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Uribe rechaza propuesta de legalizar la droga

El expresidente afirma que el gobierno de Santos "le hace coqueteos a la legalización, en contravía del clamor de millones de familias".

El Espectador
11 de abril de 2012 - 10:15 a. m.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez no quiere quedarse por fuera del debate sobre la posibilidad de reevaluar el rumbo de la lucha contra las drogas en el mundo que será uno de los temas principales de la VI Cumbre de las Américas en Cartagena, donde incluso Estado Unidos ha aceptado abrir el debate sobre la problemática del tráfico y consumo de estupefacientes.

Las críticas de Uribe no se hicieron esperar y advirtió que pensar en legalizar las drogas es un planteamiento que trae más tragedias que beneficios. Y haciendo referencia a los argumentos del gobierno Santos afirmó que “el discurso oficial confunde. Un día habla de legalizar y al siguiente de buscar nuevas políticas; o propone cobrar impuestos al narcotráfico y en ocasión diferente afirma que mantendrá una ofensiva intensa que no se entiende porque sería contradictoria con la legalización”.

Agrega que “es increíble que en Colombia, donde veníamos ganando esa lucha, podamos empezar a perder el rumbo. El primer efecto negativo es el debilitamiento de la Fuerza Pública, cuyos integrantes podrán razonar que no se justifica exponerse ante una actividad criminal que puede ser legalizada”.

El exmandatario advirtió que “la tesis legalizadora, según la cual se cobrarían impuestos para pagar la rehabilitación de pacientes, es cuestionada por un sector de economistas, cuyos cálculos econométricos ilustran que la legalización traería un incremento tan sustancial de consumidores, especialmente al inicio, que la tarifa impositiva tendría que ser tan alta que invitaría a la evasión y al contrabando”.

Con esta opinión Uribe pretende atajar el debate sobre un replanteamiento de la política antidrogas y defendió las medidas tomadas durante su gobierno, como la aprobación Acto Legislativo 2 de 2009, en el cual, afirma, “se define que las drogas son ilegales, pero expresamente prohíbe llevar a los consumidores a la cárcel, ordena la intensificación de políticas de salud pública que prevengan y rehabiliten, y no deja duda de que el distribuidor, de cualquier cantidad, debe ser llevado a prisión”.

Por El Espectador

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