:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/yiyc8r2IBrlcJihvrPfBTxTpwjs=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/WFUGSOQQXNBAHON2DAFA63BZ4I.jpg)
En Colombia, la ‘mermelada’ es más que un dulce de fruta. El término, popularizado por Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda, quien quiso decir en un principio que los recursos de las regalías debían distribuirse en “toda la tostada nacional”, con el tiempo pasó a ser empleado para referirse a la corrupción, aludiendo a la repartición por debajo de la mesa del presupuesto del Gobierno entre congresistas, funcionarios y contratistas para sacar adelante proyectos.
Entonces, ¿cómo quitarle el plato a los ‘enmermelados’? ¿De qué manera puede la ciudadanía conocer y vigilar de cerca quién hace qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y con qué, a la hora de ejecutar el presupuesto de inversión en el país? O mejor, ¿con cuáles herramientas cuentan los colombianos para incidir en las decisiones presupuestales municipales, departamentales y nacionales?
Precisamente, el cuarto mandato de la consulta anticorrupción, que se votará el próximo domingo, busca responder estas preguntas y reglamentar la participación ciudadana en el desglose y priorización de la inversión local y nacional, así como también en la rendición de cuentas en relación con la contratación y el estado de ejecución de los contratos del Estado. Si bien existen soportes jurídicos alrededor del tema, como lo es la Ley Estatutaria 1757 de 2015 de Participación Ciudadana, que estimula la veeduría y el control social a lo público, la iniciativa que ya está camino a las urnas apunta a establecer la obligatoriedad de la incidencia cívica.
Según explicó Angélica Lozano, senadora verde y promotora de la consulta popular, lo que propone el punto cuatro en detalle es actuar, principalmente, sobre el presupuesto nacional que se invierte en las regiones. “Ese es un hoyo negro, porque son aproximadamente $40 billones que se manejan casi sin reglas, criterios ni actas. De él sale la famosa ‘mermelada’ o los conocidos cupos indicativos, debido a que su gestión no es clara ni pública”, indicó la senadora.
Actualmente, el Legislativo se encarga de aprobar, en partidas globales, la destinación del dinero del Gobierno. Sin embargo, existe un vacío alrededor del desglose de dicha designación, en el que entran a jugar sin escrúpulos las negociaciones amañadas o “a dedo” —problema que busca resolver el tercer mandato de la consulta con la creación de pliegos tipo para todos los contratos estatales— y los desvíos de dineros públicos a través de acuerdos a puerta cerrada.
Una prueba reciente de ello, por ejemplo, es la investigación en la que la Fiscalía señaló al exsenador Antonio José Correa, de Opción Ciudadana, de haber recibido una comisión del 12 % de un convenio firmado por Coldeportes de $3.491 millones. Este, pensado para construir una cancha sintética de fútbol en El Peñón, sur de Bolívar, fue priorizado en la entidad deportiva al tratarse de un “cupo de un senador”, según las pruebas recaudadas. De dicho convenio también habrían cobrado dinero tanto el alcalde del municipio, Arling Arias, como funcionarios de Coldeportes. Correa no es ni el primero ni el único político acusado de valerse de esta práctica.
Entonces, como un ejercicio de control y transparencia, lo que pretende el punto en cuestión, hablando en términos tangibles, es que “Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda realicen audiencias públicas en las regiones en las que se indique cuál es el rubro para ese departamento o municipio y cuáles son las metas del Plan Nacional de Desarrollo en ese territorio”, explicó Lozano. A dichos encuentros podrían asistir políticos, mandatarios, ciudadanos, periodistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil, quienes, con esta información, harían parte de una deliberación en la que se prioricen las necesidades propias de cada territorio y la destinación específica del dinero asignado por el presupuesto de inversión.
Planeación y Hacienda regresarían al Capitolio con los resultados y las propuestas consolidadas en la audiencia y, tal como se hace ahora, el Congreso aprobaría el presupuesto. ¿La diferencia? Ya no en partidas globales sino discriminadas, con el consenso de los ciudadanos y evitando el extravío de dineros. Así, a escala nacional, departamental y municipal.
Un proyecto similar ya había sido presentado en la Cámara de Representante el 10 de agosto de 2016 por los entonces senadores Iván Duque —actual presidente de la República—, Luis Fernando Velasco y Claudia López. Ante la negativa para ser debatido, fue retirado a mediados de 2017.
Es importante resaltar que, en caso de que el “sí” obtenga la mayoría de los votos en este punto, la regulación que cobije la medida es de suma importancia, pues es la que define de qué forma y hasta qué punto dicha participación tendría un carácter decisorio, como sucede, por ejemplo, en figuras como el Presupuesto Participativo (PP), en el que las comunidades son representadas por unos delegados elegidos para decidir sobre la inversión de determinado porcentaje de recursos públicos, como sucede en Medellín.
Sin embargo, a pesar de las diversas interpretaciones que igualan este mandato con la implementación del PP, lo que busca la consulta apunta más hacia audiencias de control y veeduría para, de esta manera, torpedear los agujeros políticos que permiten la corrupción. “Hay confusión. Este cuarto punto no se trata de establecer Presupuestos Participativos”, aclaró Lozano en conversación con El Espectador. En conclusión, ilustró la senadora, va más en consonancia con darle un alcance real, eficaz y determinante al derecho de la participación ciudadana y alejar de las manos ‘enmermeladas’ el manejo del presupuesto nacional.