Lo atípico no parece ser sólo las elecciones de Tumaco, sino también que el municipio vive un convulsionado escenario de orden público y social. Por eso, el Ministerio del Interior encabeza una comisión de seguimiento electoral en la que participan diferentes entidades nacionales para asegurarse que todo se realice sin mayores tropiezos.
Todos los indicadores anuncian altos riesgos electorales en un proceso que costará, inusualmente, más de $2.000 millones. En este sentido, la comisión concluyó que ante la situación de orden público se desplegará un dispositivo especial en el que participarán más de 500 miembros de la Policía, además de funcionarios de la Registraduría y observadores de la Misión de Observación Electoral (MOE).
Asimismo, según informó el viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez, se definió llevar un “dispositivo especial para los puestos de votación cercanos a la zona veredal transitoria, para que los 300 votantes potenciales que hay en esa región puedan acudir a las urnas sin ningún traumatismo”. De igual manera, Gómez dijo que ya se están desplazando más de 50 funcionarios de la Registraduría desde el Valle del Cauca para apoyar la jornada y que la Policía está previendo los mecanismos permanentes para asegurar que no haya disturbios.
Valga señalar que en las últimas semanas se han dado intensas protestas cocaleras, que han dejado un muerto e incontables heridos y daños materiales. La causa ha sido el plan de erradicación forzada de cultivos desplegado por la Fuerza Pública y el Ministerio de Defensa ante el alarmante aumento del número de hectáreas cultivadas con coca, con el agravante de que al mismo tiempo se viene adelantando el Plan de Sustitución Voluntaria. Esa doble estrategia ha intensificado las protestas.
En conclusión, la jornada electoral del domingo en Tumaco será agitada. Y ante el alto riesgo electoral, el Gobierno y las entidades encargadas de garantizar el normal desarrollo de la elección del nuevo alcalde están alertas sobre el reto que se viene. Tal es el riesgo que se decidió realizar unas caravanas para acompañar el material electoral en tres puestos de votación donde, por situaciones de orden público, no pueden ser atendidos directamente por la Registraduría.