Vuelve y juega el paro en Chocó

En Consejo de Seguridad se tomaron ayer medidas para asegurar la normalidad del paro. / Prensa Gobernación de Chocó

El paro cívico que desde hoy comienza en Chocó parece un déjà vu. En agosto de 2016, una jornada igual paralizó el departamento durante ocho días, en medio de diálogos con los gobiernos central y departamental para sortear la crisis que por entonces vivían los chocoanos. Del pliego de 10 peticiones presentado entonces por el Comité Cívico por la Dignidad y la Salvación del Chocó —que representó a los habitantes—, se lograron acuerdos en todos los temas, y ante lo que parecía un triunfo, la protesta se levantó. Sin embargo hoy, nueve meses después, la crisis persiste, las causas siguen siendo las mismas y la historia se repite.

La nueva jornada de paro indefinido se convoca como un llamado de emergencia ante el incumplimiento por parte del Gobierno de los pactos establecidos el año pasado. “De un balance que nosotros hemos hecho, determinamos que se ha cumplido en un 5 % y hay un incumplimiento del 95 %. Esta vez hemos priorizado algunos puntos que consideramos más urgentes: vías, salud, el caso de Belén de Bajirá, altas tarifas de energía, agua potable, conflicto armado y crisis humanitaria”, explicó a El Espectador César García, integrante del Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó.

Comencemos entonces por el principio: el problema de las vías, que fue el detonante del paro de agosto de 2016. El Gobierno se comprometió a realizar una inversión de $720.000 millones para financiar la adecuación de las carreteras Medellín-Quibdó y Quibdó-Pereira, pero de acuerdo con los chocoanos, el tema avanza a paso lento. “Para la terminación de la vía Quibdó-Medellín faltan 47 kilómetros y para la de Quibdó-Pereira faltan 23 kilómetros. Hoy no tenemos ninguna respuesta del Gobierno Nacional frente a ese tema y ahí están esas dos vías que nosotros llamamos las trochas de la muerte”, manifestó García.

Y si el tema vial fue el punto de quiebre para convocar el paro pasado, en este el eje central fue la disputa por el caso de Belén de Bajirá, pues a pesar de que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) aclaró a comienzos de año que no existe límite dudoso, que el municipio es jurisdicción chocoana y que no pertenece a Antioquia, aún no ha sido publicado el mapa oficial que disipe las incertidumbres que había sobre la materia.

“Hay una actitud que es insultante, irrespetuosa e ilegal de parte del Gobierno, pues hay información que da fe de que el presidente, por solicitud del gobierno antioqueño, ordenó la no publicación del mapa que demuestra que Bajirá es territorio chocoano. Esa no publicación nos tiene en este momento limitados para poder elevar el corregimiento de Belén de Bajirá a municipio y poder generar condiciones de desarrollo para esa zona, pero ante una orden dada por el Ejecutivo nosotros estamos maniatados”, manifestó a este diario Antonio Andrade, otro integrante del Comité Cívico, insistiendo en que el paro es el único mecanismo efectivo que tiene el pueblo para que el Gobierno cumpla.

Sobre los otros temas, los incumplimientos también son claros: la tarifa de energía sigue siendo alta y el servicio deficiente, los barrios de Quibdó continúan sin servicio de acueducto y alcantarillado, no hay red hospitalaria suficiente y está en veremos la construcción del hospital de tercer nivel en Quibdó.

Al ya de por sí enredado panorama social habría que agregarle la crisis humanitaria que se vive en varios municipios del departamento por cuenta del accionar de grupos armados ilegales, como el Eln y las bandas criminales al servicio del narcotráfico. Un fenómeno sobre el que desde hace meses ha puesto la lupa la Defensoría del Pueblo, a través de varias alertas tempranas que dan cuenta de la encrucijada en la que se encuentran las comunidades que viven en medio de la disputa territorial de los ilegales, que buscan adueñarse del negocio del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

Incluso, el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, envió este lunes una invitación formal a representantes del Gobierno Nacional para que el próximo 1º de junio asistan a una reunión de alto nivel en Docordó, cabecera municipal de Litoral San Juan, para hacerle seguimiento a la crisis, que ya se ha materializado en secuestros, homicidios, desplazamientos, confinamientos y amenazas. En municipios como Riosucio, por ejemplo, entre enero y marzo de este año se reportaron 1.206 personas desplazadas y 815 familias en situación de confinamiento, y desde el 2 de mayo, comunidades indígenas y afros se han movilizado a la cabecera municipal para exigir el cumplimiento del Acuerdo de Paz suscrito con las Farc y garantías de seguridad.

“Han sido víctimas de graves vulneraciones a los derechos humanos desde el año 2015 con la incursión de las Autodefensas Gaitanistas y el Eln, y la configuración de un escenario de confrontación y disputa territorial que ha generado desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas a líderes, reclutamientos forzados y la instalación de minas antipersona. Así como restricciones a la libre movilidad que impide el acceso a las zonas de cultivo, cacería y pesca que afecta gravemente la seguridad alimentaria de las comunidades”, aseguró recientemente la Defensoría.

Una crisis en la que tiene mucho que ver la reciente escalada de acciones violentas por parte del Eln, que busca demostrar su poder al mismo tiempo que adelanta diálogos de paz. Un doble discurso que para el plenipotenciario del Gobierno en dicha negociación, Juan Camilo Restrepo, es la muestra clara de la fragmentación característica del grupo armado. “Lo que está sucediendo muestra que el grupo del Eln en Chocó es bastante suelto, díscolo y no parece leer ni seguir con claridad las instrucciones de los comandos centrales que están sentados en la mesa de Quito”, detalló Restrepo, al revelar que le ha dicho públicamente a esa guerrilla que es necesario que a la mesa de diálogos llegue un representante del Frente que opera en Chocó, “para que tengamos la certeza de que todo el espectro del Eln está negociando (...) No podemos seguir teniendo un lenguaje de paz en Quito y un lenguaje de guerra, secuestros y atentados en Chocó”.

Esto se da en medio de la liberción de las ocho personas que fueron secuestradas en Nóvita, por el frente Che Guevara de dicha guerrilla y que según el Ejército, habrían sido liberados por la presión de la Fuerza Pública.

La crisis no es ajena para el Gobierno e incluso el mismo vicepresidente, Óscar Naranjo, se comprometió a atenderla personalmente. De hecho, el pasado viernes se desplazó al departamento para reunirse con autoridades y sociedad civil y hacer un balance del cumplimiento de los acuerdos de 2016. Y aunque el balance que hizo Naranjo al término de la jornada fue positivo, pues aseguró haber “encontrado un ambiente de diálogo franco y de confianza con el propósito de avanzar en soluciones concretas y producir resultados específicos de los puntos pactados”, en la comunidad la sensación que dejó la visita fue diferente.

“El general Naranjo estuvo aquí, pero no trajo ninguna solución. Esperábamos que trajera algunos anuncios frente al tema de salud, de las vías, de la publicación del mapa, de la seguridad. Reconocemos la voluntad de él, que es un hombre muy conciliador, pero los anuncios que el pueblo chocoano esperaba no los trajo y eso causó más indignación”, manifestó César García. Aun así, Naranjo prometió volver en 45 días para hacer seguimiento a las soluciones, aunque dadas las circunstancias es probable que deba visitar territorio chocoano antes de lo pensado.