Una rendición atípica

El pasado 23 de marzo la Corte Constitucional anunció una rendición de cuentas para dar a conocer lo que ha hecho entre 2009 y 2015, presentar un “informe institucional de coyuntura sobre casos relevantes de especial interés público” y permitir que sus magistrados respondan, individualmente, “sobre aspectos de actual interés para la opinión pública”. Sin embargo, todo apunta a que la rendición de cuentas, convocada para hoy, será particular. Va a ser, por no decir otra cosa, una rendición de cuentas atípica.

 

A las 8 de la mañana de hoy, los nueve magistrados de la Corte —incluyendo al magistrado Jorge Ignacio Pretelt, protagonista del escándalo suscitado por un supuesto tráfico de influencias— se van a reunir en una sala extraordinaria que va a ser grabada por el Canal Institucional y a la que no se le va permitir el acceso ni a la prensa ni a la ciudadanía. Cada magistrado va a tener cinco minutos para presentar su balance.

 

Luego, en horas de la tarde, entre las 6 y las 7, el Canal Institucional transmitirá en diferido la mencionada Sala y luego se recibirán las preguntas que los ciudadanos y los medios envíen al correo institucional de la Corte. El plazo para formular las inquietudes a los magistrados va a ser hasta el viernes, por lo que las preguntas no van a ser respondidas inmediatamente, sino, al parecer, hasta el 17 de abril. Así se decidió en la Sala celebrada ayer.

 

Todas estas medidas forman parte del intento de la Corte Constitucional de atajar la crisis suscitada por un supuesto tráfico de influencias en el interior del alto tribunal, que, al parecer, involucra al magistrado Jorge Ignacio Pretelt y al representante legal de la firma Fidupetrol, Víctor Pacheco. El Gobierno ya ha anunciado varias medidas al respecto y que, se espera, sean parte de la Ley del Equilibrio de Poderes. El alto tribunal no se ha referido a las iniciativas propuestas por el presidente Juan Manuel Santos; sin embargo, ha anunciado sus propias medidas.

 

Entre ellas el establecimiento de un “mecanismo transparente de selección pública de tutelas y de términos judiciales en los casos de inexistencia o vacío normativo para radicación de ponencias, decisión de procesos y notificación de providencias”. Igualmente, la creación de un régimen interno de obligaciones y responsabilidades, “a manera de Código de Ética” y de reglas puntuales para la participación del presidente de la Corte en el proceso de designación del registrador nacional del Estado Civil y el director ejecutivo de la Administración Judicial.