"Valdría la pena seguir en el Ministerio"

La ministra de justicia, Ruth Stella Correa./ Óscar Pérez

En entrevista para El Espectador la Ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, afirma  que si bien no está segura de que sea necesaria una reforma a la justicia sí cree que se necesitan nuevos mecanismos para que el aparato judicial funcione con mayor celeridad. Cree necesario una revisar a la acción de tutela, ya que considera que se está presentando un abuso en el uso de ese  mecanismo jurídico.

Pareciera que en el país se estuviera fraguando una nueva reforma a la justicia, ¿es esto así?

No conozco que se esté fraguando ninguna reforma a la justicia.

De salir reelegido este gobierno, ¿no piensa presentar una reforma a la justicia en el próximo período?

En este momento no se está pensando en estructurar ni en presentar ninguna reforma.

¿Cuál cree usted que deben ser las transformaciones que necesita la justicia hoy en Colombia?

Varias. La tutela es una de ellas, aunque sé que es un tema espinoso y que genera muchos roces. Soy defensora acérrima de la tutela, pero me parece que la figura se está ahogando. El cúmulo de tutelas que se reparten en el año no deja que los jueces trabajen. El gran inventario de los procesos judiciales está conformado por tutelas, ésta se convirtió en una tercera instancia, los juicios no terminan. El juicio se falla y el que perdió siempre cree tener derecho a presentar tutela, y estas son tres instancias más. Esa figura, que es lo mejor que trajo la Constitución del 91, debe ser regulada para salvarla, pero sobre todo para garantizar seguridad jurídica, porque el costo de no terminar un juicio es muy alto. Además, la existencia de tutelas desplaza la atención de los juicios ordinarios. Tenemos que volver a ponerle fin al proceso y ponerle fin al abuso de la tutela en decisiones judiciales, porque no todas las tutelas que se proponen corresponden a un abuso.

¿Pero la tutela es el único mecanismo rápido que tenemos los ciudadanos cuando se nos violan los derechos?

La tutela es muy buena y sirve para eso que usted dice, pero hay un abuso de la acción de tutela, todo se pretende ganar vía tutela, se tenga o no se tenga derecho. Vía tutela hemos metido a los jueces a fallar en temas que no conocen. Si se piensa en una reforma a la justicia, ésta debe tocar temas estructurales que afectan al ciudadano de a pie, que sepa que se le va a garantizar la aplicación de justicia con prontitud y esto no se puede hacer si se carga al juez con todos estos temas.

¿Debería haber una reforma a la justicia?

No sé si necesariamente tenga que ser una reforma constitucional. El tema aquí es operativo, necesitamos más jueces, hoy sólo tenemos 5.000. También una Fiscalía más fuerte, así como una cultura ciudadana de conciliación y no de conflictividad. Hay que tener cultura de convivencia antes que una cultura de litigiosidad y para eso no necesitamos una reforma constitucional.

¿Las funciones electorales de las altas cortes deberían suprimirse?

Habría que revisarlas, porque no todas son malas. Me parece que la elección de los magistrados de cortes por parte de los magistrados de cortes debe preservarse, no como está hoy, porque esa cooptación que pasa por el Consejo Superior de la Judicatura no es buena. Ese tamiz que existe ahí a veces impide que personas muy buenas puedan llegar a las cortes. Podría pensarse en alguna mezcla, como un concurso de méritos bien hecho, que llevará a los mejores a integrar una lista para aspirar a las cortes y que de allí en adelante fueran las mismas cortes las que lo eligieran. Eso preserva la autonomía de la rama.

¿Fue un error haber traído el sistema penal acusatorio a nuestro país o deberíamos devolvernos al sistema anterior?

Es muy pronto para decir que un sistema falló, hay que darle más oportunidades, aunque creo que los jueces deberían recordar que el fundamento del sistema penal privilegia la libertad antes que la detención, cuando todavía se está en juicio. Esa mala interpretación que se haya dado no nos puede llevar a pensar que el sistema falló.

¿Es necesaria la participación de la Procuraduría en los procesos penales?

El Ministerio Público es garantía de respeto de los derechos fundamentales en todos los procesos donde interviene y creo que sí es necesaria su participación.

¿Eso nos ha llevado a que en diferentes casos se tenga una decisión del Ministerio Público y otra por parte de la Fiscalía?

Ese es un tema al que se le han dado muchas vueltas, esa es apenas una pequeña porción del problema. Violar el principio, en los casos de los funcionarios públicos, de que a una persona no se le puede condenar más de una vez por el mismo hecho, resulta bastante cuestionable en estos casos. Uno muchas veces se pregunta, ¿cuántas veces van a juzgar a un funcionario por el mismo hecho? Y la respuesta constitucional ha sido: los bienes jurídicos tutelados son distintos. Lo que sucede es que cuando uno plantea el debate la opinión tiende a pensar que se quiere favorecer al corrupto y no es así.

¿Así que usted cree que no deberíamos tener tres entes investigando lo mismo con diferentes propósitos?

No creo que ninguna de las instituciones sobre, cada una de ellas tiene su valor, pero sí me parece que un mismo individuo por un mismo hecho no debería ser juzgado en varias ocasiones y que hay algunos temas que deben ser repensados.

¿Por qué se ha generado todo este escándalo sobre los permisos remunerados de los magistrados de las altas cortes cuando es un beneficio del que gozan hace 30 años?

No lo sé, desconozco qué está detrás de lo que ha sucedido en los últimos días.

¿Por qué no se ha querido pronunciar sobre el tema y dar una opinión al respecto?

Pienso que les corresponde a otros organismos, no al ministro de Justicia. Las normas establecen cuáles son las funciones de la cabeza de esta cartera y es trabajar coordinadamente con la Rama Judicial, esa es mi función.

¿Pero eso en qué la limita para pronunciarse al respecto?

Pues porque mi función es la de coordinar y trabajar con la Rama Judicial.

El nuevo Código Penitenciario establece estrictas condiciones de higiene y limpieza en las cárceles, uniformes, alimentación y salud. ¿Se tiene el presupuesto para poder cumplir con esa norma?

El presupuesto tiene que ser más amplio, sin embargo, aquí lo importante es hacer una reflexión: ¿queremos ser un Estado que tenga muchas personas privadas de la libertad? ¿Estamos dispuestos a tomar del presupuesto más dinero para poder cumplir con los derechos de las personas que están presas? ¿O preferimos modificar nuestro sistema penal y política criminal? Hoy en día cada interno le cuesta al país $12 millones al año y un universitario le vale $8 millones, no será mejor invertir en prevención y en equidad antes que en cárceles.

¿Tenemos un país represivo?

Los jueces en el sistema penal acusatorio, que es un sistema edificado sobre la libertad para el sindicado, han cambiado el contenido de la norma, la han entendido de otra manera y al contrario lo que hacen es llevar a todas las personas que están sindicadas a la cárcel. En Colombia hay 117 mil detenidos, de los cuales cerca de 40 mil son detenidos preventivamente, eso le está costando mucho al Estado, porque cuando la persona no es condenada, demanda detención injusta.

¿En el Código Penitenciario piensan modificar el mínimo de la pena para imponer detención preventiva?

La norma hoy dice que si la persona ha sido condenada a 3 años o menos, tiene derecho a pedir un beneficio que se llama suspensión de la pena. Ese beneficio lo concede un juez analizando la peligrosidad del individuo, elemento abstracto, lo que ha llevado a que uno encuentre en las cárceles a personas condenadas a cinco meses de cárcel porque se robaron algo en un supermercado, cuando no deberían estar. ¿Cuál es la peligrosidad de un persona que se roba algo en un supermercado? Lo que queremos es desaparecer el elemento subjetivo por parte del juez y que si una persona ha sido condenada a tres años o menos tenga el derecho de quedar libre con condiciones. Nuestra modificación no es en tiempo, sino en eliminar el elemento subjetivo en ese caso.

De aprobarse esto, ¿cuántas personas saldrían de la cárcel?

No lo sé. Es posible que hoy haya condenadas a menos de 3 años unas 6.000 personas más o menos, esto no significa que el excarcelamiento de éstos sea automático. Se tienen unas restricciones y exclusiones. Quien sea reincidente no podrá acceder a ese beneficio y tampoco aquellos que han negociado sus penas, aquí no va a haber acumulación de beneficios.

¿Por qué se llevó en la reforma al Código Penitenciario que los medios de comunicación no puedan entrevistar a los sindicados?

Es una propuesta que ha sido estudiada a la luz del derecho internacional de lo que sucede en países demócratas como Estados Unidos y España. No tiene como propósito atentar contra la libertad de expresión, ni contra el derecho a informar, sino evitar que la persona sindicada que apenas está en proceso influya en la decisión del juez al utilizar los medios de comunicación. Esto trae un debate que hay que dar, la relación entre justicia y medios de comunicación. Es un debate que se está dando en el mundo entero, puesto que al llevar a los medios a la justicia, los jueces pueden ver afectada su autonomía, pues al sindicado dar entrevistas a los medios esto puede llevar a conmover a la opinión pública y afectar la autonomía del juez al momento de decidir.

¿Qué opina de los abogados que tienen como estrategia litigar en los medios en vez de hacerlo en los estrados judiciales?

Hay una necesidad de plantear el debate justicia/medios, hay que darlo y debe ser abierto y democrático con todos los actores involucrados. Si es bueno o si es malo deberá ser la conclusión de ese debate, pero es un tema que no podemos ignorar.

¿Qué debe pasar con los desmovilizados de ser exitoso el proceso de paz?

La justicia es un pilar de la paz, pues ésta cierra heridas. Debe actuar a través de un juzgamiento que respete estándares internacionales. Se debe juzgar a través de un sistema de justicia transicional que parte no exclusivamente de un juzgamiento, sino de aportes en verdad reparación, garantía de no repetición. Esto permite que si la sanción a imponer es menor, se compense con mayor verdad, mayor reparación, pero en todo caso juzgamiento.

A veces por la crisis en la justicia ha quedado la sensación de que no era necesario crear nuevamente el Ministerio de Justicia, ¿cree que es así?

No puedo entender cómo vivimos ocho años sin Ministerio de Justicia. El gran problema con la Rama Judicial y las cárceles se deben a un atraso y a la falta de un interlocutor entre la Rama y el Ejecutivo, y esa es la función del ministro de esa cartera. Soy una convencida de que eso es una equivocación.

¿Cómo le va con el director del Inpec, el general Ricaurte?

Es un director de una entidad descentralizada, me va como con todos los directores de las otras entidades que tengo.

¿El general se va de la dirección del Inpec?

Él en diciembre se iba a ir, se le pidió que se quedara otro tiempo mientras nosotros encontrábamos a quién nombrar.

¿Es decir que hoy le están buscando reemplazo?

En este momento no estamos buscando, lo cierto es que desde diciembre la situación quedó en esas condiciones.

¿Se va del Ministerio de Justicia?

En este momento estoy trabajando en muchos temas. A los medios los he oído en varias oportunidades mencionar el tema, pero del Ejecutivo no me ha dicho nada.

De salir reelegido el presidente Santos, ¿a usted le gustaría seguir en el gabinete en el Ministerio de Justicia?

 El tema de la justicia a mí me ha apasionado desde siempre. Si se pudieran concretar muchas de las ideas que tengo creo que valdría la pena.

¿Y cómo califica su gestión en el Ministerio?

Me abstengo de calificar, porque sería muy subjetiva.