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El Código Sustantivo del Trabajo expedido en 1950 y que está hoy vigente estableció una diferenciación entre los trabajos domésticos, asociados principalmente a labores de mantenimiento del hogar y de cuidado de personas dentro de los núcleos familiares. De acuerdo a la norma, para estas actividades no debía otorgarse prima de servicios porque no generaban ganancias o utilidades y por lo tanto no merecían el reconocimiento de dicha prestación laboral.
Al respecto, en el Congreso de la República actualmente está en trámite un proyecto de ley que tiene como objetivo principal acabar con la histórica “desigualdad salarial” existente en contra de las trabajadoras y los trabajadores domésticos.
La intención es darles la posibilidad a quienes adelantan estas actividades de acceder al derecho prestacional de prima de servicios como lo gozan los demás trabajadores. Para hacerlo realidad, se pretende reformar el Código Sustantivo del Trabajo para que se reconozca el pago de la prima.
En ese sentido, la iniciativa plantea la creación de la mesa seguimiento a la implementación del Convenio 189 de la OIT, instrumento internacional ratificado por Colombia, en el cual se desarrollan garantías de trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.
Todo empleador está obligado a pagar a cada uno de sus trabajadores y a cada una de sus trabajadoras, como prestación especial, una prima de servicios que corresponde a un mes de salario dividido en dos pagos por año, en la siguiente forma: una quincena el último día de junio y otra quincena en los primeros veinte días de diciembre; a quienes hubieren trabajado o trabajaren todo el respectivo semestre o proporcionalmente al tiempo trabajado.
La Escuela Nacional Sindical (ENS) en su investigación ‘Barriendo la Invisibilidad’ detectó que de las más de 700.000 trabajadoras domésticas que registran las estadísticas, se estima que apenas unas 8.000 cuentan con contrato de trabajo escrito, de igual forma la protección social es una excepción.
En Colombia, de acuerdo a todos los antecedentes, el trabajo doméstico está sometido a la exclusión y la desigualdad teniendo en cuenta que un gran porcentaje de las trabajadoras domésticas del país han sido víctimas del conflicto armado, sufriendo desplazamiento, violencia sexual y ausencia de oportunidades en la garantía y el acceso a salud y educación.
El proyecto de ley fue radicado el 20 de julio de 2015 en la Cámara por los congresistas Angélica Lozano, Ángela María Robledo, Inti Raúl Asprilla, Ana Cristina Paz, Sandra Liliana Ortiz y Óscar Ospina Quintero, Jorge Iván Ospina, Iván Leonidas Name, Jorge Eliécer Prieto, Claudia López Hernández y Antonio Navarro Wolff. Actualmente hace tránsito en la Comisión Séptima del Senado en el tercero de cuatro debates. En la agenda de esta semana fue incluido para ser discutido.