Los ánimos ya estaban caldeados y la polvareda que el hecho había levantado en el país político no tenía nada contento al Gobierno Nacional. Las imágenes de tres altos mandos de las Farc haciendo pedagogía del proceso de paz en el corregimiento de Conejo (La Guajira), mientras eran escoltados por guerrilleros armados en una zona inusualmente desprovista de Fuerza Pública, y las denuncias sobre acciones proselitistas similares en Caquetá y Putumayo, no sólo han dejado mal parados a los gobiernos locales y departamentales, que no tenían conocimiento alguno de lo que sucedía allí, sino que además marcaron un punto de quiebre en la recta final de los diálogos que se adelantan en La Habana.
Y ese fue el mensaje que dejó claro el presidente Juan Manuel Santos ayer, desde el municipio de Manaure, también en La Guajira, a donde llegó para cumplir con un evento previamente programado. Con tono fuerte aseguró que lo sucedido en Conejo no solamente es inaudito e inaceptable, sino que además representa un duro golpe a la negociación y a los esfuerzos por ganarse la confianza de la ciudadanía. “Que les quede claro a las Farc y a todos los colombianos: no vamos a permitir hacer política con armas. Flaco favor le hacen las Farc a la búsqueda de la paz en este momento tan importante. Son los primeros que deberían dar muestras de sensatez y prudencia”, anotó un Santos visiblemente molesto.
Las palabras del jefe de Estado calan hondo, sobre todo en momentos en que en La Habana se discuten los pormenores del último punto del acuerdo general —que incluye el cese del fuego bilateral, la concentración de tropas guerrilleras y el desarme— y en el país político el debate se centra en cuál será el mecanismo ideal para que el pueblo refrende los acuerdos de paz. Santos tiene claro que el reloj corre en su contra y que, a casi un mes de que se cumpla la fecha límite establecida para la firma de un acuerdo final, todavía queda tela por cortar. “Ya se agotó el tiempo para terminar las negociaciones. La fecha del 23 de marzo, acordada entre el presidente de la República y el comandante de las Farc, está a menos de cinco semanas. Hay que tomar ya las decisiones sobre los puntos definitorios que faltan”, enfatizó.
En su ultimátum a la guerrilla, el primer mandatario aprovechó para poner varios puntos sobre las íes: dijo que la constituyente no será el mecanismo de refrendación de los acuerdos, que no habrá proselitismo político mientras la guerrilla siga armada, que las zonas de concentración no estarán en lugares con población civil y que los magistrados que harán parte del tribunal especial para la paz no podrán ser sugeridos por las Farc. “Ya hemos discutido lo suficiente. El pueblo colombiano quiere y exige definiciones ya para recuperar la confianza en el proceso. Estos puntos deben estar resueltos antes de la fecha acordada. De no ser así, entenderemos que las Farc no estaban preparadas para la paz”, sentenció.
Para la guerrilla, sin embargo, el tema parece no revestir mayor gravedad, pues calificaron el episodio de Conejo como un incidente que se puede resolver. En un comunicado firmado por el Secretariado del Estado Mayor Central, el grupo guerrillero aseguró que no existen compromisos acordados por las partes respecto al desplazamiento de delegados de las Farc para socializar con los guerrilleros los avances del proceso y que no se les puede prohibir interactuar con sus bases en los territorios. “El momento actual, en el que la posibilidad de firmar un acuerdo definitivo de paz se hace más cierta, antes que ceder espacios a los enemigos de la paz y la reconciliación, exige de los principales protagonistas del proceso, la firme decisión de sortear de manera concertada cualquier obstáculo que pueda presentarse en el camino de la solución política. En esa dirección invitamos al Gobierno a trabajar para superar este impase”, reza el texto, que además señala que la polémica es “injustificada” y el argumento del proselitismo armado, “trillado”.
Pero, más allá del tono fuerte del Gobierno y el intento de las Farc por bajarle la temperatura a la discusión, lo cierto es que el episodio dejó ver las falencias que existen para controlar lo que pasa en territorios con altos índices de abandono estatal, como el caso de La Guajira, pues, según se ha dicho, ni las autoridades locales ni el Gobierno Nacional tenían conocimiento de los propósitos del evento, aun cuando los guerrilleros comenzaron a llegar a la zona un día antes de que se realizara el acto principal, que, además, fue publicitado previamente.
A eso se suma otro interrogante relacionado con la ausencia de Fuerza Pública en la zona. Según explicó el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, se había autorizado a la Farc para que realizaran encuentros con sus bases guerrilleras, con el objetivo de explicarles y socializar lo que hasta el momento se ha acordado en la mesa de diálogos. Para tal fin, insistió De la Calle, el Gobierno había adoptado las medidas de seguridad necesarias. La preocupación para algunos es que, en el fondo, se trata de una suerte de despeje de territorio, pues, según aseguraron a varios medios algunos militares que estaban cerca de la zona, la orden había sido salir del corregimiento en cuestión.
De hecho, ese fue el interrogante que le planteó el procurador general, Alejandro Ordóñez, al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, a través de una carta en la que advirtió que, pese a que el Gobierno rechazó con vehemencia el accionar de las Farc, es poco factible que un suceso de esa magnitud —con la asistencia de tantos guerrilleros— se hubiera podido llevar a cabo sin que se ordenara a la Fuerza Pública retirarse de la zona.
Para la Procuraduría, el Gobierno no tiene competencia para crear zonas de despeje y hacerlo, por tanto, puede traer sanciones disciplinarias. “El despeje implica un territorio en el cual las Fuerzas Armadas, por orden del Gobierno Nacional, no hacen presencia física durante un tiempo determinado, sea un día, varios meses o años. La consecuencia es que en dicho espacio geográfico no se adelanten operaciones militares y operativos de policía, pero sí se concede inmunidad a los responsables de crímenes atroces y narcotráfico. Es la eliminación del Estado de derecho. Esa posibilidad está absolutamente prohibida por el ordenamiento jurídico vigente”, explicó Ordóñez en la misiva.
Un tema al que pareció dar respuesta Santos desde La Guajira, cuando aseguró que lo que sucedió en Conejo no se volverá a repetir “bajo ningún motivo y bajo ninguna circunstancia. No lo voy a permitir, Aquí, como lo dije desde un principio, no habrá despejes. Nuestro deber, y el de la Fuerza Pública, es proteger a los colombianos y no vamos a renunciar a él”. Aun así, todo indica que la polémica va para largo.