:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/ZdmGvTntX1zNXNQKkRsj1UBNs3o=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/3TPMS2KTLNAV7N7LVU5RLUAHTA.jpg)
“Existe la necesidad de desbloquear un sistema que, por los controles mutuos, dificulta las investigaciones contra o en el interior de las altas cortes y de los organismos de control”, manifestó el presidente Juan Manuel Santos durante un foro sobre el tema realizado en el Capitolio, en el que advirtió que —teniendo en cuenta que una iniciativa de un calado tan complejo va a dejar sectores inconformes— es al Gobierno al que le corresponde “tomar las decisiones políticas cuando el consenso no es posible o conveniente”.
Por su parte, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez —sin dar nombres propios y planteando la imperiosa necesidad de sacar adelante dicha reforma—, cuestionó que haya funcionarios “que terminan siendo inmunes a la valoración judicial” y frente a la impunidad generada por la inoperancia de la Comisión de Acusación afirmó: “Hay una contradicción, pues no se le pueden atribuir funciones judiciales a un órgano político, por eso es que no han prosperado los procesos penales en contra de los aforados”.
En cuanto al contenido que debería tener la nueva reforma a la justicia, el director de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional, Rodrigo Uprimny, se mostró en desacuerdo con suprimir el Consejo Superior de la Judicatura, un ente que, en su concepto, es necesario para garantizar la autonomía de la rama. En cambio propuso modificar su forma de integración y sus funciones: “Por ejemplo, se podría modificar el sistema de asignación de la Sala Disciplinaria para evitar los nombramientos indebidos”, explicó.
Para el presidente de la Cámara de Representantes, Hernán Penagos, hay temas que son prioritarios: “Hay que revisar la manera de investigar y sancionar a los altos funcionarios del Estado, es decir, reformar la Comisión de Acusación, y que la reforma responda a las necesidades de los ciudadanos, sobre todo en materia de acceso a justicia”. A su vez, el senador Juan Lozano es de los que cree que hay que hacer una reflexión que permita formular un proyecto encaminado a resolver temas claves como la financiación de la rama, el sistema de integración de las distintas jurisdicciones, la armonización de los procesos judiciales, el juzgamiento y la estructura del sistema de los aforados.
Lo cierto, por ahora, es que parece iniciarse un nuevo capítulo que irremediablemente será discutido con otro Congreso —con fuerzas políticas nuevas como el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe— y en otro gobierno, así sea el de la reelección del presidente Santos. Pero habría que pensar también que el país ya aprendió la lección y estará a la expectativa para evitar que una iniciativa, cuya esencia es buscar el equilibrio de poderes y una justicia pronta y equitativa, no se convierta en una colcha de retazos con tinte de reforma política.