:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/6GRpW-feezPz0TGftvYe1nbUPvQ=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/W7LPXU7LFNHX3AD5S67OE7CQUA.jpg)
Hay que blindar la tutela. Ese fue uno de los temas que se abordaron durante el encuentro que sostuvieron el presidente Juan Manuel Santos y su equipo de Gobierno con los magistrados de las altas cortes y congresistas, el miércoles en la noche, cuando arreciaba el escándalo protagonizado por el magistrado Jorge Pretelt, quien fue denunciado por presuntamente haber cobrado $500 millones a Fidupetrol a cambio de favorecerlos con el fallo de una acción de tutela. La preocupación es evidente, pues esta herramienta, que se creó para defender los derechos de los ciudadanos, se está empleando para resolver pleitos entre poderosos.
Es un tema que el Gobierno está en mora de abordar, y así lo reconoció el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, en una audiencia pública en la que explicó las modificaciones que se harán a la reforma de equilibrio de poderes, respecto de la cual reconoció que uno de los temas que no incluye, pero que está pendiente, es la tutela. Asimismo hizo referencia a los choques de trenes por la presentación de tutelas contra sentencias judiciales y a su uso indebido para solucionar conflictos económicos.
El ministro Cristo, en diálogo con El Espectador, reconoció que es un tema del que se ha hablado. “En este momento es importante blindar a la Corte Constitucional de los que apuestan al colapso institucional, y en esa medida también hay que proteger la tutela como mecanismo de defensa de los derechos. Hablaremos con los magistrados sobre qué medidas debemos tomar, pero en principio creo que se podría realizar con una ley estatutaria o que las mismas cortes, a través de su jurisprudencia, la reglamenten. El diálogo lo tenemos que hacer con respeto a la independencia de la rama”.
Lo cierto es que no es la primera vez que se contempla la posibilidad de reformar la tutela, su funcionamiento y sus alcances. Incluso, la primera parte del trámite de la fracasada reforma a la justicia de 2012, que terminó en escándalo y fue objetada por el presidente Juan Manuel Santos, planteaba, entre otras cosas, que se reglamentaran las competencias entre jueces y tribunales y que cuando se presentara este recurso contra sentencias se hiciera ante el superior del juez y sólo por un abogado titulado, lo que fue calificado como una evidente restricción del derecho ciudadano a acceder a la justicia vía tutela, así que el intento fracasó.
Aunque no hay una propuesta sobre la mesa, es un tema que están considerando el Gobierno, el Congreso y las cortes. Hay tres puntos a los que apuntaría una reforma: enfrentar la congestión judicial, en especial en las altas cortes, que están atiborradas de procesos que deben ser resueltos en corto tiempo; la tutela contra sentencias judiciales, y las tutelas por intereses económicos.
A este tema se refirió la presidenta (e) de la Corte Constitucional, María Victoria Calle, quien en medio de la crisis manifestó que los asuntos económicos deberían ser materia de insistencia sólo si su selección sacrifica intereses de personas vulnerables. No obstante planteó que, si de su definición depende el desarrollo de la jurisprudencia, la insistencia es necesaria.
La intención de modificar el funcionamiento de la acción de tutela es una cuestión que no ha sido bien recibida. Como plantea el exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, “han querido quitarle toda la eficacia y eso no lo podemos permitir. Por causa de unos abusos no se debe tocar la tutela. La encargada de definir los alcances es la Corte, que sienta doctrina con su jurisprudencia. Tocarla puede dejar el sistema sin posibilidad de defensa de los ciudadanos”.
El exsenador Luis Carlos Avellaneda, quien fue uno de los fuertes críticos a los intentos de reforma que llegaron al Congreso, también defendió la tutela. “Es un instrumento para la defensa de los derechos fundamentales y muchas personas han podido reclamarlos por esta vía. Cualquier intento de modificarla sería tan complejo como eliminar de la Constitución que Colombia es un Estado social de derecho”, aseguró.
Como viene ocurriendo desde el primer gobierno del expresidente Álvaro Uribe, en 2002, cuando su ministro de Interior y Justicia, Fernando Londoño, trató de cortar el ámbito de aplicación de la tutela, los intentos siguientes, a través de reformas a la administración de justicia, fracasaron en su trámite durante los dos mandatos de Uribe, así como el que trató de hacer el gobierno Santos en la cuestionada reforma que tuvo que objetar. Ahora, ante la crisis generada por el escándalo Pretelt, la reglamentación se pone nuevamente sobre el tapete, un asunto que con seguridad suscitará agudas polémicas.