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Para la Gobernación de Sucre hay cinco candidatos. Sin embargo, la campaña se ha centrado en torno al nombre del exrepresentante a la Cámara Yahír Acuña, quien curiosamente no aspira, al menos directamente. Y es que hasta hace quince días todo el mundo daba por ganadora a su esposa, la exdiputada Milene Jaraba, avalada por Opción Ciudadana, pero el panorama cambió radicalmente con la inscripción de Édgar Enrique Martínez Romero a última hora y a nombre de Cambio Radical, pero con el respaldo de congresistas de otros partidos.
En efecto, el aterrizaje de Martínez en la contienda estuvo ambientado por una alianza regional de las principales figuras de la política costeña, a través de una carta de apoyo firmada por dos de los senadores de la misma Opción Ciudadana: Teresita García Romero y Julio Miguel Guerra Soto, además de Mario Fernández Alcocer (Partido Liberal), Antonio Guerra de la Espriella (Cambio Radical), Yamina Pestana Rojas (Partido Conservador) y Nicolás Guerrero (Partido de la U). También firmaron los barones electorales de Córdoba: Musa Besaile, Bernardo Elías y el expresidente del Congreso José David Name (los tres de la U).
En la campaña de Jaraba, esa alianza fue interpretada como un desafío y Yahir Acuña —quien desempeña el papel de jefe de debate de su esposa— le salió al paso expresando que había una unión entre sus principales contradictores políticos para disputarle la Gobernación, algo así como “todos contra Acuña”, y que estaba dispuesto a dar la pelea.
Sin embargo, los firmantes del pacto han rechazado dicha interpretación, argumentando que el único “interés común es el de lograr una administración que produzca resultados para el departamento y que confronte todos aquellos conatos de asalto a la buena voluntad de los sucreños que han pretendido, con mala intención, hacerse dueños de sus voluntades”.
En un segundo plano están los otros tres candidatos, cuyos nombres son poco conocidos y su trayectoria en el sector público no arroja mayores muestras de su talante. En la Registraduría aparecen inscritos Juan Miguel Navarro Navarro, avalado por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS); Nadin Isaac Miserque, por el Centro Democrático, y Jairo Daniel Barona Taboada, por el Partido Liberal.
Navarro es un abogado sucreño de quien se dice es muy cercano a Gabriel Antonio Espinosa, tradicional político costeño cuyo hijo, Héctor Olimpo Espinosa, fue alcalde de Sincé y se desempeñó como secretario del Partido Liberal. En cuanto a Nadin Isaac Miserque, profesional en medicina, se dice que es impulsado por José Elías Guerra, más conocido como Joselito, hombre muy cercano al expresidente Uribe, condenado por el proceso 8.000 y familiar de la senadora María del Rosario Guerra.
El quinto en la baraja, Jairo Daniel Barona Taboada, renunció a la Asamblea, donde realizaba su primer período como diputado por el Partido Liberal, el mismo que le dio el aval a su aspiración de ser gobernador. En las calles de Sincelejo hablan de que tiene el apoyo del senador Mario Fernández Alcocer y del exgobernador Julio Guerra Tulena, quien ha atravesado toda clase de escándalos, incluyendo una suspensión de la Procuraduría. Sin embargo, por estos días crece el rumor de que se hará a un lado para sumarse a la causa de Martínez.
Lo cierto es que la política sucreña pasó de tener una ganadora anticipada de la Gobernación, Milene Jaraba, a vivir una fuerte polarización y una dura disputa entre el grupo de Yahir Acuña y el del candidato Édgar Enrique Martínez. Valga recordar que Sucre es uno de los departamentos considerados con mayor riesgo electoral, pues allí se han enquistado poderosos grupos delincuenciales, que han influenciado e incluso manejado la hilos de la política a su antojo en el pasado.
Sucre fue el epicentro de la parapolítica y del accionar militar de las autodefensas. De esta tierra también son oriundos la condenada empresaria Enilce López, más conocida como la Gata y sus hijos, que también han incursionado en la vida pública. Incluso, hay quienes aseguran que la Gata es la “madrina” política de Acuña y que mantiene intacto su poder, que se traduce en compra de votos y trasteo de electores en muchos de los municipios de la región, que son los que terminan inclinando la balanza a favor de sus “ahijados”.