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No hay gasolina ni gas domiciliario, y los alimentos empiezan a escasear. La zozobra crece cada día y lo que piden los habitantes de los 14 municipios que conforman el Catatumbo es la atención del Gobierno Nacional ante los enfrentamientos de los grupos armados ilegales, Eln y Epl o “Pelusos”, que han hecho de esta región su escenario de guerra.
“La crisis humanitaria es muy fuerte. La población civil está en medio de las balas y en las cabeceras municipales la problemática está creciendo con la llegada masiva de campesinos desplazados. Hay parálisis en el transporte, la economía, la salud e inclusive la educación. El gobernador ayer emitió un decreto para enviar a vacaciones a algunos niños de las zonas rurales para salvaguardar su integridad”, relató la alcaldesa de Ocaña, Miriam Prado.
La funcionaria fue, precisamente, la vocera de todas esas poblaciones del Catatumbo para plantear ante el Congreso Nacional de Municipios, que se lleva a cabo en Cartagena, un S.O.S. por la región. Para el próximo lunes está prevista la instalación de una mesa de diálogo con el Gobierno, allí en Ocaña, pero la situación se ha agudizado tanto en las últimas horas, que están pidiendo que se adelante para este sábado. Se espera que en dicha mesa estén el vicepresidente Óscar Naranjo; el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, y el comisionado de paz, Rodrigo Rivera.
“No hay garantías para que la gente esté en las calles en el normal desarrollo de su vida porque en cualquier momento hay enfrentamientos. Los campesinos que proveen los mercados de los municipios no han podido sacar sus cosechas, y son alimentos perecederos que en dos o tres días se pierden. Las empresas transportadoras no están despachando hacia algunos sectores o lo hacen con intermitencia de manera muy mínima por temor, pues ya han incinerado muchos vehículos, hasta motos, e incluso las personas que se deciden a abrir sus negocios las amenazan de que habrá represalias”, agregó la alcaldesa.
Lo que buscan, dijo, es visibilizar ante el país la difícil situación. “La población civil no puede seguir involucrada en esta confrontación. Las autoridades hablan de una pelea por el dominio territorial de las rutas del narcotráfico. En el Catatumbo hay más de 25 mil hectáreas de cultivos de coca y ese es el problema. El Gobierno Nacional tiene que seguir trabajando por llegar de verdad a las regiones, no solo con una propuesta de dejación de armas de los grupos ilegales, sino con inversión social, mejoramiento de las vías para que los campesinos tengan la posibilidad de vender sus productos de la canasta familiar. Se necesita también infraestructura educativa y de salud, en conclusión, oportunidades para la gente”, concluyó la alcaldesa Pardo.