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Es muy difícil que los ojos puedan ocultar la angustia. Por eso, la mirada de Marcolino Moreno, líder social en Puerto Rico (Meta), lo dice todo. Está amenazado de muerte y así se lo hizo saber públicamente al defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, el pasado primero de abril durante la misión humanitaria que la Defensoría realizó durante cinco días en Meta y Guaviare para conocer de primera mano la situación que atraviesa esta región del país en materia de orden público, sustitución de cultivos, desempleo y pobreza. Moreno tiene miedo y le pide al Estado que lo proteja, sin embargo, en medio de las brazadas que da para no ahogarse, le tiraron un ladrillo en vez de un salvavidas: su esquema de seguridad fue reducido a la mitad y su casa es una cárcel de la que no sale por temor.
“Estoy amenazado desde 2014 porque soy defensor de derechos humanos. Hago parte del Comité Cívico Departamental y vengo denunciando las violaciones que se cometen contra la población civil”, comenta Moreno, quien tuvo que huir de la vereda Puerto Chispas en 2005, porque a sus hijos los quería reclutar la guerrilla. Por vivir en ese lugar, además, los paramilitares lo tildaban de colaborador de la insurgencia. “Hay mucho miedo y para podernos matar nos quitan los esquemas de seguridad y dicen que no estamos en peligro. Hago parte de la Mesa Departamental de Garantías de Defensores y me toca visitar Puerto Rico, Puerto Concordia y Mapiripán, pero no he podido ir por miedo”, anota.
Moreno es farmaceuta, pero vive de un restaurante que tiene con su esposa. Mientras hace la denuncia a los medios de comunicación, mira de reojo para ver quién está cerca y quién lo puede escuchar. El miedo se le nota a leguas. “Hoy públicamente ratifiqué que, si me llegaban a asesinar, la responsabilidad es de las autoridades municipales que dicen que no estamos en riesgo. Yo sé que lo que dije aquí me va a costar la vida, pero mi familia y yo estamos cansados de que nos hayan metido en un conflicto en el que no tenemos nada que ver. La gente me dice que tenga cuidado porque me van a matar, me han dicho que soy un sapo y que me vaya”.
A unos 220 kilómetros de ahí, en el departamento del Guaviare, está Charras, una vereda o un caserío, o una calle de tierra rojiza con casas alrededor, que tiene a poco menos de un kilómetro el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) ‘Marco Aurelio Buendía’. De ahí salió Albeiro Córdoba, antiguo líder del ETCR. Se fue porque temía que lo mataran, sin embargo, ha señalado que se mantiene firme en el proceso de paz. Esto lo cuenta Francisco Gamboa, quien asumió la dirección del sitio, luego de que Córdoba se fuera, y quien también denuncia que no sale de ese lugar desde hace dos meses porque hay quienes quieren su cabeza.
Desde una mesa en la que está sentado con el defensor Negret —con el logo del partido FARC y las ilustraciones de fondo del ‘Mono Jojoy’ y ‘Alfonso Cano’, líderes históricos de la antigua guerrilla—, Gamboa esgrime sus preocupaciones por lo que pasa en Bogotá, por lo que se debate en el Congreso y por la inestabilidad que ha generado la discusión alrededor del Sistema Integral de Justicia, Reparación y No Repetición (SIJVRNR), ante las objeciones que el presidente Iván Duque les hizo a seis artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Su intención es que el lugar en el que hoy hacen su reincorporación a la vida civil se convierta en una comunidad de paz, parecida a la de San José de Apartadó. “No nos vamos a ir de aquí y esperamos que las comunidades nos apoyen. En la guerra no nos imaginábamos tener una familia ni tener hijos”, comenta. Negret, por su parte, le asegura que hará su parte del trabajo: transferir lo conocido hacia la Unidad Nacional de Protección para que el jefe del ETCR de Charras tenga garantías de seguridad.
Zona de la misión humanitaria
Sustitución, a medias
Queda claro que una de las principales preocupaciones de la gente que habita en la frontera entre Guaviare y Meta es la lentitud en la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS). La explicación, en boca de los mismos afectados, es sencilla. Dicen que cumplieron con lo pactado con el Estado, que era erradicar las siembras de coca, sin embargo, en muchos casos aún les deben la totalidad de los recursos prometidos. En otros casos, el problema radica en que los productos que ahora siembran, o no son rentables o no tienen cómo sacarlos de sus tierras para su comercialización, en gran parte, por la falta de vías. “Pedimos que nos dejen decidir qué proyectos queremos implementar. Nosotros sabemos qué da esta tierra porque hemos vivido todo el tiempo aquí”, comenta Eugenio Javier Morales, habitante de la vereda Caño Tigre, a unas dos horas en lancha desde San José del Guaviare, río arriba del Guayabero.
Denuncia que hay sectores en donde, por cuenta de la medida cautelar, no se pueden desarrollar ni siquiera los proyectos productivos dispuestos por el PNIS, pero en donde se ven “10 y 15 tractores arando 1.500 hectáreas. Son tierras del señor que nos manda aquí, pero están a nombre de testaferros”. La referencia, como lo sostienen otros campesinos de la zona, es al actual gobernador del Guaviare, Nebio de Jesús Echeverry Cadavid, quien ha sido mencionado varias veces en los procesos a comandantes paramilitares, como Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, e incluso, estuvo en la Lista Clinton, en 2010. En su defensa, el mandatario ha enfatizado que todos lo han querido involucrar con grupos armados ilegales, pero que él está “limpio”.
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La situación de incertidumbre sobre el PNIS persiste a lo largo de la región. En Charras, Jaime Medina, uno de sus líderes, pide una intervención urgente por parte de la Procuraduría para que haga seguimiento a los recursos de los proyectos productivos y acusa al Estado de obligarlos a seguir tumbando selva, a olvidar los pactos y a volver a la coca. En ese lugar, la historia es similar a la de la vereda Caño Tigre. “A los que tumban 100 o más hectáreas no les pasa nada, pero si uno tiene una guadaña, lo judicializan. Vemos a la Fuerza Pública como enemigos. ¿Por qué los ricos si pueden tener fincas y nosotros no?”, dice Alirio Mahecha, otro líder de la zona. La incomodidad es evidente y las arengas de rabia e impotencia son constantes en el público con cada intervención.
A pesar de que varios de los lineamientos que determinó el Acuerdo de Paz están avanzado en esta región del suroriente de Colombia, aún persisten las dinámicas que hace más de medio siglo motivaron que los campesinos se alzaran en armas en contra del Estado, como lo son la concentración de la tierra, la falta de oportunidades económicas, la opresión por parte de la Fuerza Pública y la pobreza. Allá dicen que hacia este punto deberá mirar el gobierno Duque, toda vez que ya recibió el llamado de atención desde la administración de Donald Trump, en Estados Unidos, quien señaló que entraba más droga ahora que antes de que el mandatario asumiera el poder el 7 de agosto pasado.
Ese regaño, sin duda, llevará al presidente a buscar mayores y mejores resultados en la política contra las drogas, lo que puede ser un arma de doble filo que podría terminar afectando a los campesinos en las zonas menos favorecidas del país, si se tiene en cuenta que el Gobierno Nacional ha contemplado regresar a la aspersión aérea con glifosato para acabar con la mayor cantidad de cultivos de uso ilícito. Sin embargo, los cultivos de coca, si bien son el inicio de la cadena de la producción de la cocaína que llega al país del norte, también son el último eslabón de una cadena a la que llegan miles de personas que no encuentran una alternativa más rentable, en medio de todas las tempestades y dificultades, para poder alimentar a sus hijos.