Violencia sexual en conflicto armado será crimen de lesa humanidad

Los representantes Ángela María Robledo e Iván Cepeda Castro, autores de la iniciativa, explicaron detalles del proyecto que advierte varias medidas contra la violencia sexual en el conflicto armado.

A partir de esta ley, se ordena a los funcionarios que adelantan la investigación o juzgamiento de hechos de violencia sexual que ocurren de manera sistemática o generalizada de acuerdo con las disposiciones del Estatuto de Roma, por parte de los actores del conflicto, debe declarar dentro del proceso que dicha conducta tiene el carácter de delito de lesa humanidad, y por lo tanto es imprescriptible.

También adiciona el Código Penal, una definición del término de violencia para los tipos penales de violencia sexual, entendida como la que se produce por el ejercicio del uso de la fuerza; la amenaza del uso de la fuerza; la coacción física o psicológica, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación; la detención ilegal; la opresión psicológica; o el abuso de poder; la utilización de entornos de coacción y circunstancias similares que impidan a la víctima dar su libre consentimiento.

La iniciativa dispone que en los casos de violencia sexual, el ente investigador no podrá condicionar la determinación de la ocurrencia del hecho, a la presentación de pruebas físicas, ni podrá descartar la misma por la ausencia de rastros de AND, de fluidos u otros materiales.

En materia de protección, se presumirá la vulnerabilidad de las víctimas de violencia sexual con ocasión del conflicto armado y no podrá exigirse como requisito el estudio de riesgo previo.

De igual manera atendiendo a una de las mayores recomendaciones realizadas por Naciones Unidas y por las organizaciones de mujeres se ordena al Sistema de Registro Unificado de Casos de Violencia contra la Mujer un componente único de información, que permita conocer la dimensión de la violencia sexual, monitorear los factores de riesgo de la misma, y aportar elementos de análisis para evaluar las medidas adoptadas en materia de prevención, atención y protección.