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Como el paso más importante hacia la terminación del conflicto armado colombiano ha sido entendido, en la opinión pública, el reciente acuerdo alcanzado por el Gobierno y las Farc, en La Habana (Cuba). Las partes decidieron apelar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) para que cree una misión especial que se encargará de verificar y monitorear el cese bilateral del fuego y de hostilidades y la dejación de las armas por parte de esa guerrilla.
Ante tal evento, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, celebró la decisión y emitió un breve comunicado en el que señaló haber recibido la noticia con beneplácito. “El secretario general felicita al Gobierno colombiano y a las Farc por otro avance significativo hacia la resolución pacífica del conflicto armado. Y reitera el compromiso de las Naciones Unidas de seguir apoyando sus esfuerzos en la búsqueda de la paz”, refirió.
Aunque sin duda esta es una decisión trascendental para la mesa de diálogos de La Habana, aún no hay un acuerdo respecto a cuándo se iniciará el cese de fuego bilateral y definitivo, ni la manera como se desarrollará la dejación de las armas por parte de la guerrilla. Estas discusiones serán intensas y complejas. Lo que sí está claro es que será el Consejo de Seguridad la instancia que verificará el cumplimiento del acuerdo de fin del conflicto, que se espera se dé en menos de 62 días.
Ha sido tan bien recibida la decisión de convocar a ese organismo, que ni los más enconados detractores del proceso de paz han salido a rechazar el comunicado dado a conocer el martes por el Gobierno y las Farc. Sin embargo, valga advertir que la historia de los procesos de paz en el mundo aún no ha utilizado un mecanismo tripartito, como el propuesto esta vez en Cuba.
Y es que la idea resulta una jugada a tres bandas, como se diría coloquialmente. Por una parte, el Consejo de Seguridad ofrece legitimidad internacional al proceso de paz y le da tranquilidad al Gobierno. Además, la participación de los países que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) es vista como una garantía para las Farc. Con estos elementos, la opinión pública colombiana tiene la seguridad de que el cese bilateral del fuego y la dejación de las armas serán procesos serios.
Precisamente, la Unión Europea emitió un comunicado celebrando la decisión de la mesa de diálogos y expresó su compromiso con el proceso de paz. De otro lado, señaló que “la participación de los estados miembros de la Celac, como ha sido solicitada por las partes negociadoras, demostraría el compromiso de los países de la región para ayudar a superar el conflicto existente más antiguo del hemisferio occidental”, se lee en el comunicado.
Otra de las ventajas que ofrece el Consejo de Seguridad de la ONU como verificador del cumplimiento de los acuerdos es el tema de la financiación. Como lo expresó el propio presidente Juan Manuel Santos, estos procesos de monitoreo del cese al fuego resultan muy costosos.
De esta manera, el Gobierno se quita de encima parte del peso de tener que conseguir los recursos para financiar esta operación. Para el año fiscal comprendido entre julio de 2015 y junio de 2016 se aprobó un presupuesto de cerca de 8.275 millones de dólares para operaciones de mantenimiento de paz.
La partida para cada caso, sin embargo, depende del mandato que establece el Consejo de Seguridad y de la envergadura de la misión, pues más allá de los gastos operacionales el tema principal es la cantidad de personal que se requiere. El trámite interno también lleva tiempo y la decisión presupuestal debe pasar por el examen de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto del organismo. La última palabra la tiene el pleno de la Asamblea General de la ONU, que no solo aprueba el presupuesto, sino que debe hacer seguimiento a la ejecución y el uso de los recursos destinados a la operación.
Finalmente, existe un factor que resultó determinante para escoger al Consejo de Seguridad como la instancia que verifique el proceso de paz. El artículo 16 del Estatuto de Roma establece que la intervención o investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) puede ser suspendida mediante una resolución de dicho organismo. Esta suspensión se podrá dar por un año y puede ser prorrogable. De esta manera, las partes tienen un as bajo la manga, en el caso de que la CPI amenace con convertirse en un obstáculo para la consolidación de la paz de Colombia.
Todas estas razones hacen que el acuerdo entre Gobierno y Farc para que el Consejo de Seguridad de la ONU sea el que verifique el cierre del conflicto colombiano se constituya en algo así como “una jugada maestra” que despeja el aterrizaje de la paz, en el país y en el mundo. Ahora solo resta esperar a que en la ONU se surtan los trámites, que podrían tardar tres meses. La canciller María Ángela Holguín estará de visita hoy en la sede de la Organización en Nueva York, explicando el acuerdo, un primer paso hacia esa verificación.