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Desde que las Farc firmaron la tregua unilateral en junio de 2015, se mitigaron los atentados contra la Fuerza Pública, un hecho esperanzador que hizo pensar a muchos que se reducirían las estadísticas por muertes violentas en un municipio como Tumaco (Nariño), históricamente afectado por la violencia. Sin embargo, las cifras oficiales de homicidios en los últimos meses hacen pensar que, más allá de la decisión de cesar las acciones guerrilleras, la crisis humanitaria y social es más profunda.
Al respecto, la Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco prendió las alarmas por los factores de riesgo de cruda violencia que se están viviendo en esa localidad. La principal preocupación responde a un desbordado aumento de los hechos violentos que han terminado en homicidios en lo que va corrido del año. Entre enero y el pasado 4 de agosto hubo 77 asesinatos, llegando a 16 muertes violentas sólo en julio.
La radiografía del crimen es más preocupante cuando se analizan algunos casos puntuales de los homicidios registrados. Uno de los episodios más aterradores da cuenta del asesinato de tres niñas menores de edad, de 14 a 16 años, que fueron desaparecidas el 22 de junio pasado y encontradas el 25 de junio asesinadas, amarradas y dos de ellas con tiros de gracia, en una zona de manglar del municipio. En otro hecho, el 24 de julio dos personas murieron luego de haber sido lanzado un artefacto explosivo a un taxi.
Aun así, la situación puede ser más caótica, de acuerdo con los habitantes del municipio. Varias personas han afirmado a las autoridades que “a los muertos los tiran al agua y les amarran objetos pesados para que no los encuentren”, lo cual hace pensar que el número de personas asesinadas este año podría ser mayor. De hecho, este latente riesgo para la población es más evidente al tener en cuenta que la tasa de homicidios, según la Alcaldía, ya llega a 39 por cada 100.000 habitantes.
A este complejo panorama se suma otro agravante: la aparición de varios panfletos amenazantes que han sembrado el terror entre la ciudadanía. Uno de los volantes que han circulado desde mediados de julio está suscrito por la autodenominada Organización Sicarial del Pacífico y en él anuncia que “llegó un plan limpieza”. Otro está firmado por las Auc y alerta que “hemos llegado al casco urbano con el fin de acabar con los milicianos y colaboradores de las Farc”.
Pero el pánico colectivo se agudizó el pasado 3 de agosto, cuando circuló en el municipio un nuevo panfleto de un grupo que se hace llamar Gente de Orden, donde advierte a los ciudadanos que “queda rotundamente prohibido colaborarles a personas extrañas que lleguen con el fin de dañar o manchar la imagen del pueblo con métodos conocidos como extorsiones, robos, desplazamiento forzosos y asesinatos”.
A propósito del desolador panorama, la alcaldesa, María Emilsen Angulo, le envió el pasado 5 de agosto una carta al presidente Juan Manuel Santos solicitándole tomar las medidas necesarias para frenar la escalada de violencia e inseguridad en su municipio. “Tumaco ha sido y sigue siendo, señor presidente, uno de los territorios más golpeados por los diferentes grupos armados ilegales, quienes han dejado una dolorosa herencia de sangre, dolor y pobreza en miles de nuestras familias; y hoy son alarmantes las manifestaciones de violencia que padecemos. Nuestra situación es igual o peor que la vivida en los tiempos más fatigosos de esta crisis que originó el conflicto armado colombiano”, aseguró.
Y aunque el gobernador de Nariño, Camilo Romero, ha intervenido convocando a una serie de consejos de seguridad para esclarecer los recientes asesinatos, los acontecimientos de terror y violencia hacen evidente la necesidad de una intervención directa por parte del Gobierno Nacional.
Sorprende este fenómeno de violencia pues Tumaco es uno de los municipios que tendrán una de las 23 zonas de concentración donde estarán ubicadas las tropas de las Farc en desarrollo del proceso de desmovilización y desarme. Por eso, lo cierto es que, ante la inminente ubicación de la guerrilla en los sectores rurales del municipio, la ONU, representantes del Gobierno y los delegados de las mismas Farc deberán tomar cartas en el asunto para salvaguardar a la población civil y evitar que estos factores de violencia enrarezcan el ambiente en torno al proceso de paz que está por finiquitarse en Cuba.