Ultimátum a las Farc

El general José Roberto León Riaño, director de la Policía Nacional, se reunió con los familiares de los uniformados secuestrados por las Farc. / EFE

“A las cosas hay que llamarlas por su nombre: un secuestro es un secuestro”. Con estas palabras, el jefe de la delegación del gobierno nacional para los diálogos de paz con las Farc en La Habana, Humberto de la Calle, rechazó la declaración hecha por la guerrilla respecto a que se reserva el derecho a capturar como prisioneros de guerra a los miembros de la Fuerza Pública. Tire y afloje entre el Gobierno y la insurgencia a raíz de la retención, desde el pasado viernes, de los policías Víctor González y Cristian Camilo Yate en Florida (Valle).

De la Calle fue enfático al advertir que no habrá conversaciones para regularizar el conflicto, como lo pretenden las Farc, pues, en su criterio, esta postura no es otra cosa que “su pretensión de institucionalizarlo y prolongarlo indefinidamente”. El jefe de la delegación del Gobierno reiteró que la razón de ser de la mesa de conversaciones en La Habana es discutir la terminación del conflicto, pues eso fue lo que se pactó. Y agregó: “Si no es así, que nos lo digan de una vez, para no hacerle perder el tiempo al Gobierno y a los colombianos”.

La crisis del proceso de paz en Cuba se empezó a gestar el pasado viernes 25 de enero, con el secuestro de los dos policías que adelantaban labores de inteligencia en área rural de Florida, pero se veía venir desde el día que terminó la tregua de fin de año, declarada unilateralmente por la guerrilla. Su vocero Iván Márquez expresó que, de regreso a los partes militares, le proponía al Gobierno pactar un cese bilateral al fuego y buscar un tratado de regularización de la guerra, acorde con las necesidades del conflicto interno.

La primera acción guerrillera para calibrar la reacción del Gobierno frente a la propuesta de regularización de la guerra fue precisamente la retención de los dos uniformados. La reacción de distintos sectores fue recordar que desde el 26 de febrero de 2012, el mismo día en que las Farc anunciaron la liberación de los últimos diez uniformados en su poder, la misma fecha en que con total sigilo se iniciaron los diálogos de La Habana, la guerrilla se comprometió a proscribir la práctica del secuestro en su “actuación revolucionaria”.

En su comunicación de ese día, el secretariado del estado mayor de las Farc precisó que a partir de esa fecha quedaba derogada la “ley 002”, expedida por la organización insurgente en el año 2000, es decir, quedaba abolida la retención de personas de la población civil con fines financieros. Pero más adelante agregó lo que hoy precipita la crisis del proceso: “Es hora de que el régimen piense en una salida distinta, que empiece por lo menos en un acuerdo de regularización de la confrontación y de liberación de los prisioneros políticos”.

En otras palabras, aunque en ese momento pasó inadvertida, la guerrilla dejó entrever su insistencia en el canje de prisioneros de guerra por guerrilleros presos en las cárceles, aspecto que caracterizó un largo y doloroso capítulo del conflicto entre el Estado y la insurgencia desde mediados de los años 90. Incluso, las Farc instaron a la creación de una comisión internacional para verificar las condiciones de reclusión de los guerrilleros presos en las cárceles del país, actividad que, sin mucha trascendencia, se empezó a realizar en distintos penales.

Estos antecedentes demuestran que las Farc nunca dejaron de lado su pretensión del llamado intercambio humanitario. Ahora, con las crisis a bordo, la guerrilla sorprendió a través de su comunicado, no sólo por la insistencia de capturar como prisioneros de guerra a miembros de la Fuerza Pública, sino por el “reversazo” incluido en su declaración, al sostener que “han sentado un compromiso a no realizar más retenciones de carácter económico aunque se mantenga la vigencia de la ley 002, referida a impuestación para nuestra financiación”.

En otras palabras, vuelve y juega la pugna por el cautiverio de civiles y militares, más allá de la semántica de si son “secuestrados”, como lo sostienen el Gobierno y la mayoría de la sociedad colombiana, o se trata de “prisioneros de guerra”, como lo pretende la insurgencia, bajo la consideración de que este fenómeno se da en cualquier conflicto en el mundo. Un dilema que ayer revivió la polémica entre diversos sectores del país, como fue el denominador común durante los gobiernos de Ernesto Samper, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe.

La presidenta de Asfamipaz, Marleny Orjuela, una asociación que nació para reclamar la libertad de soldados y policías secuestrados por las Farc, algunos de los cuales estuvieron más de una década en cautiverio, observó que los dos policías retenidos no estaban en combate y por eso no tienen condición de prisioneros políticos. En esa medida les pidió a las Farc que los entreguen de inmediato, y al Gobierno, que no se pare de la mesa hasta que se firme un tratado de paz. También recalcó que está claro que por parte del Gobierno no habrá intercambio humanitario.

El expresidente Ernesto Samper, quien desde su fundación Vivamos Humanos, ha insistido en un acuerdo para humanizar el conflicto, el cual incluya la terminación del uso de las minas antipersonas, la eliminación de los ataques a edificios civiles, la exclusión de los menores de la guerra y el establecimiento de una comisión de la verdad, advirtió que “si las Farc legitiman el secuestro de los policías, estarían violando el espíritu de los diálogos de La Habana, que fue posible cuando anunciaron su voluntad de terminar con el secuestro”.

En medio del careo entre el Gobierno y las Farc por el recurrente tema del secuestro, el alto consejero para la Paz de la Gobernación del Valle, Fabio Cardozo, confió en concretar cuanto antes un escenario humanitario para lograr la devolución de los policías. No obstante, existe la duda en torno a que estas gestiones terminen en contravía del decreto presidencial 01 de 2013, según el cual nadie distinto a la mesa de negociación puede establecer contactos independientes con personas que asuman la vocería de las Farc en las regiones.