Como en la época en la que realizaba los consejos comunales de gobierno, el expresidente Álvaro Uribe aprovechó la audiencia de versión libre que rindió ayer —por el caso de las ‘chuzadas’ del DAS— ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para defender, durante más de cuatro horas, sus actuaciones y las de sus principales colaboradores durante sus ocho años de gobierno, argumentando que los señalamientos en su contra obedecen a una “venganza criminal”.
Al tratarse de una investigación sobre su presunta responsabilidad en las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales a magistrados, periodistas y políticos de oposición, este fue el primer tema que abordó Uribe, quien negó que él hubiera ordenado esos procedimientos y que “los recursos del DAS deben invertirse en los objetivos de la seguridad democrática y no se deben ni se destinaron para perseguir a opositores”.
Del mismo modo, aprovechó para defender el nombramiento y la gestión de quienes fueron directores del organismo de inteligencia en su mandato: Jorge Noguera, Andrés Peñate, María del Pilar Hurtado y Felipe Muñoz. “Si a mí el DAS me da un informe con base en seguimientos ilegales, yo denuncio eso. Mi gobierno discrepó públicamente con algunos periodistas, pero jamás ordenó seguimientos y jamás me ha pasado por la mente ordenar una persecución a un periodista o a una ONG”, afirmó el exmandatario.
Luego de descartar su participación en las ‘chuzadas’, Uribe empezó a esgrimir su tesis de que este proceso en su contra y los que se adelantan a los principales funcionarios de su administración obedecen a una “venganza criminal” que ha venido operando desde diferentes frentes. Y como prueba, manifestó que tuvo información de que alias Macaco, había ordenado su asesinato: “Yo ordené su captura, pero en lugar de eso alguien le informó y a los pocos días llegó un abogado en nombre de este delincuente a reclamarle al excomisionado Luis Carlos Restrepo”.
Haciendo un recorrido por las actuaciones en su gobierno y argumentando que éstas generaron la denominada “venganza criminal”, recordó la extradición de paramilitares a Estados Unidos, de las cuales, afirmó, no las hizo para evitar que éstos colaboraran con la justicia, sino porque ellos no estaban cumpliendo sus compromisos con la Ley de Justicia y Paz de reparar a las víctimas y contar toda la verdad. Además, afirmó que en su momento le dijo al general Mario Montoya, excomandante del Ejército, que “el sistema penitenciario del país no está en condiciones de evitar que estos señores sigan delinquiendo desde las prisiones, vamos a extraditarlos”.
Dentro de la misma tesis, Uribe recordó uno de los principales motivos de discrepancia con las cortes: el caso Tasmania, según el cual el magistrado Iván Velásquez estaba fraguando un montaje contra el jefe de Estado. “Yo soy informado de que el magistrado auxiliar está adelantando una investigación porque supuestamente el presidente, en el año 2003, había contratado al paramilitar Tasmania para asesinar a otro paramilitar, alias René”, recordó Uribe.
El expresidente señaló que ese mismo caso de Tasmania generó el enfrentamiento que tuvo contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado César Julio Valencia Copete, a quien, afirmó, llamó para preguntarle por las supuestas denuncias y que posteriormente, en una entrevista publicada en El Espectador, el jurista afirmó que lo había llamado a preguntar por el proceso de su primo, Mario Uribe Escobar, quien en ese entonces era investigado dentro de la parapolítica. En la actualidad persiste un pleito jurídico, ya que Uribe demandó a Valencia Copete por calumnia.
Uribe también se refirió a las personas que se han constituido en víctimas dentro del proceso por las ‘chuzadas’, con quienes aseguró que ha tenido claras discrepancias, pero que les ha respetado sus libertades. “Discrepante político sí, que digo las cosas con arrecio sí. Pero defensor de las libertades. En mi gobierno por la seguridad democrática muchos colombianos recuperaron las libertades”, dijo.
Haciendo referencia a la exsenadora Piedad Córdoba, hizo tres señalamientos: “Ella acusó al gobierno de la muerte de un miembro de su equipo de seguridad y él apareció muerto por un accidente; buscó dinero en el extranjero para influir en la política nacional y, cuando fue autorizada para actuar como mediadora en la liberación de los secuestrados, actuó claramente contra la institucionalidad al tratar de comunicar al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, con el entonces comandante del Ejército, general Freddy Padilla, y el también general Mario Montoya”.
A Iván Cepeda le recriminó por buscar entrevistas con los paramilitares detenidos: “Los mismos que participaron en el asesinato de su padre, con el fin de que ellos hablaran en contra del presidente Uribe”. Recordó, además, la declaración del alias Canoso, quien en un encuentro con Cepeda afirmó que los hijos del exmandatario, Tomás y Jerónimo, junto con el empresario Jean Claude Bessudo, llegaron a un acuerdo para recibir concesiones en parques naturales del país.
“A mí lo que me preocupa es que se acomoden testimonios y que en perjuicio de mi gobierno y de mi familia se dé esa especie de confabulación de personas que yo extradité, con quienes supuestamente eran sus víctimas para salir con unos testimonios maltratando a mi familia”, enfatizó Uribe, dando a entender que lo que se estaba haciendo formaba parte de lo que denominó en varias ocasiones como una “venganza criminal”.
Al final de la diligencia, los abogados de las víctimas de las ‘chuzadas’ solicitaron dejar algunas constancias que, en palabras de Luis Guillermo Pérez, los representantes investigadores les habían asegurado que les permitirían. En ese momento, el expresidente Uribe se levantó para retirarse. Ante este gesto, Pérez, con tono airado y el dedo acusador, exclamó: “Señor Uribe Vélez, la diligencia no ha terminado y usted no se puede retirar”. El exmandatario le respondió con voz retadora: “Me retiro porque usted está muy bravo y de pronto yo me pongo más bravo”.
“Fue un show unilateral”: víctimas
El representante Iván Cepeda aseguró que con la declaración del expresidente Uribe ante la Comisión de Acusación, por el caso de las ‘chuzadas’, quedó demostrado por qué el exmandatario, durante ocho años, no hizo otra cosa que atentar contra la seguridad, la dignidad y el bienestar de políticos opositores, magistrados de la Corte Suprema, defensores de derechos humanos y periodistas críticos: “A la exsenadora Piedad Córdoba la llamó enemiga del país, a mí me dijo que estaba fuera de la ley, a Hollman Morris que era un publicista de los terroristas y al Colectivo de Abogados que era defensor del terrorismo”.
Por su parte, Luis Guillermo Pérez, representante de la exsenadora Piedad Córdoba, enfatizó que Uribe convirtió su versión libre en “show unilateral para agredir aún más a las víctimas, a la institucionalidad, a los magistrados de la Corte y a la Fiscalía”, y que lo que hizo fue ir a defenderse de todas las investigaciones penales en su contra y no por los hechos del DAS. “No hay garantías en este proceso”, concluyó.