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Política 26 Mar 2013 - 2:16 pm

Restitución de tierras

Un fallo que tiene de fondo el genocidio de la U.P

El tribunal Especializado de Bogotá ordenó restituir un predio en Meta a nombre de una familia que había sido perseguida y sufrió el asesinato de uno de sus miembros: un dirigente popular de la Unión Patriótica.

Por: Alfredo Molano Jimeno
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Foto: Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras. / Archivo
Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras. / Archivo

Al tiempo que las conversaciones de paz entre el gobierno y las Farc salen del primer tema de la agenda – desarrollo rural- y se aprestan a internarse en el segundo punto del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto: la participación política, se produce un novedoso fallo en materia de restitución de tierras que, de una manera u otra, abre las puertas para que las víctimas del genocidio de la Unión Patriótica accedan a la verdad, la justicia y la reparación, por vía de la ley de víctimas y restitución de tierras. Se trata pues de un caso en que la familia de un militante de la Unión Patriótica desaparecido ganó el litigio por un predio usurpado por un narcotraficante extraditado.

La historia de Pedro Velásquez, como la contó El Espectador en su edición del 5 de noviembre de 2012, es la muestra de hasta donde ha llegado la delincuencia en su afán por hacerse de tierras ajenas, aprovechándose del contexto de la violencia que vivió el país en las décadas del 80 y 90, y el miedo que infunde el poder de las armas.

“El muchacho rompió en llanto cuando oyó el verdecito del juez. Fue una imagen desgarradora y gratificante porque se estaba haciendo justicia después de 20 años de sucedidos los hechos en que se despojó a una familia de su territorio, sufrieron el asesinato de la cabeza del hogar y se inició un calvario familiar a partir de esos hechos de violencia. Es gratificante ver que se hace justicia”, afirmó Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, oficina que acompañó a la familia Velásquez hasta los estrados judiciales.

En el fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá el pasado 15 de marzo, el magistrado Jorge Moya accede a las pretensiones de la familia Velásquez: declara la nulidad de las compraventas realizadas bajo la presión de los fusiles, reversa las acciones de englobe adelantadas por el narcotraficante extraditado y su familia, ordena restituir los predios de que fueron despojados, entregar la compensación especial incluida en la ley y reforzar la medidas de seguridad a Eduvin Velásquez, hijo de Pedro y uno de los demandantes.

“Estamos felices por la decisión. Nos alegra que se haga justicia, pero también nos revuelve todo lo sufrido”, señala Eduvin. Un hombre que llega a los 40 años, que tuvo que desplazarse a Bogotá por recomendación de su difunto padre, que ya veía la sombra de la muerte rondarlos. “Una de las decisiones que más me alegra es lo que tiene que ver con las medidas de protección y la compensación especial, porque al predio no vamos a poder volver. Primero porque las amenazas contra nuestra vidas no han cesado, ya que el hijo de Rodríguez Bejarano se mueve por la región y ha jurado venganza. Además, ellos quedaron de vecinos de nuestra finca y se sabe que el mismo Dago Garcia pronto cumplirá condena y regresara a Servitá”, agrega Eduvin.

La historia tras el despojo, en resumen, empieza en mayo de 1986, cuando Pedro y su familia adquieren un lote de en la vereda Servitá, municipio de Villavicencio. Cuatro años después, Dago Enrique Rodríguez Bejarano se presentó ante la familia Velásquez y expresó su deseo por comprar los predios pero los Velásquez negaron la proposición.

Entonces, como en muchos casos, comenzaron las amenazas. La situación se puso tan difícil que el dirigente de la U.P tuvo que desplazarse a Bogotá con su familia. Pero la presión por los predios no paró y finalmente Velásquez y una de sus hijas tuvieron que trasladar el dominio de sus tierras a Rodríguez Bejarano. Incluso hasta se vieron obligados a falsificar la firma de una de las hijas de Velásquez. El negocio se cerró en abril de 1991 por $10 millones pero en la práctica la familia Velásquez no recibió un solo peso.

Un año y medio después del fraudulento negocio, Pedro Velásquez, quien oficiaba como inspector de Policía del municipio de San Carlos de Guaroa, desapareció. La última noticia que se tuvo de él fue que lo bajaron de un bus en un retén paramilitar entre Villavicencio y San Carlos. Entonces Rodríguez Bejarano decidió englobar los terrenos y formar una sola unidad que denominó “Villa Dana”. Como una manera de darle validez a su actuación, en septiembre de 1999 promovió una escritura pública y matriculó el nuevo bien en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Villavicencio.

Pero los tiempos de Rodríguez Bejarano como un presunto ganadero y terrateniente tenían los días contados. En 2006 fue detenido por la Policía y en noviembre de 2007 fue extraditado a una cárcel norteamericana. Ya sin Dago Rodríguez en libertad, su hijo fue el encargado de finiquitar el negocio. Valiéndose de un poder otorgado por su padre, en mayo de 2008 transfirió el dominio de la propiedad a Pablo Ramírez Piñeros a través de una escritura en la que fijó el valor del predio en $50 millones. Dos años después, los mismos personajes vuelven a negociar los terrenos por el mismo valor, pero esta vez Ramírez Piñeros como vendedor y el hijo de Dago Ramírez como comprador. Y así la familia Velásquez veía perder el predio familiar y las esperanzas de justicia.

Pero la vida les daría la revancha. Hoy, cuando la Unión Patriótica ha vuelto al escenario público por ser la única experiencia de participación en política por parte de las Farc, los jueces agrarios y la Unidad de Tierras presentan el primer fallo de restitución en favor de un militante de este partido que sufrió la desaparición y el despojo de sus predios. Ahora se espera que el fallo pueda ser implementado y que la familia Velásquez pueda disfrutar en paz de su momento de justicia.

 

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