Violencia, desarrollo y despojo en Buenaventura

Una radiografía del puerto colombiano sobre el Pacífico, a propósito del debate “Buenaventura y los modelos de desarrollo para el posconflicto” que realizan mañana en el auditorio Banco de Occidente del Icesi en Cali, El Espectador, la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung y el mismo Icesi.

/ Archivo - El Espectador

Buenaventura es hoy un territorio de fronteras políticas, culturales y económicas producto de años de migración y del desplazamiento forzado de miles de personas, provenientes de varias poblaciones del Litoral Pacífico que le han huido a la guerra. Por su cercanía a Panamá y fácil conexión por vía marítima con países del Asia-Pacífico, se ha convertido en el puerto más importante del país en términos geoestratégicos.

Su ubicación y actividad portuaria la hacen una de las principales ciudades del Pacífico para las economías comerciales regionales y nacionales. Pero también los escenarios de violencia que hoy la caracterizan representan los límites entre el conflicto armado y la convivencia, la ilegalidad y la legalidad, la destrucción y la conservación y la pobreza y la riqueza. Es así como la historia de Buenaventura ha sido una constante tensión entre la expansión del desarrollo económico, y las dinámicas del conflicto armado en el puerto más importante del país.

De acuerdo con el plan de ordenamiento territorial (POT) del municipio de Buenaventura (2015), el territorio está dividido en una zona rural, compuesta por 19 corregimientos, que contienen 268 veredas y 388 asentamientos localizados sobre las riberas de ríos, y una cabecera municipal dividida en doce comunas. A su vez, esa cabecera municipal está dividida en dos zonas: una insular, la isla de Cascajal, donde se han concentrado la totalidad de actividades y proyectos relacionados con la actividad portuaria, y una continental, predominantemente residencial.

Las diferencias entre el modelo de crecimiento de la isla y el del continente se han acentuado en los últimos años. En la zona continental, el crecimiento de la ciudad ha sido longitudinal a lado y lado de la avenida Simón Bolívar, su única vía principal. En la isla de Cascajal, por su parte, ha habido un desarrollo concéntrico respecto a la ubicación del puerto, en el que predominan las viviendas palafíticas ubicadas sobre tierras ganadas al mar por medio de rellenos con basuras.

Por su relación con el puerto y con el comercio, Cascajal es la zona más poblada y donde se han concentrado la mayoría de oportunidades de trabajo, aunque es allí donde también se han dado intensas confrontaciones entre grupos armados ilegales, y donde se está ejecutando el proyecto de expansión portuaria, que viene expulsando a los habitantes de los barrios de Bajamar. A ello hay que sumar que la especialización de la ciudad en logística portuaria se ve influenciada por el proyecto de ley que busca establecer la ciudad como distrito especial, industrial, portuario, biodiverso y ecoturístico.

Actualmente, en la ciudad existen ocho proyectos que se enmarcan en el fortalecimiento de la logística portuaria. Estos son: el terminal de contenedores de Buenaventura (TcBuen); la Sociedad Puerto Industria Aguadulce; la ampliación del terminal actual; el muelle cementero; el terminal marítimo del río Dagua (TMD); el proyecto Caeb (Centro de actividades económicas de Buenaventura); el proyecto Zelesa (Zona de actividades logísticas extraportuarias de Buenaventura); y el proyecto Celpa S. A. (Centro logístico del Pacífico S. A).

El puerto es reconocido como el centro de servicios del Pacífico y la conexión con Cali. Este es un aspecto de gran importancia, ya que a pesar de que este moviliza más del 60% de actividades portuarias del país, también es conocido por ser una ciudad en el que más del 80% de su población se encuentra en situación de pobreza de acuerdo a cifras del Dane.

Dos aspectos pueden ser considerados para explicar esta situación: el primero es que la privatización del puerto, a inicios de la década de 1990, trajo la ruptura de los circuitos económicos de la ciudad. El modelo de gestión seguido tras la privatización del sector portuario incluyó la flexibilización del mercado laboral (reglamentado por la Ley 50 de 1990 y las reformas posteriores), y la consolidación del puerto como un proyecto económico que no vincularía a la comunidad en general.

Esta desvinculación hizo una división tajante entre las economías portuarias (servicios logísticos, carga, comercio), y las economías locales tradicionales propias de la población bonaverense, en su mayoría afrodescendiente (pesca, agricultura). Un segundo aspecto que se debe tener en cuenta para comprender la complejidad del escenario económico y social de Buenaventura es el manejo del puerto por élites foráneas, lo cual ha producido que los flujos de capital no se reinviertan en la ciudad, ni en sus pobladores, lo cual ha configurado unas preocupantes brechas sociales, que día a día despojan y aumentan los conflictos en la ciudad.

A esta difícil situación de desigualdad económica, hay que sumarle que desde el año 2000 aumento el control que ejercen grupos armados ilegales, lo que incrementó la frecuencia e intensidad de las confrontaciones armadas y el número de muertes violentas en el municipio. Aun cuando esta situación logró llamar la atención del gobierno, el cual respondió con el aumento del pie de Fuerzas Militares en la ciudad, entre 2012 y 2014, la violencia alcanzó un nuevo pico, ocasionado por la llegada de grupos armados herederos del paramilitarismo que buscaron retomar las rutas del narcotráfico en la región. La ubicación geoestratégica del puerto ha sido un elemento clave para el control de las rutas de armas, drogas y siembra de cultivos ilícitos de coca.

Actualmente, estamos frente a un fenómeno de expansión de las denominadas bandas criminales o neoparamilitares emergentes (de grupos como la “Empresa” y los “Urabeños”) que nacen con el proceso de desmovilización de 2005 y se expresan en una nueva forma de apropiación y adaptación de la violencia, y unas formas de control territorial, en los que se destaca la urbanización de la violencia y la vinculación de jóvenes de cada vez más temprana edad.

A ello se suma, que los actores armados actualmente, no son externos a estos territorios, sino que a diferencia del paramilitarismo contrainsurgente, en esta fase, la misma población se vincula directamente a las dinámicas del narcotráfico y la violencia. Lo anterior mediante un proceso de reconfiguración de las estructuras organizacionales del tráfico de drogas que hoy han llegado a presentar una cara cada vez más relacionada con formas de outsourcing criminal. En esta medida, el conflicto armado y la presencia de actores armados ha reconfigurado social, económica y políticamente al puerto y sus pobladores.

La llegada de un nuevo modelo de desarrollo al país y en especial a la región, la desatención del Estado frente a la situación social de Buenaventura, y sus altos índices de pobreza, desempleo, marginalidad y debilidad institucional, y la movilidad continua de capitales públicos y privados, han convertido a la ciudad en un lugar perfecto para las actividades ilegales. Los procesos de desposesión y ausencia de oportunidades han facilitado el fortalecimiento de las nuevas formas de estructura organizacional de los grupos criminales del narcotráfico, y su operatividad facilita la permeabilidad de sus ofertas y demandas en la población joven y las mujeres, logrando rápidamente la transformación del orden social local y regional de Buenaventura.

Desde los grandes carteles hasta las nuevas formas de outsourcing delincuencial, el narcotráfico diversificado hoy se expresa en la intensificación de la violencia (masacres, desmembramientos, torturas, desapariciones, etcétera), las nuevas formas de control territorial que produce el desplazamiento masivo de la población, creando estructuras de control interno en la zona urbana y rural del municipio.

Entender la situación actual de Buenaventura exige una lectura adecuada de los elementos históricos y del contexto social y económico, atravesado por el narcotráfico, el conflicto armado y la presencia de un pujante capital privado. El gran ausente sigue siendo el Estado, como protector de la población y principal combatiente de la pobreza, la escasez de oportunidades económicas, la negación o restricción de los servicios públicos, los conflictos y la represión misma.

La precariedad de las condiciones de vida de los habitantes de Buenaventura ha sido una constante histórica, y aun cuando desde los años ochenta se vienen estipulando políticas que ayuden a cambiar este panorama, la efectividad de estas políticas, quedan en entredicho al ver la situación social en que está sumida la población.

Buenaventura no aguanta más. Mientras se militarizan los barrios, la sociedad es permeada por procesos de naturalización de la muerte a temprana edad, de transformación de las estructuras familiares en función de la desaparición y el asesinato de los hombres jóvenes, de disminución de la credibilidad de la población en las instituciones que representan autoridad y poder dentro de la sociedad, y de reproducción de factores de miedo dentro de la población.

A pesar de lo anterior, amplios sectores de la población de Buenaventura y sus organizaciones sociales, están convocando a movilizaciones constantes y hacen llamados de atención de la comunidad para divulgar y denunciar los crímenes constantes que hacen de uno de los puertos más importantes del país un lugar de violencia por el discurso del crecimiento económico. Porque la violencia no son solo los asesinatos: violencia es la marginalidad y pobreza en que está sumida la mayoría de los habitantes del principal puerto colombiano.

El Espectador, la fundación Friedrich Ebert Stiftung y la Universidad Icesi realizan hoy, en el auditorio Banco de Occidente de esta institución educativa en Cali, entre las 11:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, el debate “Buenaventura y los modelos de desarrollo para el posconflicto”, con la participación de Luis Alfonso Escobar, gerente del Plan Todos Somos Pazcífico; Alexander Micolta, director de la Cámara de Comercio de Buenaventura; Vladimir Rouvinski, director del Centro Interdisciplinario de Estudios Sociales del Icesi; Juliana Cortés, directora de Ordenamiento Social de la Propiedad de la Agencia Nacional de Tierras y Leyla Arroyo, representante del Comité Interorganizacional de Buenaventura por la Defensa de los Territorios Ganados al Mar.