Un alto en el camino de la paz

El presidente Juan Manuel Santos, el viernes pasado en Catam, en su declaración a la prensa sobre el regreso al país del equipo negociador en Cuba. / AFP

Referendo o constituyente. Se podría decir que ese es hoy el dilema que enfrenta al Gobierno y a las Farc, de cara a la refrendación de los eventuales acuerdos a los que se llegue en las negociaciones que se adelantan en La Habana (Cuba). Un tema que incluso ha originado la primera gran crisis en el proceso, tras la decisión unilateral de la guerrilla de hacer una “pausa” para analizar los alcances del proyecto gubernamental presentado al Congreso, el cual plantea apelar, precisamente, a un referendo para que el pueblo avale o rechace lo pactado. El viernes el presidente Juan Manuel Santos ordenó el regreso a Bogotá de su equipo negociador, pues “el que decreta las pausas y pone las condiciones” es el Gobierno y no las Farc.

Las posiciones están definidas y es claro que las partes libran un duro pulso en el que cada quien busca imponer su criterio. Para la guerrilla, una constituyente, convocada en el marco de un gran acuerdo político nacional, debe ser el camino “para alcanzar un verdadero tratado de paz, justo y vinculante, que funde nuestra reconciliación, rija el destino de la nación y la encauce hacia las cumbres de la democracia real”. Para el Gobierno, el pueblo debe manifestarse en un referendo sobre la solución del conflicto, y es necesario que dicho mecanismo coincida con alguna de las elecciones de 2014 —bien sea a Congreso o Presidencia— para que se pueda aplicar con la mayor participación electoral posible.

Pero a partir de estos planteamientos se desprenden varias aristas que hoy más que nunca se deben tener en cuenta en el escenario de la paz y que tienen que ver con asuntos políticos y, sobre todo, judiciales. La primera es que al hablarse de un referendo el mismo día de las elecciones significa, ni más ni menos, que la firma final del acuerdo en La Habana tiene un plazo. Según Fernando Hernández, director de la Corporación Nuevo Arco Iris, debería ser uno o dos meses antes, “para poder socializar lo pactado, es decir, en los primeros meses del próximo año”. O como lo dice Roy Barreras, presidente de la Comisión de Paz del Senado: “Antes de que se produzca esa consulta popular, la paz debe estar firmada”.

Para algunos analistas, el “análisis” que las Farc quieren hacer durante su “pausa” del proyecto de referendo planteado por el Gobierno debe pasar por el mínimo respaldo que se percibe en la ciudadanía frente a asuntos claves dentro de la negociación, como su participación en política o sus obligaciones frente a las víctimas y los estrados judiciales por los delitos de lesa humanidad. Porque si bien —según algunas encuestas internas que se manejan en la Casa de Nariño— el anuncio hecho esta semana por esa guerrilla, en el que reconocen por primera vez su cuota de responsabilidad sobre los miles de muertos en el conflicto armado, fue una señal positiva, aún es mucho el camino que se tiene que recorrer en materia de garantías de verdad, justicia y reparación.

Y en ese complejo escenario, la carta que recientemente le dirigió la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, a la Corte Constitucional, termina de enredar la pita. Si bien el Gobierno espera que antes del miércoles el alto tribunal le dé luz verde al Marco Jurídico para la Paz —que servirá de base para el desarrollo de las leyes estatutarias de justicia transicional, con las que se espera abordar la eventual desmovilización de las Farc—, para Bensouda “una condena que sea grosera o manifiestamente inadecuada (…) invalidaría la autenticidad del proceso judicial nacional”. En otras palabras, abriría la puerta para la activación de la CPI en Colombia.

Sin duda, un inmenso desafío que debe afrontar la mesa de negociación. Según conoció El Espectador, un tema que angustia a las Farc y que pesa mucho a nivel internacional es el reclutamiento de niños, por lo que se estaría dando una “desmovilización” de estos en algunos frentes. Y algunos de sus negociadores creen que es imposible que quienes hayan sido condenados puedan hacer política, al tiempo que ven difícil que se pueda transar que no haya sentencias y cárcel. De ahí algunas ideas en el sentido de que quienes lleguen a la política sean aquellos que no tengan líos judiciales y se consideren a favor del desarme y la desmovilización, con garantías de no repetición, verdad y reparación a las víctimas. ¿En qué sentido? No se sabe, pues hasta ahora los jefes guerrilleros no están dispuestos a pagar un solo día de cárcel.

Por los lados del Gobierno, si bien al presidente Santos le llovieron críticas por su proyecto de referendo para refrendar los eventuales acuerdos de paz, este diario conoció que si hay algo que el jefe de Estado tiene claro es que no va a permitir que ese proceso se haga con unas Farc armadas y en una posible ofensiva militar. El ordenado regreso de su equipo negociador a Bogotá para “evaluar el alcance” del comportamiento de la guerrilla es un mensaje de que no se va a dejar imponer condiciones, además de que les imprime presión. Para la muestra las declaraciones del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro: “Levantarse de la mesa sería una afrenta contra la sociedad colombiana. El país demanda que se acabe la guerra”.

Para el analista Camilo González, la estrategia del Gobierno apunta a convertir, desde ya, el tema de la refrendación en debate público. “Con este hecho político se plantean dos problemas: uno, la modificación del esquema de negociación, y dos, la clarificación del alcance de la ley propuesta para los escenarios de ratificación de los acuerdos que se han comenzado a debatir, que incluyen plebiscito, consulta, referendo o constituyente”. Y es claro también que el tono de las declaraciones señala que el proceso entró en una situación nueva, con modificación en la agenda, pero que, según González, “puede convertirse en una oportunidad para mejores escenarios”.

Crisis o no, tanto Gobierno como guerrilla sabían desde un comienzo que se metían en un proceso complejo, al que se le tendrían que hacer ajustes de acuerdo a su mismo devenir y a las realidades políticas en el país. Y esas realidades muestran que la campaña electoral ya está en pleno hervor; que la oposición, encarnada en el expresidente Álvaro Uribe, arrecia en sus críticas buscando réditos electorales, y que después de nueve meses de diálogos, llegó la hora de las definiciones. No sólo por aquello de que “el tiempo pasa y la paciencia del pueblo colombiano tiene su límite”, como dijo Santos, sino también porque el pueblo necesita saber que no se está dando “un paso al vacío”, como lo advirtió el procurador, Alejandro Ordóñez.

Del optimismo a la incertidumbre

Hace dos meses, en la Universidad Externado se llevó a cabo un foro sobre la paz en el que participaron el fiscal Eduardo Montealegre, el procurador Alejandro Ordóñez y el alto comisionado para la Paz Sergio Jaramillo. Allí se concluyó que no había tiempo para garantizar la participación política de las Farc, en caso de llegarse a un acuerdo en Cuba y de que entregaran las armas.

Por eso el Gobierno empezó a diseñar una estrategia legislativa que diera vía libre a la participación política, la cual tomó mayor impulso esta semana, cuando la guerrilla se mostró dispuesta a reparar a las víctimas. Además, en paralelo al diseño de las normas, en Presidencia realizaron una encuesta preguntándole a la gente si apoyaba el proceso de paz y si estaba dispuesta a perdonar a las Farc y avalar su participación en política. Se sabe que el resultado de la encuesta fue satisfactorio.

Se esperaba que tras la radicación del proyecto sobre referendo se siguiera con la radicación de otro sobre participación política, sin definir lo electoral, que compete a las leyes estatutarias que reglamenten el Marco para la Paz. Hoy esto es incierto con la suspensión de las negociaciones, como también lo es el inicio de la ronda 14, prevista para la segunda semana de septiembre.

Santos y negociadores se reunirían hoy

Aunque el mismo viernes, tras anunciar su decisión de hacer una “pausa” en el proceso de paz para analizar la propuesta de referendo del Gobierno, las Farc recularon y dijeron que este lunes volverán a la mesa de negociaciones, el presidente Juan Manuel Santos les notificó que la reanudación de las conversaciones se hará cuando “lo considere apropiado”.

Ayer se esperaba la llegada al país del equipo negociador del Gobierno y todo apunta a que hoy se lleve a cabo la reunión con el jefe de Estado para analizar el impasse generado tras el intento del grupo guerrillero de imponer condiciones, según la misma interpretación de Santos. El único que no tuvo que viajar desde La Habana fue el jefe de la delegación gubernamental, Humberto de la Calle, quien se encontraba en Cali atendiendo asuntos personales.

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