Un grupo de presión viajó este martes a Washington, sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para solicitarle a este organismo que no adopte medidas cautelares que frenen la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, dictada el pasado 9 de diciembre por la Procuraduría.
Este grupo está compuesto por el exalcalde bogotano Jaime Castro, el exalto comisionado de Paz Víctor G. Ricardo, el excongresista Mario González, el empresario Juan Esteban Orrego y Marcela Prieto, directora del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, que patrocina el viaje.
La delegación tiene previsto reunirse mañana con funcionarios de la CIDH, organismo al que ya acudió la defensa de Petro, para presentarle una serie de argumentos contrarios a los del alcalde bogotano y evitar así que se dicten medidas cautelares.
Petro fue destituido e inhabilitado por 15 años por el procurador general, Alejandro Ordóñez, por el supuesto mal manejo de una crisis en la recolección de basuras en diciembre de 2012, pero la sentencia aún no se ha hecho efectiva.
La CIDH aún tiene un papel importante en el contencioso ya que de dictar medidas en favor del alcalde sería el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien debería decantarse por la legislación interna o la internacional para tomar la decisión de destituir o no al alcalde.
Este grupo de presión argumenta que "es necesario haber agotado los recursos e instancias y acciones que reconozca la legislación interna de los Estados miembros de la Comisión, en este caso Colombia", según señaló Jaime Castro a Caracol Radio.
Castro, quien estuvo al frente de la Alcaldía bogotana entre 1992 y 1994 agregó que la sentencia de la Procuraduría no pone a Petro en riesgo ni es una "amenaza de un daño irreparable para sus derechos políticos, y tampoco los de los ciudadanos que votaron por él", uno de los condicionantes que contempla la CIDH para expedir medidas.
Además, argumentan que la espera en la resolución del caso le está haciendo daño al país.