secretario general de la ONU
Además de manifestarle su preocupación a Santos, Timochenko envió otra carta abierta a António Guterres, secretario general de la ONU, misiva que escribió después de que Jeffrey Feltman, secretario general adjunto de Naciones Unidas para Asuntos Políticos, concluyera su visita al país el pasado miércoles.(Lea aquí: Incumplir acuerdo de paz no será aceptado por la comunidad internacional: Jeffrey Feltman).
En la carta dirigida a Guterres, Londoño cita las preocupaciones que manifestó Feltman en cuanto a la implementación del acuerdo de paz: el estado de la reincorporación de los miembros de las Farc, la situación de seguridad en las antiguas zonas de conflicto y las incertidumbres legales para los miembros desmovilizados de la exguerrilla. Aunque profundizó de manera particular en la tercera de tales preocupaciones, debido, al igual que lo dijo en la carta a Santos, al fallo de la Corte Constitucional y a la aprobación del Senado a la estatutaria de la JEP.
Aseguró sentirse sorprendido “en sentido negativo” por la decisión del Senado de hacer cambios a la JEP, a pesar de que esta ya había sido aprobada el pasado 13 de marzo. “Abusando ostensiblemente de su misión, el Senado colombiano ha procedido a pervertir lo aprobado en La Habana y en el acto legislativo. En estos se contempló un procedimiento para la escogencia de los magistrados que integrarían la JEP, para cuya designación el cuerpo internacional de altísimas calidades que se integró debía tener en cuenta que los candidatos cumplieran con los mismos requisitos para ser magistrados de las altas cortes colombianas”.
También criticó que las futuras investigaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz ya no solo excluyan a los expresidentes, sino a otros funcionarios públicos, como congresistas, ministros, gobernadores, entre otros. Y que el Senado aprobara que “los políticos de los partidos tradicionales condenados judicialmente por vinculaciones con grupos paramilitares de asesinos, puedan aspirar libremente al ejercicio político y por ende presentarse como candidatos a corporaciones públicas”, algo que calificó como “una consagración infame de desconcertante impunidad”.
Timochenko pidió al secretario general de la ONU para que permita que Naciones Unidas y el Consejo Seguridad del organismo internacional que intervenga en la implementación, y citó de nuevo a Feltman cuando dijo que “el no cumplir con este compromiso esencial, después de la entrega de las armas, tendría repercusiones muy graves para el proceso y no sería entendido ni aceptado por la comunidad internacional”.
Por su parte, Jesús Santrich, también miembro del partido FARC, señaló que la Corte Constitucional no está haciendo interpretaciones, sino que está “legislando y cambiando lo pactado”. “La misma institucionalidad está empujando el acuerdo hacia el barranco del fracaso. Es más complejo que las negociaciones porque se trata de un acto de perfidia, es decir, nos desarmaron y ahora nos engañan. Nos llevan hacia determinaciones que contravienen lo pactado”, dijo Santrich.